El asesinato de Ilham a manos de su marido el pasado 4 de agosto en Don Benito (Badajoz), constituye una manifestación más de un sistema que sigue fallando a las mujeres. Con 34 años y madre de cuatro hijos que deja huérfanos, Ilham había denunciado en tres ocasiones a su asesino; pero la excluyeron del sistema Vio-Gen. Ninguna de estas denuncias se tradujo en medidas de protección. Su muerte, que eleva a 24 las mujeres asesinadas por violencia machista en España durante 2025 y a 1.318 desde 2003, no es un caso aislado: es el resultado predecible de un sistema que no logra implementar medidas de prevención eficaces para combatir la violencia machista, ni traducir las denuncias en protección efectiva para las mujeres y sus hijas e hijos.
Tras dos décadas de vigencia de la legislación contra la violencia de género en España, declaraciones como las de Roberto Barba, Director contra la Violencia Machista de la Xunta de Galicia, representan la ineptitud de las instituciones. Sus afirmaciones sobre la supuesta ineficacia de las políticas de prevención y su atribución de responsabilidad a las mujeres que intentan abandonar relaciones violentas constituyen un ejemplo paradigmático de cómo el discurso negacionista se sigue extendiendo y convirtiendo en cómplice de la violencia contra las mujeres, evidenciando retrocesos inadmisibles y una forma de violencia institucional, que pone en peligro la vida de las mujeres y todos los esfuerzos que se han puesto en marcha desde 2004, cuando se aprobó la ley.
La violencia machista es una cuestión de Estado urgente
Los datos no mienten. En España, más de la mitad de las mujeres (57,3 %, según la Macroencuesta de 2019) ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida, principalmente perpetrada por hombres de su entorno cercano, especialmente en casos de violencia física y sexual. En 2024, se registraron 199.094 denuncias por violencia de género, lo que equivale a unas 545 denuncias diarias. Por su parte, las agresiones sexuales denunciadas alcanzan unas 69 al día, una cada dos horas aproximadamente, aunque se estima que solo el 8-11 % de estos casos se denuncian, según datos del Ministerio del Interior y la Macroencuesta.
La infradenuncia, motivada por factores como la vergüenza, el miedo, la falta de garantías sigue siendo un obstáculo significativo para visibilizar la magnitud real de este problema. El caso de Ilham ilustra con crudeza una realidad que se repite: el 70% de los feminicidios ocurre cuando la mujer ha decidido romper la relación o ya lo ha hecho, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Esta pauta no convierte a las víctimas en responsables de su propia muerte, como sugieren los discursos negacionistas. Al contrario, evidencia la lógica de control, posesión y misoginia que caracteriza a los hombres violentos incapaces de tolerar que las mujeres tengan la autonomía sobre sus vidas y quieran romper relaciones violentas. El que Ilham retirara algunas de sus denuncias no refleja una inconsistencia o falta de credibilidad, sino las presiones y la ausencia de apoyo sistémico que enfrentan las mujeres en estas situaciones extremas y, lo que es más significativo, muestra los fallos del sistema Vio-Gen, la detección del riesgo y la incapacidad del Estado para protegerlas cuando sufren violencia.
Anatomía del negacionismo
El discurso negacionista no surge por casualidad. Forma parte de una estrategia sistemática que adopta múltiples formas, todas ellas misóginas y desfavorables para las mujeres, que parten de defender la idea de que los asesinatos son puntuales y multifactorial, y que no tienen que ver con el hecho de las víctimas sean mujeres y los maltratadores, hombres. El negacionismo puede consistir en:
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Negación de la dimensión estructural: decir que se trata de casos aislados, ignora deliberadamente el carácter sistemático de esta violencia, enraizada en estructuras patriarcales dentro y fuera de España. Cada diez minutos una mujer o niña es asesinada por su pareja o un hombre de su familia en algún lugar del mundo, según la ONU. Esta táctica negacionista diluye la responsabilidad colectiva y sabotea la implementación de políticas públicas integrales.
