El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, comienzan 2026 poniendo en el centro del debate político interior un nuevo modelo de financiación autonómica. Un nuevo modelo de financiación autonómica, en una España que ni es del todo estado centralista, aunque el bipartidismo lo intenta día a día, ni es Estado federal, es siempre una caja de los truenos.
El modelo actual de financiación para las autonomías de régimen común, todas menos Euskadi y Navarra, lo grabó en el BOE el 18 de diciembre de 2009, el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ya cabalgaba la gran crisis del capitalismo neoliberal. Pero Zapatero había ganado las elecciones generales de abril de 2008 prometiendo el pleno empleo ciego a lo que se nos vendría encima. Tres años después, la ilusión óptica del capitalismo financiarizado en las democracias occidentales se desmoronaba. Llegaron recortes brutales para transferir dinero desde las rentas del trabajo a las rentas del capital con el objetivo de salvar la banca.
El pacto PSOE/PP en los estertores del gobierno de Zapatero para modificar el artículo 135 de la CE, y un año después la ley de estabilidad presupuestaria de Montoro, ya con Mariano Rajoy en el gobierno, suponían una absoluta toma de control de la capacidad política de las administraciones autonómicas y municipales por parte del gobierno central. Se trataba de garantizar que la manguera de los recursos públicos se dirigiera hacia la banca y los grandes oligopolios, independientemente de quién gobernarse en esos niveles territoriales. Una real involución democrática.
El debate sobre financiación autonómica será inevitable, tanto a nivel de estado como en los niveles territoriales. Entrará muy fuerte porque el PP gobierna la mayoría de las autonomías condicionado por Vox y porque existen posiciones soberanistas a las que el actual modelo autonómico, sin haciendas propias y con claras desigualdades territoriales estructurales, se les queda estrecho.
La propuesta de financiación autonómica que el tándem Sánchez/Montero pone sobre la mesa es fruto del acuerdo entre ERC y PSOE para investir como presidente de la Generalitat, en agosto de 2024, a Salvador Illa. Para ello, ERC abandonó su empeño independentista y lo recondujo hacia la permanente tensión con el gobierno central en financiación y competencias. Como hizo siempre el pujolismo. De algún modo, los de Junqueras quieren ocupar espacio en las lindes empresariales de los postconvergentes. Por eso Junts, cercada por Alianza Catalana, se opone retóricamente al mismo.
El déficit de financiación de las autonomías, sobre todo las del sur y las del litoral mediterráneo, entre las que se encuentran Cataluña y Andalucía, hace imprescindible un modelo que sea territorialmente justo y no enfrente a unos pueblos con otros. Un modelo que evite el dumping fiscal de las autonomías que rebajan impuestos propios o cedidos, pero mantienen la boca abierta para pedir más dinero al estado. Que rompa con el efecto capitalidad acaparado por el Madrid DF, donde se encuentran las sedes sociales de más del 50% de las empresas con mayor facturación del estado y se imputan las operaciones de las empresas públicas del Estado. Y, sobre todo, un modelo que garantice equidad territorial en los servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia.
Pero no solo, comunidades como la andaluza deben exigir la inclusión en el mismo de variables que compensen los déficit inversores que han provocado la existencia de desigualdad estructural en materia de empleo, salarios, pobreza, brecha de género, industrialización o domiciliación de sedes sociales de banca, multinacionales, o grandes empresas de los sectores de la alimentación, los seguros, el automóvil, el turismo, los suministros de energía y agua o la telefonía, por citar solo lo más relevante. Andalucía no debe pedir solidaridad, debe exigir justicia territorial.
Por otro lado, el nuevo modelo no puede depender exclusivamente de los indicadores de crecimiento, y consiguientemente del aumento de los ingresos del estado, o de la flexibilidad en el endeudamiento que permita la UE. Tampoco parece buena idea que el incremento de la financiación de las autonomías dependa exclusivamente, como establece el acuerdo PSOE/ERC, de la transferencia de IVA o IRPF a las autonomías, impuestos que afectan a la mayoría social. El modelo tendría que estar apalancado sobre una reforma fiscal que haga que los ricos, las grandes empresas y la banca, con ingentes beneficios, aporten más a las arcas públicas.
En definitiva, ERC ha negociado un modelo singular que vale para todo el estado, en el que el parecido al concierto vasco es nulo, y en el que afortunadamente las aberraciones de las balanzas fiscales, que no tienen en cuenta el territorio en el que se extrae el beneficio, y la ordinalidad, que no es otra cosa que reciba más quien más obtiene, quedan sepultadas bajo la retórica.
Así que, a falta de más concreciones, pinta que el modelo propuesto, del que se conocen las cifras de reparto territorial anunciadas tanto por la ministra de Hacienda como por el líder de ERC, Oriol Junqueras, está lejos de la retórica independentista. O sea, ni Vichy Catalán ni agua de borrajas.