Oligarquía, izquierda y derecha

'Las redes de poder en España', de Andrés Villena, habla de cómo PP y PSOE ponen las instituciones del Estado al servicio del enriquecimiento de los grupos de poder hegemónicos

El rey emérito, en casa Lucio, con González, Aznar, Zapatero y Rajoy.
El rey emérito, en casa Lucio, con González, Aznar, Zapatero y Rajoy.

En la década que ha venido después de la crisis inmobiliario-financiera, mientras en el Estado español se recortaba casi todo lo social y lo público y empeoraban las condiciones de vida para la gran mayoría de la población, la fortuna en manos de las 200 familias más ricas pasaba de 108.000 millones de euros en 2008 a 266.473 millones en 2020, según los datos elaborados por El Mundo. El valor del patrimonio en manos de los más ricos casi se triplicaba. Con una clara concentración a lo largo del tiempo que se traduce en una cúspide cada vez más estrecha y poderosa. Son sagas muchas de cuyas fortunas fueron forjadas a partir de concesiones y prebendas obtenidas en el régimen de Franco.

El aparato del Estado y el sistema político vienen siendo elementos clave para consolidar este núcleo de poder, llamándose democracia después del franquismo a la forma de perpetuar la dominación de una oligarquía que maneja los hilos del poder, tejiendo un entramado relacional con las instituciones estatales que le procura la reproducción y la ampliación de su posición hegemónica. Esto es lo que viene a demostrar el libro de Andrés Villena Las redes de poder en España, publicado en 2019, que analiza minuciosamente dos períodos de gobierno; uno del PSOE, el 2004-2011, y otro del PP, el 2011-2018.

Para legitimar esta dominación, traducida en no pocos casos en un saqueo de lo público y una apropiación de riqueza a cambio de la desposesión de la mayoría, se ha construido una ficción en la que el PSOE juega el papel “progresista” o de izquierdas frente al PP como partido “conservador” o de derechas. El libro al que nos referimos deja meridianamente claro hasta qué punto los dos partidos, dándole la razón a la protesta del 15 M, se han afanado con parecido ímpetu en poner las instituciones del Estado al servicio del enriquecimiento de los principales grupos de poder incluidos ellos mismos. En este sistema la intervención política responde a intereses y no a cuestiones ideológicas.

Aunque la obediencia a los intereses dominantes trata de enmascararse en mayor medida en el caso del PSOE, por razones obvias, basta con algunos de los ejemplos de los que se citan en el libro para dejar en evidencia cómo funciona la trama. El caso de una organización informal como el Clan de la Dehesilla, creado en los años 60, cuyos miembros tomaron posiciones estratégicas en el control del Estado, puede servir como ilustración de hasta qué punto la “tecnoestructura” de los años 80 era tributaria de la antigua burocracia franquista, a la vez que ha tenido su prolongación en los gobiernos posteriores de ambos partidos.

En este clan encontramos destacados exministros de Franco como José María López de Letona,  Alberto Monreal Luque o Alberto Ullastres; hombres de empresa del franquismo como Rafael del Pino, fundador de Ferrovial, Leopoldo Calvo Sotelo, cuñado de del Pino y Presidente del Gobierno con UCD; Carlos Bustelo, primo del anterior y ministro con la UCD; Juan Antonio García Díez, ministro con UCD; los hermanos Entrecanales o la familia Garrigues-Walker. También pertenecían al clan Francisco Fernández Ordóñez, presidente en el franquismo del Instituto Nacional de Industria y más tarde ministro con UCD y después con el PSOE, Luis Ángel Rojo, presidente del Banco de España durante el gobierno de Felipe González, con discípulos como Miguel Boyer y Carlos Solchaga, ministros de Economía con el PSOE en los años  80 y pertenecientes al clan. También de la partida, el “socialista” Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que ocupó las secretarías de Estado y de Comercio en gobiernos de Felipe González y fue secretario de Estado de Hacienda (2004-2006) y gobernador del Banco de España (2006-2012) con Rodríguez Zapatero y con Mariano Rajoy, convirtiéndose en esos años, con Joaquín Almunia, también “socialista”, en “el mayor portavoz de las ideas dominantes de la zona euro”.

Relacionado con este bloque de poder, Pedro Solbes, declarado admirador del exministro franquista miembro del clan Alberto Ullastres, y que avalado por Miguel Boyer y por Miguel Ángel Fernández Ordóñez pasó por los gobiernos de UCD y del PSOE de Felipe González, en el que fue ministro de Agricultura (1991-93) y de Economía y Hacienda (1993-96); tras el triunfo de Aznar ingresó en la Comisión Trilateral, fundada por el magnate financiero Rockefeller y considerada uno de los mayores grupos de poder empresarial y financiero a escala mundial; en 1999 fue nombrado comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea, jugando un papel fundamental como guardián comunitario del Tratado de Maastricht; con Rodríguez Zapatero volvió para ocupar un lugar central en el aparato del Estado como vicepresidente y Ministro de Economía y Hacienda (2004-09). Era como traerse al gobierno del Estado al Banco Central Europeo, al Fondo Monetario Internacional y a la Comisión Europea. Así lo reflejaba también su equipo y su grupo de influencia que llega hasta el gobierno de Pedro Sánchez.

