En una reciente publicación del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el teniente coronel Márquez de la Rubia afirma que la intervención de EEUU en Venezuela, “lejos de interpretarla como un episodio aislado o una anomalía jurídica”, se conceptualiza “como síntoma avanzado de la transición hacia un nuevo orden internacional, caracterizado por el decisionismo soberano, la primacía del poder material y la geoeconomía coercitiva”.
Tres conceptos clave, que aluden respectivamente a nuevos aspectos si no desconocidos, sí al menos no explicitados tan abiertamente como ahora en el tratamiento de las relaciones internacionales. Se trata de la decisión unilateral no justificada en el derecho, fundamentada exclusivamente en el poder militar y en pretensiones geoestratégicas basadas principalmente en criterios económicos y de influencia que coinciden con intereses de grandes compañías o corporaciones, dejando la defensa de la población en un segundo rango de importancia (si es que se ha tenido en consideración).
No es que la situación precedente fuera idílica en nuestro país hermano. Muy al contrario. Se trataba (se trata) de un régimen populista, dictatorial, que había hecho alarde del rechazo al más elemental comportamiento democrático y con un número muy importante de personas encarceladas y desplazadas, sometiendo a la población a una crisis económica estructural y dirigidos por un personaje que podría resultar cómico si no fuera por la situación a que el régimen sometía (y somete) a gran parte de los venezolanos.
Pero es el control por la influencia económica y de gestión de los recursos el que se erige, con descaro y sin contemplaciones, como el leit motiv de una actuación con implicaciones estructurales en la configuración de este nuevo orden mundial, que, como decíamos en nuestras primeras columnas, no sabemos a dónde nos lleva, pero sí estamos seguros de que conforma un gran desorden y que puede abocar a un caos con implicaciones serias para la humanidad.
Quizá sea este sentimiento el que causa la sucesión de noticias al respecto a cualquier persona. El rechazo a la situación precedente de falta de libertades básicas – como ocurre con otros puntos del mundo – no se apacigua con una intervención que contraviene los principios básicos del derecho internacional. Además, ni las consecuencias iniciales de la actuación ni la intención declarada respecto de esta repercuten en la ciudadanía ni, como decimos, se contempla la situación de la misma como objetivo a paliar.
Confusión de intereses
Por el contrario, la acción militar y las actuaciones posteriores se han vinculado directamente al control de la influencia económica y a los intereses de grandes corporaciones, considerando al Estado y a su forma más coercitiva de actuación exterior –la militar– como un instrumento al servicio de los referidos intereses. Esta confusión total de intereses es quizá una de las constataciones más evidentes. Algo que ya venía sucediendo con otras potencias (en particular, en los últimos años, con el régimen de Putin) pero que, al menos formalmente, no afectaba a las democracias liberales que, por lo mismo, caen en una profunda crisis como modelo político de convivencia.
Cualquier intención de influencia política y económica puede ser legítima como país, pero no es irrelevante la forma de llevarla a cabo. Si en cambio, los intereses del poder político se confunden (y se funden) con el interés económico de una oligarquía, o, peor, si el poder público manifiesta de manera clara y explícita la primacía de estos intereses privados, justificando cualquier intervención militar fundamentando la capacidad del Estado dominante en la primacía de su ejército, estamos ante un auténtico cambio de paradigma con consecuencias impredecibles.
Pero, es más, este nuevo orden que se pretende imponer (y, sobre todo, con los medios a través de los cuales se quiere asegurar) incorpora algunos elementos conexos que es necesario considerar. Para comenzar, no es ajeno a un determinado programa ideológico y se enlaza con otros aspectos de política interna como es, de manera recurrente y fuertemente incisiva, el rechazo a la inmigración.
Este elemento ideológico (o pretendidamente ideológico), que recuerda directamente a otros períodos (basta acudir al “Plan de los 25 Puntos” del programa del Partido Nazi Alemán anunciado en Múnich, donde se decía que “cualquier tipo de inmigración de no-ciudadanos debe ser detenida”), se transmite a otros países, evidenciándose con absoluta claridad a través de la influencia de contenidos que hasta hace relativamente poco eran impensables en nuestros sistemas democráticos.
