No hay justicia para los pobres

Francisco Romero

Francisco Romero

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Antes de terminar la carrera, empecé mi trayectoria, primero como becario y luego en plantilla, en Diario de Jerez. Con 25 años participé en la fundación de un periódico, El Independiente de Cádiz, que a pesar de su corta trayectoria obtuvo el Premio Andalucía de Periodismo en 2014 por la gran calidad de su suplemento dominical. Desde 2014 escribo en lavozdelsur.es, un periódico digital andaluz del que formé parte de su fundación, y con el que obtuve en 2019 una mención especial del Premio Cádiz de Periodismo.

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De nuevo surgió la oportunidad de que el Tribunal Supremo mostrara cintura democrática y equidistancia de los poderes fácticos de nuestro país, y una vez más han defraudado.

La ocasión la pintaban calva: la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España buscaban el refrendo y espaldarazo dado a sus derechos en el resto de la Europa comunitaria en forma de las justas indemnizaciones que corresponden a sus afectados, en la mayoría de casos, ciudadanos con minusvalías total o parcialmente incapacitantes para el desarrollo de una vida normal.

Personas inocentes, que durante su gestación en el vientre de sus madres sufrieron el ataque de un medicamento nocivo, que ha producido efectos devastadores congénitos para el resto de sus vidas: acortamiento (o no desarrollo) de sus miembros, déficit sensoriales, falta de órganos esenciales (como riñones)… muchos de ellos postrados en sillas de ruedas o camas prácticamente desde sus respectivos nacimientos.

Los efectos dañinos de la talidomida en gestantes ya fue probada por colectivos científicos y profesionales hace mucho tiempo, y desde entonces los que padecen sus consecuencias llevan luchando a brazo partido contra una administración que les niega la ayuda necesaria para una subsistencia adecuada… no hablamos de limosnas, no. Hablamos de DIGNIDAD.

Hablamos de personas que no eligieron esas taras. No fumaban, no bebían, no tomaban drogas… Personas cuyas madres confiaron en un sistema sanitario que, en su momento, creía a pies juntillas en los múltiples beneficios del fármaco y que después se despreocupó, se desentendió de los afectados dejándolos indefensos.

Ese Estado que no se corta un ápice en sacar pecho y mostrar su protección cuando se trata de defender las fronteras patrias ante el independentismos; ese Estado que vapulea al empleado público para salvaguardar el interés general… ese Estado que decide por nosotros porque no somos suficientemente maduros para entender la política nacional e internacional… ese mismo Estado que es el que debiera preocuparse en defender la máxima de proteger los derechos de sus ciudadanos… ahora los vuelve a dejar en la estacada.

Y lo que hierve la sangre es que el Tribunal Supremo, que debiera ser adalid de esos derechos, se convierte en verdugo, en actor principal que parte y reparte, y se lleva la mejor parte. La que tendría que estar en los bolsillos de los desprotegidos.

El órgano máximo. El que debe ser modelo y orgullo para todos, vuelve a enrocarse del lado de farmacéuticas adineradas y vapulea en una votación 8 a 1, sepultando esperanzas y condenando a centenares de enfermos a seguir su penoso caminar por este valle de lágrimas.

No hay justicia para los pobres. La banca gana. Hagan juego, señores.

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