[caption id="" align="aligncenter" width="643"] Andrés Villena posa para una entrevista en eldiario.es que puede ser leída aquí. FOTO: MARTA JARA / ELDIARIO.ES[/caption]

Como muestra el libro citado con una extensa casuística, el entramado de relaciones entre altos cargos de la política y las grandes empresas se diferencia en los dos grandes partidos en que mientras que en el PP es más frecuente dar entrada en el gobierno a quienes ya eran miembros de la élite económico-financiera, en el PSOE se obtienen los cargos empresariales como devolución de favores hechos desde la política. Uno de los casos más llamativos fue el de David Taguas, que de Director de la Oficina Económica del Presidente con Rodríguez Zapatero pasó, en plena burbuja inmobiliaria, a presidente de Seopán, la patronal y lobby de las grandes empresas constructoras. Entre los servicios prestados por Taguas en su etapa como “servidor de lo público”, cabe señalar sus favores a Sacyr, consiguiendo para la constructora la adjudicación de la obra de ampliación del Canal de Panamá por más de cinco mil millones de euros. “El gobierno panameño exigió a cambio al ejecutivo español que eliminara al país centroamericano de su lista de paraísos fiscales”. O la concesión del proyecto Castor a ACS, la empresa de Florentino Pérez, que incluía una cláusula por la que el Estado se comprometía a remunerar a ACS con 1.350 millones de euros en el caso de que el proyecto no se llevara a cabo como finalmente sucedió. La factura final para el Estado ascendió a más de cinco mil millones de euros, “a cambio de nada, que tendrán que pagar los contribuyentes hasta el año 2044”.

A estas “atenciones” del gobierno del PSOE con el poder económico a costa de empeorar la vida de la gente habría que sumar muchas otras. Entre ellas, la consolidación y generalización del uso de las sicav, una fórmula societaria que permite a los inversores eludir legalmente el pago de impuestos y que en 2005 el gobierno de Rodríguez Zapatero decidió sacar del control de Hacienda, anulando las actas levantadas por fraude durante años anteriores en la que fue calificada como una  auténtica amnistía fiscal. Javier de Paz, “socialista” promotor de esta amnistía que benefició entre otros muchos a César Alierta, presidente de Telefónica, fue nombrado dos años después consejero de esta multinacional.

Todo esto y mucho más que no cabe reseñar aquí se hace compatible con discursos desde el partido y desde los propios gobiernos “progresistas” proclamando la obligación de que “los ricos paguen impuestos” o críticas a las políticas “austericidas”, siendo el gobierno de ZP, de la mano de Elena Salgado el que las implantó. Años más tarde, gobernando ya el PP, el gobierno andaluz de Susana Díaz le reprochaba a Mariano Rajoy los recortes mientras se esmeraba en aplicarlos, a la vez que su compañero de partido, Joaquín Almunia, entonces comisario europeo de la competencia y vicepresidente de la Comisión Europea advertía en relación con esos recortes, que han resultado literalmente letales, que “las propuestas de Bruselas son órdenes para España”. También es frecuente que salgan del PSOE declaraciones en contra de las privatizaciones que hicieron los gobiernos de derechas, cuando, como afirmó uno de los suyos, (Miguel Ángel Fernández Ordóñez),  “el gobierno socialista privatizó el doble de empresas de las que privatizó posteriormente el PP, pero lo hizo ocultándolo”.

Mariano Rajoy en una rueda de prensa.

Trabajos como el de Andrés Villena son imprescindibles para desvelar una arquitectura del poder que se mantiene utilizando el sistema político y el aparato del Estado para alimentarla no sólo a espaldas de la mayoría sino cada vez más claramente en su contra. De paso que revela también hasta qué punto del régimen del 78, apuntalado y mantenido ahora no sólo por los dos grandes partidos, no cabe esperar ninguna solución para los problemas que hoy nos inundan.

Este Estado será, si no lo remediamos, el instrumento que las élites de poder continuarán utilizando para tratar de seguir imponiendo su dominación en contra de la mayoría. En tiempos tan difíciles como los que se avecinan, cuando todo este orden construido por la modernidad y el capitalismo se derrumba, desde las instancias del poder tratará de imponerse una recuperación -reproducir lo que nos trajo hasta aquí-, utilizando cada vez con mayor intensidad el autoritarismo en nombre de la democracia Una recuperación que no sería deseable en la medida en que continuaría la profundización de los problemas que el propio orden establecido viene generando, pero que ni siquiera será posible porque el virus no ha hecho más que adelantar lo que iba a pasar en unos años.

La toma de conciencia que libros como este facilitan es en estos momentos clave para que lo que viene no sea demoledor para la gran mayoría; es el primer paso para poder conseguir la implicación social necesaria para impedir que se imponga la barbarie y, a ser posible, para alimentar la transición hacia un proyecto emancipador construido desde abajo;  un proyecto en el que prevalezcan formas alternativas de organizar la vida no regidas por la “racionalidad” de la ganancia y la acumulación. En Andalucía, esta transición se hace más urgente si cabe ante un Estado y un régimen que han venido reforzando su posición subalterna en lo económico, en lo político y en lo cultural.

Este artículo se publicó originalmente en Portal de Andalucía

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