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Despolitización del fenómeno: reducir la violencia machista a conflictos de pareja, niega su especificidad como manifestación de un sistema de opresión basado en la pretendida supremacía masculina sobre las mujeres. Por ello, es importante no negar su especificidad como crimen machista, es decir, un delito basado en la pretendida superioridad de los hombres, que justifica que maltrate o asesine a la mujer que considera de su propiedad y castiga cuando ella no lo obedece, o decide terminar la relación. Si se niega el origen violencia, se oculta la lógica de dominación patriarcal en la que se sustenta y perpetua. Esta táctica impide abordar las causas del problema.
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Descalificación ideológica: caracterizar la lucha contra la violencia machista como una "invención feminista" desacredita décadas de investigación interdisciplinaria. La Sociología, la Psicología, el Derecho y la Criminología, entre otras ciencias, han consolidado un corpus científico robusto que desmonta estos argumentos falaces, y que ponen de manifiesto el carácter machista de la violencia contra las mujeres. El feminismo no inventa la violencia, la denuncia: en España es una realidad que deja unas sesenta mujeres asesinadas al año por parte de sus parejas o exparejas.
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Culpabilización de las víctimas: Narrativas que responsabilizan a las mujeres del maltrato o su propio asesinato con argumentos como “ella lo provocó”, “ “ella lo quería dejar”, “no es para tanto”, “seguro que exagera” “¿Por qué no se fue antes?”, “no saben elegir a los hombres correctos” reproduce la lógica patriarcal que culpa a las mujeres de los actos de los hombres.
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Desacreditar a las víctimas, cuestionando su credibilidad. Cuando una mujer denuncia violencia y se le responde con dudas, sospechas, cuestionamientos, interrogatorios invasivos se está ejerciendo una forma de violencia institucional, que la pone en situación de indefensión, invalida su experiencia y refuerza el poder del agresor, al poner en duda el testimonio de la víctima.
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Exculpación de los maltratadores y asesinos: la retórica que minimiza, invisibiliza, justifican, exculpa o presenta a los agresores como víctimas de circunstancias ajenas a su voluntad, reproduce la lógica patriarcal que exonera a los hombres de la responsabilidad por sus actos violentos. Argumentos como "si ella retiró las denuncias, algo habría", “él estaba desesperado”, “él pasaba por un divorcio difícil”, “estaba borracho o bajo los efectos de las drogas”, “estaba ciego por los celos”, sitúan al hombre como víctima de sus emociones que no sabe ni puede controlar y a la mujer como la culpable de desatarlas.
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Sabotaje y deslealtad institucional: cuestionar la eficacia de las políticas públicas de prevención previstas en la ley, debilita la confianza ciudadana en los mecanismos diseñados para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Por lo que resulta inaceptable que los cargos públicos responsables de garantizar la prevención pongan de manifiesto su propia torpeza en no hacer bien su trabajo y su indignidad para el cargo.
La evidencia científica frente al negacionismo
Contrariamente a las infundadas y maliciosas afirmaciones negacionistas, la investigación internacional demuestra de manera concluyente la efectividad de las políticas integrales de prevención. Un estudio publicado en 2023 por el European Journal of Criminology documentó una reducción del 35% en los casos de violencia machista durante la última década en países que implementaron estrategias comprehensivas de prevención y sensibilización.
La coeducación en todas etapas educativas, la formación en igualdad a profesorado, familias y funcionariado, los protocolos de detección precoz y la educación responsable en afectividad y sexualidad constituyen herramientas fundamentales para la erradicación del machismo estructural y la violencia contra mujeres y niñas. Estas políticas requieren continuidad, financiación adecuada y, sobre todo, el compromiso institucional que el discurso negacionista socava. Cada declaración que minimiza la violencia machista o la ponen en duda tiene consecuencias directas en la vida de las mujeres. El negacionismo institucional genera desconfianza en el sistema de protección, disuade a las víctimas de denunciar, propicia la impunidad y perpetua la violencia machista.
Las instituciones públicas tienen la obligación legal, ética e histórica de combatir esta violencia machista mediante políticas públicas basadas en la evidencia científica, el enfoque de derechos humanos, la implementación de la perspectiva feminista y la aplicación práctica de los compromisos adquiridos en el Pacto de Estado contra la violencia de género. El negacionismo institucional no solo constituye un incumplimiento de esta responsabilidad fundamental, sino que se convierte en actor de la perpetuación de la violencia que debe combatir.