Durante los últimos años, el Ayuntamiento de Sevilla ha ido anunciando la puesta en marcha de la regulación de las Viviendas con Fin Turístico (VFT) debido al alto impacto que estaban causando en la capital de Andalucía. Hemos ido siguiendo la pista a esa posible regulación que se ha prolongado más de dos años y que ahora parece que va a salir adelante si nada ni nadie lo impide. Después de meses de espera, el gobierno socialista llevó a pleno este mes de febrero la modificación del PGOU para regular las nuevas Viviendas con Fines Turísticos y que sean consideradas urbanísticamente como servicio terciario de hospedaje y por tanto que se le exijan los mismos requisitos que a Hoteles, Pensiones, Hostales y Apartamentos Turísticos. Este proceso tan necesario, se ha reforzado con las distintas sentencias que se han emitido últimamente por parte del Tribunal Supremo así como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que decidía y respalda que las ciudades sí tienen competencias para regular las VFTs y de esta manera hacer una defensa del derecho a la vivienda como recoge la Constitución. El acuerdo dictado en el ayuntamiento hispalense -con la abstención del PP y el voto en contra de VOX- ha supuesto un refuerzo y una oportunidad para parar el aumento de este tipo de "viviendas" en el municipio capitalino, que cuenta con más de seis mil doscientas VFTs. Con el discurso de “hay argumentos políticos, jurídicos y técnicos” junto con “ahora es el momento para regular este fenómeno” se va a dar un paso importante en la localidad hispalense y ojalá sea con valentía, algo que muchos y muchas prefieren dejar escondida por los acontecimientos sucedidos hasta el momento.
También se ha conocido que el Parlamento Europeo ha pedido a los Estados miembros que regulen los mercados de viviendas para garantizar el acceso a una vivienda asequible y adecuada. El Parlamento Europeo señala que el empeoramiento del acceso a la vivienda se debe directamente al incremento de las inversiones extranjeras, que provocan un aumento en el precio de las viviendas locales y a las plataformas de alquiler vacacional como Airbnb y Booking, que reducen las viviendas en los centros históricos, además del aumento de la especulación y el aumento de segundas residencias para generar ingresos adicionales.
Mientras ocurren estos acontecimientos anteriores, en Cádiz nos levantamos con noticias que son esclarecedoras de la situación actual que vivimos: el cierre de comercios y la pérdida de población en todo el término municipal. Este proceso de despoblación en la ciudad no es nuevo: es la consecuencia de años de especulación inmobiliaria sin control -especialmente durante los gobiernos del PP- y que se agrava recientemente por el crecimiento sin control de la actividad turística. No es casualidad que en los barrios donde más ha crecido la presión turística y donde más especulación se ha producido, sean los barrios donde más vecinos y vecinas se han perdido, siendo ejemplo claro el barrio de La Viña, donde se ha perdido el 44% de la población en la última década. Todo esto, acompañado de una pérdida sostenida de la industria y la falta de planes de reindustrialización en la Bahía de Cádiz, nos lleva a la situación que hoy en día nos encontramos.
No es comprensible que en ciudades vecinas, como hemos expuesto al comienzo, o incluso en algunas más lejanas como Santiago de Compostela, gobernadas por el PSOE, se propongan y se empiecen a llevar a cabo medidas para frenar la gentrificación y turistificación mientras en Cádiz observamos cómo el Partido Socialista se opone a una regulación que tenga como objetivo paliar el efecto que causan estas dos circunstancias en los vecinos y vecinas como es la expulsión de sus hogares, el bienestar de los mismos, el derecho a la ciudad o el mantener la idiosincrasia de la misma. Usando excusas que únicamente benefician a especuladores -entre los que están Horeca, AETC o reconocidos empresarios- y al crecimiento sin control del sector turístico, el socialismo gaditano pone palos en las ruedas para evitar que Cádiz se convierta en un parque temático.
