La profesión del Sr. Moreno Bonilla es la de político, aunque en la biografía publicada en la web de la Junta de Andalucía se señala que ha cursado el programa de liderazgo para la gestión pública (IESE), que está orientado a la formación de perfiles que tienen que afrontar una realidad incierta y cambiante. Atendiendo a esto, veamos dos asuntos de especial relevancia y sensibilidad para las personas andaluzas, como son la sanidad pública y la violencia machista. En ambas materias tiene competencias la Junta Andalucía que requieren destinar recursos suficientes para asegurar las mejores prestaciones y atenciones públicas en la protección de la población afectada.
Sobre la sanidad pública la situación no puede ser peor. La precariedad preside la relación laboral de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud, se cierran plantas hospitalarias y las personas usuarias sufren unas listas de espera insoportables, achacando tal desastre a la herencia recibida, lo que suena a tomadura de pelo por parte del sr. Moreno Bonilla tras cinco años al frente del gobierno andaluz, como si el deterioro del servicio y el aumento de las listas de espera se produjera de un día para otro. Tal situación solo obedece a un plan premeditado y mantenido en el tiempo que tiene como finalidad debilitar y desprestigiar la Sanidad pública andaluza en favor del sector privado mediante conciertos de colaboración. En este sentido, la Intervención General de la Junta de Andalucía ha hecho informe negativo, habida cuenta que, se han adjudicado, entre otros, servicios sanitarios por más de 5 millones euros a clínicas vinculadas a la aseguradora Asisa que se están justificando de forma genérica, habilitando prórrogas no conformes a derecho al haberse visto superados los plazos de los pliegos de condiciones que sirvieron para privatizar dichos servicios, lo que va contra la libre concurrencia, la transparencia y la igualdad de condiciones. No es buen resultado para un líder en gestión pública.
Por otro lado, se afirma por el Sr. Moreno Bonilla que está comprometido contra la violencia machista. Los hechos indican otro escenario bien distinto. Los presupuestos presentados al parlamento andaluz reflejan un sensible recorte en las partidas destinadas a la protección contra la violencia de género, que experimenta una disminución de 5 millones de euros para 2024, esto es, un 18% menos que en el año 2023, cuando el número de mujeres víctimas inscritas en Andalucía es de 7417, 1400 más que en la Comunitat Valenciana (5007) y más del doble que en la Comunidad de Madrid (3062). Los datos muestran una realidad inaceptable que retrata la hipocresía del relato que se difunde.
El Ministerio de Justicia puso en marcha una renovación de la planta judicial, que conlleva la comarcalización de los Juzgados de primera instancia e instrucción que tienen asignada la violencia sobre la mujer en la finalidad de eliminar la sobrecarga de los mismos. Sin embargo, en la práctica, dichos órganos judiciales han visto ampliado su ámbito territorial sin que se les hayan dotado de suficientes medios materiales y de personal, lo que hace inviable la medida, alejando de hecho la protección a la mujer, generando más colapso y más retraso en la tramitación de los procedimientos, dándose el caso, incluso, que donde había tres jueces ahora solo hay uno.
La lucha contra la violencia machista es una prioridad en nuestro ordenamiento jurídico, si bien, se convierte en una quimera cuando se desinflan los recursos, como ya ocurrió con la no renovación de los más de 100 contratos de trabajo en los Juzgados de Violencia sobre la mujer en Andalucía o reduciendo las partidas presupuestarias.
Es al gobierno andaluz a quien corresponde dotar de los medios que garanticen el buen funcionamiento de los tribunales, además, de estar obligado a respetar y cumplir el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la que cuenta con un presupuesto, para este año, de 160 millones de euros que han sido destinados por el Ministerio de Igualdad que presidía Irene Montero para combatir la violencia machista, que incluye un plan de modernización, ¡del que hay que informar Sr. presidente!, pues permite a las mujeres denunciar o expresar la situación de violencia en el pediatra de sus hijos o hijas, en el médico de cabecera o en algún especialista y a partir de ahí desarrollar la acción protectora a todos los niveles, sin que la mujer se vea obligada a acudir a una comisaría o a un cuartel de la Guardia Civil, en la línea que determina el Convenio de Estambul. Por tanto, un buen servicio público sanitario andaluz es garantía de la mejor protección de las mujeres que son víctimas de la violencia machista.
De nada le ha servido al Sr. Moreno Bonilla hacer un curso sobre liderazgo para la buena gestión pública, por el contrario, el caos es manifiesto, eso sí, por ahí anda el presidente de la Junta de Andalucía preocupado por la unidad de España, mientras, la población andaluza no recibe un servicio público sanitario de calidad, ni la mujer se siente protegida de la violencia machista, pues el vaciamiento de recursos en los Juzgados especializados los colapsan, debilitando con ello la atención a la víctima que queda sometida a una espera insufrible, disuasoria para mantener la denuncia. La desprotección es evidente de la que es responsable el Sr. Moreno Bonilla.
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