Pero responde, también, a un patrón de comportamiento personal del líder, que lo asocia a movimientos y comportamientos claramente populistas que sirven, sobre todo, para alcanzar el poder, y que, una vez logrado, justifica en esta pretendida legitimación inicial cualquier actuación contra el resto de las instituciones democráticas (como está ocurriendo con la Reserva Federal) o con el respeto a derechos básicos de las personas (incluida la vida).
Es bastante evidente que en EEUU no están funcionando como de ellos se esperaría los mecanismos de autodefensa de la democracia, los contrapesos de legitimidades y la separación de poderes. Donald Trump ha declarado sin titubear que el único límite a sus acciones es “su moralidad”, es decir que se declara insumiso al imperio de la Ley, tanto doméstica como internacional, mientras es formalmente el Comandante en Jefe del mayor ejército que ha conocido la historia, y que puede borrar la civilización de la Tierra apretando un botón.
Objetivo: "dar ejemplo"
Volviendo a la acción sobre Venezuela, tiene esta también el objetivo de “dar ejemplo” del criterio de que acabamos de describir, que se extiende, con carácter transversal, a todas las relaciones internacionales, sin importar la relación de socios precedente. Si se quiere someter a Groenlandia a una especie de “anschluss”, poco importa crear tensión –incluso militar– con el resto de los países de la Unión Europea o de la OTAN, que siempre han sido leales aliados. Si se “necesitan más tierras y más territorios” se exigen, amenazando a naciones con una vida tranquila que tienen la mala suerte de estar en un determinado sitio o contar con determinados recursos naturales, sin considerar principios hasta ahora consolidados en las relaciones internacionales.
Por esto, marcada la forma de actuación, cobra mayor importancia la declaración de intenciones publicada por la Estrategia de Seguridad de Estados Unidos, sobre la que hemos reflexionado recientemente en esta columna. Por ejemplo, y de manera particular, en cuanto afecta a la Unión Europea y a la consideración que se explicita sobre la misma, se expresa sin disimulo la pretensión de influir en la política interna de los países miembros. Aquí la cuestión no es geopolítica –salvo que la relación de EEUU con Rusia, y sobre todo de sus respectivos líderes, esté condicionando la actuación –, porque Europa no ha dado señales de ser un socio mal avenido ni ha cuestionado, por ejemplo, la importante presencia militar norteamericana en su territorio – con la cesión de soberanía que supone –. La cuestión es ideológica y, de nuevo, sin ser incompatible con lo anterior, de intereses corporativos frente a un determinado modelo económico, social y político que, con todas las críticas que pudiera merecer, se basa en el reconocimiento de derechos y libertades básicas muchos de ellos de claro carácter social.
Se trata, en definitiva, como afirma el autor citado, del fin del derecho internacional liberal. Pero, más allá de los países, también sentimos abandonada la defensa de unos derechos y libertades exigibles para todas las personas.
Algunas preguntas
En este contexto se pueden plantear algunas preguntas, tanto a nivel nacional como a nivel de Unión Europea: ¿Nos estamos preparando para esta realidad? ¿Están nuestros líderes a la altura o siguen preocupados por cuestiones domésticas de supervivencia? ¿No deberíamos exigir la atención suficiente a nuestros líderes para consensuar y dar una respuesta unitaria a los retos e incertidumbres que se plantean en este nuevo contexto? ¿O se van a declarar “incompetentes”, como ya ha ocurrido en algún caso, por quienes juegan a favor de esta nueva realidad impuesta y basada en la fuerza? ¿Volveremos a ver escenas de sometimiento a dictados, como la que bochornosamente patrocinó Mark Rutte en la cumbre de la OTAN?
Hay otro aspecto a considerar. Nos queda posicionarnos como ciudadanos y ciudadanas. Dentro de unos años alguien preguntará cómo se soportó la existencia de líderes casi caricaturescos que nos pueden llevar al desastre. Esperemos, además, que esta pregunta no se haga demasiado tarde, porque está claro que las soluciones que plantean la nueva realidad se deciden al margen de la ciudadanía. Y el riesgo de guerra global está latente.