Y mientras los políticos y políticas con más titulares que acciones, juegan su partido sin presión y lanzando pelotazos contra el vecindario, muchas personas tienen que hacer la maleta, dejar su barrio y marcharse a otra localidad con rentas del alquiler más bajas porque aquí no se puede o no les dejan vivir. Cádiz va tarde más de dos años en la limitación de los “pisos de estancias cortas” y ya deberían haberse visto los primeros pasos: moratoria en toda la ciudad sin cortapisas e inicio de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Estas dos cuestiones podrían haberse sacado adelante si hace siete meses, en un pleno extraordinario en el mes de julio, si las cosas se hubieran hecho mejor por ambas partes. Lo tenemos claro como que todo acabó siendo un revés, una pantomima, un fracaso para la ciudad y para quienes hemos y seguimos peleando por un Cádiz y por un turismo para vivir y no para huir.
Y vivir aquí es lo que quieren muchos gaditanos y gaditanas que desde la distancia no ven un futuro cercano al barrio donde nacieron. En una ciudad como ésta, donde no existe un modelo de ciudad definido y donde “las políticas del cambio” han quedado en un cajón, no hay futuro ni para los y las que vivimos aquí ni para los y las que vendrán. Porque encontrar y acceder a una vivienda de alquiler a precio asequible y en óptimas condiciones, es una labor ardua y cada día que pasa, se complica mucho más. Esto se debe principalmente al aumento de las Viviendas con Fin Turístico (1684 registradas desde abril de 2016), la falta de vivienda pública, la numerosa cantidad de viviendas cerradas, la falta de suelo donde poder construir y la nula inversión de las administraciones en vivienda. Y a todo esto, se suma el desconocimiento, la poca implicación y la falta de toma de medidas en gobiernos locales, que con ciertas limitaciones de competencias reguladoras, no son capaces de romper con las políticas conservadoras y hacer una protección de la vivienda real y de sus vecinos y vecinas. Por eso, para proteger a las personas mayores, a los niños y las niñas -que son el futuro de nuestra ciudad- y a la juventud, defendemos para su aplicación no solo la moratoria en la concesión de licencias y la modificación del PGOU si no que además se incluya una batería de medidas que permitirían desincentivar las VFTs como por ejemplo aplicar una tasa de agua o basura o medidas de protección contra incendios o ruidos.
Con la modificación del PGOU de la ciudad, se protege el suelo residencial ante posibles cambios de usos y por otro lado, se equiparan las VFTs a los establecimientos hoteleros regulados. Es una medida necesaria al igual que el incremento de impuestos locales (basura, agua,….) motivados por el desarrollo de una actividad hotelera y no por tener uso de vivienda habitual, cuestión que debe potenciarse con medidas que apuesten por el paso de viviendas turísticas a viviendas de alquiler a largo plazo, con la ampliación del parque inmobiliario de la ciudad sumando nuevas viviendas destinadas al alquiler o a la venta a precios asequibles para un mejor acceso a vivir en Cádiz y que consiga frenar la pérdida de población en nuestra ciudad, que hace aumentar la población de localidades cercanas.
No debemos contribuir ni apoyar medidas que vayan contra la vecindad. No queremos que nuestros barrios, ya sean del Casco Histórico o de Puerta Tierra, sean vendidos a inversores, a grandes hosteleros o a fondos de inversión. Nos van a tener enfrente ante la aplicación de políticas gentrificadoras y criticaremos la falta de ambición y valentía de políticos y políticas que ni están ni se les espera. Y quizás, cuando reaccionen, ya sea tarde.
Calle Viva es un colectivo eco-social, nacido para promover derechos sociales y ambientales. Actualmente centramos nuestra lucha en la defensa del derecho a la vivienda y el impacto negativo que este derecho sufre por la llamada turistificación, fruto de un modelo de turismo masificado y no armonizado con otros derechos fundamentales para la población autóctona.
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