Siempre he subrayado en mis artículos, libros y clases la importancia fundamental que tienen las empresas para crear riqueza y bienestar. En ellas se producen los bienes y servicios que necesitamos para vivir, de modo que su buen funcionamiento es condición imprescindible para el progreso económico y social. Algo que sólo es posible si disponen de una buena organización interna, gobernanza adecuada y un medio ambiente socioeconómico e institucional que favorezca su actividad. Y, desgraciadamente, también he tenido que señalar en muchas ocasiones que el empresariado español ha demostrado con demasiada frecuencia ser uno de los principales obstáculos para mejorar el funcionamiento de sus propias empresas.
Ahora, acabamos de ver otra muestra de su mal gobierno y representación. Las patronales CEOE y Cepyme acaban de emitir un comunicado rechazando participar en la mesa convocada por el Gobierno para avanzar en la elaboración de una futura ley de democracia en las empresas que regule la participación de los trabajadores en ellas.
A pesar de contener sólo unas pocas líneas, el comunicado acumula errores jurídicos, afirmaciones empíricamente falsas y descalificaciones retóricas impropias de organizaciones que pretenden representar al empresariado.
La participación de los trabajadores es un mandato constitucional
Uno de los argumentos principales del comunicado empresarial consiste en afirmar que la participación de los trabajadores en el gobierno de la empresa vulneraría principios constitucionales como la libertad de empresa o el derecho a la propiedad privada. Una interpretación de la patronal muy discutible.
Aunque es cierto que la Constitución española reconoce efectivamente el derecho a la propiedad privada (art. 33) y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38), sujeta ambos derechos a límites derivados del interés general y de la función social de la propiedad. Y no sólo eso, contiene además un mandato explícito en el artículo 129.2 que la patronal española olvida mencionar: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa.”
La participación de los trabajadores en la empresa que el gobierno de Pedro Sánchez se propone favorecer no sólo es jurídicamente posible, sino que constituye un objetivo que el legislador está llamado -por la propia Constitución- a promover.
La patronal desenfoca por completo el asunto: lo que hay que plantear no es si la participación de los trabajadores en las empresas es compatible con la Constitución —lo es— sino qué formas concretas puede adoptar y con qué alcance.
Al negarse siquiera a discutir una propuesta que desarrolla un mandato constitucional explícito, la patronal se sitúa voluntariamente al margen de la Constitución.
Argumentos falsos de la patronal
Un segundo argumento del comunicado empresarial se basa en presentar la democratización de la empresa como un modelo asociado a "un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios del pasado". Una auténtica falsedad. Pura demagogia populista
Los países europeos con economías más competitivas son precisamente los que han desarrollado desde hace décadas sistemas de participación de los trabajadores en los órganos de gobierno de las empresas. No es posible que la patronal española desconozca que lo que se propone implantar el gobierno existe desde hace años en Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos.
Con diversas modalidades, en todos ellos está regulada la presencia de representantes de los trabajadores en los consejos de supervisión de las grandes empresas, incluso llegando en algunos casos a la paridad con los representantes del capital.
La patronal española incurre en una afirmación objetivamente falsa cuando presenta estos sistemas como incompatibles con una economía de mercado avanzada. La verdad es que, por el contrario, forman parte de modelos productivos capitalistas caracterizados por altos niveles de productividad, innovación industrial y estabilidad institucional. En contra de lo que dicen las patronales, la evidencia muestra que la participación laboral en los órganos de gobierno empresarial no constituye una anomalía institucional, sino una característica relevante de algunos de los sistemas capitalistas más exitosos del mundo desarrollado.
También recurre la patronal a argumentos falsos cuando afirma que promover la democracia en la empresa favoreciendo la participación de los trabajadores en los consejos de administración es un "ataque populista y de profunda carga ideológica contra el mundo de la empresa, con posibles implicaciones negativas" y con el efecto de "desalentar las inversiones en nuestro país".
La evidencia empírica proporcionada por abundante literatura académica al respecto es muy clara. Los efectos observados con mayor frecuencia cuando los trabajadores participan en la gestión y dirección de la empresa son la mejora en los niveles de cooperación entre trabajadores y dirección, la reducción de conflictos laborales, mayor inversión en formación y capital humano y menor desigualdad salarial dentro de la empresa. En contra de lo que aventura la patronal, lo que se ha podido comprobar es que, cuando los trabajadores participan en decisiones estratégicas o en los beneficios de las empresas, disminuyen el oportunismo, la rotación y el absentismo, mejora la información y las decisiones son más acertadas y racionales, y es más fácil adoptar medidas de ajuste ante situaciones de crisis.
Por otro lado, también parece mentira que nada más y nada menos que dos patronales confundan los espacios de la participación de los trabajadores con el de la negociación colectiva, centrada esta en salarios y condiciones laborales y en donde no se aborda la estrategia empresarial, la política de inversiones o las decisiones estructurales de la empresa.
La patronal pasa por alto que, incluso los análisis menos favorables a defender la participación de los trabajadores, sugieren que los efectos sobre productividad y rentabilidad son generalmente neutrales o moderadamente positivos, lo que indica que la codeterminación no supone necesariamente un obstáculo para la competitividad empresarial.
