Tradicionalmente, el territorio rural andaluz se constituye como espacio de sacrificio al servicio de las necesidades de las ciudades, a las que provee básicamente de suministro alimentario y recursos medioambientales, aunque sin recibir contraprestaciones a cambio. Los datos registrados evidencian como las ciudades consumen tres cuartas partes de la energía mundial y producen tres cuartas partes de la contaminación.
Partimos de un modelo de desarrollo instalado en la concentración de población y la actividad económica en el entorno urbano, donde el capital encuentra más oportunidades y ventanas para generar plusvalías, proceso que contrasta con la posibilidad de invocar la solidaridad entre territorios urbanos y rurales. Ambos, ciudad y espacio rural deben ser considerados como espacios de oportunidad complementarios, para avanzar más rápido hacia la igualdad de oportunidades. Hace tiempo que la situación se ha vuelto insostenible, y no se está consiguiendo ralentizar estos procesos, a pesar de las advertencias de los foros de la ONU: Habitat I (Vancouver 1976), Habitat II (Estambul 1996), HABITAT III (Quito 2016) o de prestigiosos profesionales como Richard Rogers (Cities for a small Planet. 1997) o Rem Koolhas (Countryside, the Future. 2019).
Mientras el modelo urbanístico tradicional de la ciudad se deteriora (pérdida de compacidad, de mezcla de usos, de espacio público integrador, se pierde diversidad social y complejidad), los gobiernos mantienen su preferencia por modelos de crecimiento extensivo en las periferias, que además de ser ajenos a nuestra cultura y carentes de identidad, son contrarios a garantizar la convivencia y fomentar la diversidad social. Al tiempo que esto sucede, el espacio rural languidece por falta de vitalidad, manifestando una diáspora continuada de población, cada vez más longeva, donde la juventud y el talento buscan oportunidades más claras en las ciudades.
Como ha señalado el geógrafo inglés David Harvey, "las ciudades ya no están organizadas para que las personas puedan vivir mejor, hace tiempo que se convirtieron en un medio para que el capital excedente, estancado entre los fondos bancarios, pueda invertir, y pueda producir el mayor beneficio posible". Este tipo de modelos son óptimos para los que saben hacer de su actividad la especulación consentida, persiguiendo las plusvalías de escala y de aglomeración en el entorno de las ciudades, mientras los gobiernos locales derivan su posicionamiento en vez de contrarrestar la presión. Frenarlos y revertirlos para restablecer el equilibrio territorial es tan urgente como imprescindible en una sociedad sana.
Todos estos procesos tensionan los espacios rurales, trasladando aquellas actividades que las ciudades no desean tener cerca. Algunos ejemplos los encontramos en las ocupaciones de suelo para actividades solo rentables si se ubican en determinados lugares concretos: la expansión de las plantas de energía fotovoltaica junto a los nodos de evacuación energética, aunque se trate de zonas fértiles de alto valor para la agricultura y ganadería extensiva. Es el caso de lo que está sucediendo en el Valle del Guadalquivir (desprotegido de protección para contener la ocupación de suelo fértil). Otros procesos similares encontramos en la localización de vertederos de residuos, las canteras para la construcción, las infraestructuras para desarrollo de los servicios urbanos que tanto afectan al paisaje rural y que están libres de restricciones: antenas de telecomunicación, depósitos de agua en zonas elevadas, subestaciones eléctricas próximos a nodos de concentración energética, entre otros. Todos ellos tienen como consecuencia la reducción potencial de empleo y de recursos donde más se necesita para el reequilibrio social y medioambiental de los pueblos. Quizás lo más ingrato de todo, por su trascendencia, es la diáspora y evasión del talento de los pueblos hacia las ciudades, donde lógicamente las oportunidades de prosperidad son mucho mayores, acrecentando las diferencias y oportunidades en su degradación.
Es necesario recuperar algunos conceptos de la ecología urbana, como entender la función “agropolitana” para la agricultura ecológica y la ganadería extensiva, formando parte de los procesos de metropolitanizacion de las aglomeraciones urbanas andaluzas. Su evidente efecto positivo añade una gran rentabilidad social y un ejemplo de buenas prácticas en sostenibilidad y diversidad ecológica, cuestión aun no sujeta a restricciones en nuestra legislación vigente. Este proceso podría ser un referente para mejorar la vida y la salud de los ciudadanos. Las consecuencias inmediatas en las aglomeraciones urbanas son la generación de amplios vacíos desocupados, carentes del paisaje tradicional agrícola y ganadero, que no hace tanto ocupaba los cinturones urbanos, mientras observamos un déficit moral en la sociedad en relación con la transformación de suelos agrícolas en urbanos, llegando a admitir como legítimo que los operadores de suelo puedan libremente adquirir suelo rustico para reclasificarlo posteriormente como lucrativo, sin hacer nada más que esperar.
