Partiendo de la base que las redes sociales no llegan a toda la población por razón de la llamada brecha digital, sí lo hace a una gran parte como nos indica el Instituto Nacional de Estadística, donde para mi sorpresa –pensaba que eran menos– el acceso a internet por personas mayores es de un 45% más o menos, llegando a un 97% en los menores de 24 años.
La presencia en las distintas redes sociales ya es otro cantar. Está muy diversificada, aunque la mayoría de las personas están en Twitter y muchísimo más en Facebook. Basta como ejemplo el grupo jerezano de cosas que se han perdido con el tiempo. Con la llegada de los smartphones a un precio económico –a pesar de lo que diga Teófila que cuesta dinero– el acceso a Facebook sobre todo, se ha universalizado.
Esto nos indica que para el político con cargo institucional es imprescindible el tener presencia en la red para poder –tiene el deber, pienso– comunicarse con la ciudadanía. No cabe entonces en la cabeza, cómo una autoridad como es que la alcaldesa de Jerez y a la sazón, senadora del Reino de España, no tiene presencia propia en la red. Y no cabe en la cabeza porque es un error y de los gordos.
El primer error es muy grave porque afecta a su reputación digital. En la red si alguien busca algo, sólo hay lo que los demás cuentan de ella, y no hay nada contado por ella misma, de puño tecla y letra. Y por otro lado, es muy árido para la ciudadanía tener sólo el método oficial que nos marca la ley 30/92 del procedimiento administrativo común de presentar un papel en el registro y esperar a que la autoridad te conteste o no, si quiere hacer funcionar el silencio administrativo.
La ciudadanía quiere personas que hagan política. Y no políticos que ignoren a las personas. Las redes sociales son una herramienta tremenda de democracia para que el político se comunique con la ciudadanía que tiene a cargo. Es una comunicación directa, sin los filtros de las ruedas de prensa que hacen los diferentes medios y mucho menos sin los filtros de las televisiones de plasma. Una comunicación contemporánea, continua, presente y no sólo en la calle cuando llegan periodos de elecciones.
No es cuestión tampoco de crear un consultorio ciudadano al estilo de Elena Francis, como hizo la anterior alcaldesa, Pilar Sánchez (no enlazo a su cuenta de twitter @PilarSanchez_M porque ya no existe), donde después de recibir más de 200 correos con 200 problemas diferentes (por poner algún número, porque fueron muchos) en el correo de la alcaldesa que se puso en la web municipal, vio que aquello era humanamente imposible de sostener.
Sólo consiste esta presencia en las redes sociales en comunicar qué hace, interactuar con la ciudadanía cuando lo crea conveniente. No es más. Tampoco es para tanto. Tiene concejales en su equipo de gobierno, que manejan las redes y lo hacen bien. Distinto es que uno los apoye políticamente o no, pero ahí están. Te puedes dirigir a ellos. Te pueden leer. Te pueden contestar. Pero ella, alcaldesa y senadora, no.
Esto da que pensar muchas cosas, acertadas o no. ¿Es una neoludita, que le teme a la tecnología?. Uno se pregunta entonces sí no utiliza las redes ¿está usando el servicio que le proporciona el senado gratuitamente de conexión? Si no lo utiliza ¿ha renunciado a él y eso que nos ahorramos todos/as los/as contribuyentes?
Da a entender que tampoco tiene un equipo de comunicación que funcione. O peor aún, si lo tiene, no lo escucha. En fin, esta es la calidad tecnológica de la alcaldesa senadora de Jerez hasta hoy. Nunca es tarde para aparecer en la red, aunque ya ha llamado la atención y eso tiene un coste ciudadano, y por ende, electoral, porque es una alcaldesa invisible para muchos/as.
Pero esperemos que no lo haga peor aún, porque se puede hacer peor, y para ello, tenemos el ejemplo de personas como José Antonio Griñán que se abre una cuenta de Twitter en 2011 y hace un año justo que no lo utiliza, hasta el momento de escribir este artículo, como si el hecho de ser senador no implicara la misma responsabilidad de comunicación con la ciudadanía que cuando era presidente de la Junta de Andalucía. Y eso sí que es rematar la –mala– jugada porque hace que la ciudadanía se sienta utilizada.
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