Resulta difícil sostener seriamente que estos mecanismos desalientan la inversión cuando están presentes desde hace décadas en algunas de las economías más competitivas de Europa. La inversión empresarial depende de la estabilidad jurídica, la productividad, el tamaño de mercado, la innovación, los beneficios esperados... y precisamente esas son variables que pueden mejorar cuando hay sistemas de participación laboral.
Los argumentos de la patronal española para presentar estos mecanismos como intrínsecamente perjudiciales para la economía carecen de respaldo empírico.
El trabajo como inversión en la empresa
El comunicado de la patronal deja caer que promover la democracia en la empresa mediante la participación es una anticualla, algo propio de tiempos que ya no es de recibo. Una muestra más de que los dirigentes de las patronales que supuestamente defienden a los empresarios no son capaces de reconocer los fenómenos más novedosos que se están dando en la vida de las empresas.
Quizá más antiguamente se pudiera defender que el trabajo y el capital son factores separados, de naturaleza diferente. Podría aceptarse que el primero se aporta, se retribuye y desaparece, mientras que el capital perdura. Pero eso ocurre cada vez menos en la actualidad.
La aportación actual a las empresas que hace hoy día quizá la gran mayoría de los trabajadores se produce no sólo en horas de trabajo que se desvanecen una vez que el producto se ha obtenido y se vendido. Por el contrario, tiene un gran contenido de información, experiencia y conocimientos acumulados que queda en la empresa, incluso aunque el trabajador deje el empleo. Eso significa que los trabajadores de la economía de la información y del conocimiento de nuestros días aportan también capital cuando trabajan en la empresa. Es un fenómeno singular de nuestra época que no está siendo suficientemente reconocido y menos por patronales ancladas en el pasado y acostumbradas a vivir disponiendo de privilegios y apoyo político, como la española. En la economía del conocimiento, una parte fundamental del capital de la empresa adopta la forma de información, experiencia y capacidades acumuladas por los trabajadores. Ese capital cognitivo permanece en la organización y constituye un activo esencial para su funcionamiento. Ignorar esta realidad supone seguir analizando la empresa con categorías propias de la economía industrial del siglo XIX. Los trabajadores ya no aportan sólo trabajo sino también capital (inmaterial, cognitivo) sin el que la empresa no puede producir. Y, por tanto, tienen el mismo derecho que los propietarios del resto del capital a participar en la toma de decisiones y en el beneficio final que produce.
Una patronal que no sabe defender a las empresas
Lo más curioso del comunicado de la patronal (por calificarlo suavemente) es que recurre a todos esos argumentos falaces, falsos y populistas cuando podría poner sobre la mesa otros que, efectivamente, también deben tenerse en cuenta a la hora de discutir serena y sabiamente y de negociar sobre este asunto.
En la teoría clásica de la empresa se defiende que, puesto que los accionistas son considerados titulares del riesgo final -ya que perciben los beneficios únicamente después de que todos los demás agentes hayan sido remunerados- sólo a ellos debe corresponder la responsabilidad de decidir. No se trata de un argumento menor.
También se ha subrayado que los trabajadores pueden tener incentivos distintos a los de los accionistas (estabilidad del empleo, resistencia a procesos de reestructuración, oposición a determinadas decisiones estratégicas...) o que su participación en el consejo podría, en ciertos contextos, dificultar la adopción de decisiones consideradas eficientes desde el punto de vista empresarial. Incluso podría argumentar la patronal que la inclusión de nuevos actores en los órganos de gobierno puede aumentar los costes de deliberación y ralentizar los procesos de toma de decisiones, o que la discusión sobre los mecanismos de participación debe formar parte de otra más general.
Aunque, precisamente porque todo eso se puede dar, también se puede afirmar que la participación de los trabajadores en el capital de la empresa contribuye a aumentar su corresponsabilidad y apoyo a los intereses generales de la corporación en detrimento de los exclusivamente laborales.
Avergüenza, como dije, que -en lugar de recurrir a razones serias- los máximos representantes de las empresas españolas caigan en el populismo y la falsedad para defender sus intereses.
Una cuestión central que la patronal soslaya
La discusión sobre la democratización de la empresa a la que la patronal española no quiere sumarse plantea finalmente una cuestión más profunda.
Si la participación laboral en los órganos de gobierno empresarial existe desde hace décadas en diversos países europeos con empresas y economías que son mucho más competitivas que las españolas, ¿no será nuestro problema que no hemos desarrollado instituciones similares?
El problema de fondo no es que la participación de los trabajadores en la empresa sea una propuesta radical. Lo verdaderamente llamativo es que España haya tardado tanto en plantearla, mientras otras economías europeas desarrollaban desde hace décadas mecanismos institucionales que mejoraban la gobernanza empresarial, reducían conflictos laborales y fortalecían su competitividad industrial.
Quizá el verdadero problema no sea la propuesta de democratizar la empresa, sino la resistencia de una parte del empresariado español a modernizar las instituciones que regulan su funcionamiento.