Papeles, comisiones, etc.

Francisco Romero

Francisco Romero

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Antes de terminar la carrera, empecé mi trayectoria, primero como becario y luego en plantilla, en Diario de Jerez. Con 25 años participé en la fundación de un periódico, El Independiente de Cádiz, que a pesar de su corta trayectoria obtuvo el Premio Andalucía de Periodismo en 2014 por la gran calidad de su suplemento dominical. Desde 2014 escribo en lavozdelsur.es, un periódico digital andaluz del que formé parte de su fundación, y con el que obtuve en 2019 una mención especial del Premio Cádiz de Periodismo.

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No me parece mal la idea de Ganemos de auditar la deuda –la ruina, en definitiva- que soporta el Ayuntamiento de Jerez, abriendo el proceso a la ciudadanía. Por supuesto, para tal fin, se creará una comisión –hay cosas que en España nunca cambian- que “escrupulosamente” revisará el origen de la deuda y, en su caso, declarará ilegítima la parte de la misma que considere oportuna. Por mí, perfecto.

Lo que no acabo de entender muy bien es qué consecuencias legales se derivan de que se declare ilegítimo éste o aquel pago pendiente. ¿No se paga y… ya, nos vamos a tomar unas cañas al Gorila? Por mí, vale, eh, que conste, que hoy me he levantado punkarra, pero no sé por qué pero me da que la cosa no acabará ahí…

Tampoco me queda claro quién va a componer la comisión, aparte de la gente de Ganemos, ya que la puesta en marcha de la misma forma parte del acuerdo de mínimos que permite gobernar al PSOE. A la espera de ver cómo se sustanciará un papel activo, papel activo de verdad, para la ciudadanía, habrá que ver también los criterios que se van a seguir durante el proceso de escrutar la deuda… porque sencillamente, los criterios políticos, éticos, morales, son todos opinables.

Insisto: que la ciudadanía acceda a los contratos, convenios, adjudicaciones, subvenciones, presupuestos, liquidación de los mismos… a todos estos papeles del Ayuntamiento me parece simplemente estupendo, pero habrá que ver los criterios y los mecanismos por los que se moverá la comisión, el alcance legal de las decisiones que se adopten y la participación real de los ciudadanos.

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