También resulta necesario acordar con todos los agentes sociales y administraciones un modelo territorial justo y equilibrado entre ciudad y espacio rural, como uno de los principios territoriales de Andalucía, que debería incluso estar incluido en el Estatuto de Andalucía, y también en el POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía), este último pendiente de ser actualizado, junto con otras cuestiones importantes como determinar el papel que deben tener las comarcas tradicionales en la vertebración y configuración de la ordenación del territorio andaluz. Somos conscientes que la planificación urbanística en los municipios rurales necesita innovar el marco de gobernanza, para que ciudad y espacio rural se entiendan mejor, sean más solidarios entre sí, y se ofrezcan “soluciones satisfactorias para equilibrar la balanza territorial”.
La respuesta debe basarse en fomentar sus propios recursos endógenos, y entendiendo el espacio rural como oportunidad para un modo de vida saludable, ordenado y de futuro para las siguientes generaciones. Solamente desde este tipo de modelos se podrán asegurar la calidad alimentaria de las ciudades, abordar la lucha contra la desertización ante la emergencia del cambio climático, mejorar la calidad del ciclo del agua en la cabecera de las cuencas, entre otras consideraciones. Este desafío no se puede afrontar sin la participación de los ciudadanos, para proponer, preguntar, evaluar, transformar la sociedad convenciendo a todos los responsables de las administraciones. Pero el problema es que nunca es el momento bueno para cambiar los modelos, cuando se trata del espacio rural. No hay suficiente musculo social y político para cambiar las inercias.
La propuesta en este sentido afecta precisamente a los municipios de población inferior, y concretamente los que tienen hasta 5.000 habitantes los que peores condiciones de sostenibilidad se presentan, y donde hay que concentrar los esfuerzos, no solamente financieros, sino también formativos, culturales y para el emprendimiento, tal y como establece la Agenda Urbana Española. Es necesario dotar a estos municipios de menor población de instrumentos de apoyo técnico y financiero para cubrir las infraestructuras del ciclo del agua, directamente desde las Diputaciones Provinciales. Esta solidaridad entre municipios grandes y pequeños supone dotarlos de mecanismos de intervención flexibles y sencillos, que aseguren la transparencia y una mayor participación ciudadana, y desarrollados bajos las nuevas herramientas y tecnologías digitales que facilitan su accesibilidad y difusión. Se hace patente la necesidad de fortalecer el diálogo civil, entendido como aquél que permite a las organizaciones y asociaciones representativas de intereses diversos, y poner en marcha fórmulas concretas de coordinación y colaboración interadministrativa supramunicipal para superar las insuficiencias de los pequeños núcleos de población. Este es el motivo de dirigirte este escrito, a ver que puedes hacer, sabiendo que cuentas con nosotros en todo lo que necesites, como siempre. Desde la Fundación Savia venimos apoyando los Contratos de Rio en la cuenca del Antiplano de Granada, como la fórmula procedente de la aplicación de la Directiva Marco Europea del Agua para mejorar los ciclos naturales de los recursos ecosistémicos del agua, en cuanto a la calidad del suministro y la devolución a los cauces naturales sin deterioro del medio receptor.
La gobernanza institucional no está encontrando mecanismos para estabilizar el proceso y revertir el éxodo rural, en un debate donde las soluciones políticas no terminan de llegar, mientras se pone de manifiesto la desesperanza de los alcaldes. Los grandes derrotados son los agricultores y ganaderos, incapaces de competir con los cultivos extensivos y el desarrollo que necesita la ganadería trashumante ecológica, que debe ser una profesión digna y remunerada para luchar contra los incendios, y no solamente con los habituales dispositivos de urgencia. Los problemas son de todos los expertos conocidos, pero los proyectos concretos se dilatan en el tiempo. Reconstruir la esperanza es una tarea de todos donde todas las ayudas son pocas, y donde no se puede dejar a nuestros pueblos atrás. A esta precariedad hay que sumar el aumento de los costes de la energía, que se convierten también en emergencia económica en el espacio rural, en una situación de difícil previsión de evolución en el tiempo, con elevado riesgo de aumentar a corto plazo, acusándose más en el medio rural.
Los debates que afrontan actualmente los pueblos son complejos de entender y racionalizar desde las ciudades, estando relacionados con la aplicación de un urbanismo participativo y democrático a la medida de sus necesidades básicas, como son:
• Acceso a una vivienda digna y asequible.
• Disponer de agua de boca de calidad, desde el Derecho Humano determinado por Naciones Unidas.
• Disponer de espacios públicos “vivos”, reprogramando y naturalizando las calles y plazas.
• Disponer de un medio ambiente saludable, libre de contaminación.
• Que los espacios rurales puedan tener todos los equipamientos básicos, incluso con mayor dotación que las ciudades, por la debilidad que supone el espacio rural.
• Disponer de Transporte publico competitivo con el uso del automóvil para acceder a los centros urbanos de referencia.
Comentarios (2)