El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, en una imagen de archivo.
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, en una imagen de archivo.

La negociación, por llamarla de alguna forma, que se está produciendo a razón de la renovación del Consejo General del Poder General avergüenza a la gran mayoría de jueces y juristas españoles, salvo a unos pocos que son los que, con su servil contribución están facilitando una forma de elección que nada tiene que ver con lo previsto en el artículo 122 de la Constitución española. Es puro teatro.

Aquí, por lo que se ve, no se trata de elegir a los mejor capacitados, sino a los suyos para cuando les llegue el momento de ser juzgados obtener algunos beneficios. No se puede deducir otra cosa, si no por qué tanta virulencia, inquina, veto y bloqueo del partido popular. La dignidad profesional y ética de un juez no puede permitir tamaño despropósito. Así elegido no se obtendrá el respeto debido y, lo que es peor, hace a la institución inservible y la sitúa fuera de toda credibilidad. Esa forma de nombrar jueces es una clara infracción del citado precepto constitucional y no es la que quiso el legislador constituyente.

Hay que acabar con esta vergonzosa politización del sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces e ir al espíritu y la letra de la Constitución que materializó, que en el Consejo doce de sus veinte miembros deben ser elegidos de entre y por los jueces y magistrados de todas las categorías, pero es que, además, los ocho vocales restantes que deben ser elegidos por el Parlamento no pueden ser el resultado de un sistema de reparto de cuotas partidista, esa forma de hacer las cosas liquida la independencia judicial y aniquila la pluralidad y transversalidad que debe presidir la composición del órgano de gobierno de los jueces. Votar una componenda no es sinónimo de votación democrática.

La estrategia obstruccionista que dirigen políticos en el banquillo con el apoyo de entornos mediáticos afines no tiene más finalidad que la de desestabilizar los procesos judiciales, desarrollando un intervencionismo con la clara intención de obstaculizar a la jurisdicción misma. Esto es así desde que en España una parte de la política se lanzó en patrocinios de la corrupción. Un buen ejemplo de esto es la operación brutal contra el magistrado de Prada (sentencia Gürtel) calificado por los corruptos y algunos medios supuestamente informativos como “juez progresista manporrero del PSOE” y al que el diputado popular Rojas le espetó que: “es bueno para la justicia española deje usted de hacer lo que estaba haciendo, que deje de poner sentencias y pase a un órgano administrativo". La frase en sí misma ofensiva y de total falta de respeto a la independencia judicial, nos ilustra la consideración que se tiene del Consejo, la de un mero órgano administrativo, no de gobierno real de los jueces, sino la de su sometimiento.

Es una clara muestra que lo que se quiere, en realidad, es su eliminación. Todo esto encuentra justificación en la sentencia dada por la Audiencia Nacional (caso Gürtel), sobre la que el Tribunal Supremo tuvo aclararle al partido popular que se “contó con una prueba de cargo válida y suficiente para concluir tanto la existencia de una caja B del PP […] como los distintos actos de apoderamiento”. De esa caja se están ocupando los tribunales y ya ha tenido una consecuencia directa e inmediata, el abandono de la sede nacional del partido popular para romper con el pasado corrupto. Mientras, el caducado Consejo, colabora con el vilipendio a la jurisdicción mostrando pasividad y callando la respuesta debida al ataque a la independencia judicial y dignidad constitucional, siendo muy oportuno traer aquí a colación lo dicho por el gran abogado y jurista Calamandrei en su elogio de los jueces cuando al referirse a uno de ellos sentenció: “Alguno, en los primeros tiempos del fascismo, lo llamaba ‘el juez rojo’; y no era en realidad ni rojo ni gris. […] Era sencillamente un juez justo, y por eso lo tachaban de ‘rojo’. Porque siempre, y este es uno de los muchos sinsabores que sufre el juez justo: cuando no está dispuesto a servir a una facción, se le acusa de estar al servicio de la contraria”.

El Gobierno de España debe acabar con este esperpento por el propio bien de la institución, cumpliendo con el mandato constitucional. Las asociaciones judiciales, todas, deben de dejar de bailarle el agua a sus pares políticos y los jueces en general deben decir ¡basta! No se trata de que los jueces renuncien a su ideología, eso es imposible y seria trágico para el sistema democrático, se trata de que hagan su trabajo sin tener interferencias ni partidos referencia. Se debe acabar, siguiendo al gran jurista Perfecto Andrés, con el estigma de la manipulación político – instrumental partidista, que es un defecto de origen y que trae como consecuencia una frustración sostenida en claro perjuicio de la independencia judicial.

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