Hace unos días leí en lavozdelsur.es un reportaje titulado Nos van a echar a la calle y eso me hizo reflexionar.
Hace unos días leí en lavozdelsur.es un reportaje titulado Nos van a echar a la calle y eso me hizo reflexionar. En los tiempos que corren, tener un trabajo es para muchas personas un tesoro, pero hay trabajos en los que la precariedad está a la orden del día y es algo denunciable, aunque el tema es peor cuando esos empleos precarios están amparados por una institución pública. Ese es el caso del colectivo de Monitores de Educación Especial en Andalucía -al cual conozco muy de cerca-, que llevan soportando la lacra de la precariedad desde hace una década, contratados por empresas privadas por adjudicación del ISE (Agencia Pública de Educación y Formación) dependiente de la Junta de Andalucía.
Estos monitores, atienden al alumnado con necesidades educativas especiales en centros docentes públicos, realizando una labor de integración escolar, con funciones tales como: atención en las actividades de ocio y tiempo libre, instrucción en conductas sociales y actividades básicas de la vida diaria -hábitos de higiene, vestido, autoalimentación, vestido, etc.-, ayuda y aprendizaje del control de esfínteres, atención en los desplazamientos por el centro, integración en el equipo de orientación, colaborando con el tutor y con el resto de especialistas en la elaboración y ejecución de las adaptaciones curriculares, refuerzo educativo dentro del aula, etc.
La problemática del colectivo de Monitores de Educación Especial, se reinicia cada septiembre, sin saber sin van a ser llamados, ni dónde serán enviados a cubrir el puesto de trabajo. También está el bajo salario, las condiciones de los contratos, etcétera. Ante esta indefensión, lo que exigen a la Administración educativa de la Junta es que se regularice esa situación laboral y se equipare este colectivo al de otros trabajadores que realizan las mismas funciones en centros educativos públicos, y reclaman ser considerados personal laboral del Gobierno autonómico mediante una acreditación. Yo creo que sus demandas son totalmente justas y asumibles por la Junta de Andalucía.
Por lo pronto, los monitores han empezado con las movilizaciones, en septiembre se concentraron en Sevilla como protesta ante la vulneración reiterada de sus derechos laborales y su falta de reconocimiento por parte de las empresas adjudicatarias, por el ISE y en última instancia por la propia Junta de Andalucía y su Consejería de Educación.
A ciertos políticos se les llena la boca cuando hablan de creación de empleo -sobre todo en campaña electoral-, pero, ¿qué clase de empleo están creando a base de precariedad? Mal camino es ese. Esperemos que esta situación se arregle pronto porque, como pasa siempre, los que pagan al final estos conflictos laborales, además de los trabajadores, son los alumnos con necesidades educativas especiales, y eso, queridos lectores, no se debería permitir de ninguna de las maneras.
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