Las ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda suponen un hito histórico, no solo en nuestra democracia, sino en toda la Historia de España. Como portavoz de vivienda del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, para mí supone un enorme orgullo poder relatar, en las líneas que siguen, todo lo que el Gobierno de España está haciendo en favor del derecho a una vivienda digna durante la actual crisis.
Y lo primero que debo decir es que la diferencia entre la gestión de la Gran Recesión que comenzó en 2008 y la gestión de la actual crisis es abismal. Durante la Gran Recesión, el Gobierno del PP no legisló en favor de la ciudadanía para mitigar los efectos de la crisis, y la gran contribución del presidente Rajoy en materia de vivienda fue suprimir en 2013 la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF. Fue una época durante la cual se sucedían los desahucios, y miles de familias sufrían por conseguir un techo en el que dormir. Mientras el PP perdonaba a los bancos el rescate bancario, o malvendía las viviendas sociales a fondos buitres, miles de españoles y españolas se veían o en la calle o con grandes dificultades para pagar su hipoteca o alquiler.
Nosotros asumimos esta crisis de una forma completamente distinta. Para los socialistas, los españoles y las españolas son lo primero. Están ante todo y, sobre todo. Por ello debo decir que las ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda suponen un hito histórico, no solo en nuestra democracia, sino en toda la Historia de España.
Para empezar, hemos aprobado mediante Real Decreto-ley 8/2020 que las personas que estén en situación de vulnerabilidad podrán solicitar del acreedor una moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual. Durante el periodo de vigencia de la moratoria la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran -amortización del capital o pago de intereses-, ni íntegramente, ni en un porcentaje. Tampoco se devengarán intereses.
Por otro lado, y con el Real Decreto-ley 11/2020, hemos introducido nuevas medidas como la de la suspensión de todos los procedimientos de desahucio y los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Igualmente, se ha establecido una prórroga extraordinaria de seis meses para los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, de tal forma que los que estuviesen a punto de finalizar deberán prorrogarse automáticamente.
Por otra parte, se ha decretado una moratoria de la deuda arrendaticia, con el objetivo de aliviar la situación económica de las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad. La moratoria de la deuda arrendaticia será de aplicación automática en caso de que la vivienda pertenezca a grandes tenedores, que también podrán optar por una condonar el 50% de la deuda arrendaticia. Si la vivienda no pertenece a un gran tenedor, y para evitar la quiebra del sustento económico de los pequeños propietarios arrendadores, la moratoria de la deuda arrendaticia no será automática, y si ambas partes no la pactaran, intervendrá el Estado. Efectivamente, en estos casos, el arrendatario podrá acceder a créditos con un plan de amortización de hasta 10 años, avalados por completo por el Estado, y sin gastos, ni intereses. Estos créditos deberán dedicarse al pago de la renta de arrendamiento y podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades.
Además, también se ha establecido una moratoria de los préstamos hipotecarios de inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y profesionales con descenso de ingresos por la crisis sanitaria. Como añadido, y no menos importante, y con la idea de asegurar que el derecho a una vivienda digna se ejerza, precisamente, con dignidad, se garantiza el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo para la calefacción, gas natural y agua. Estos suministros no podrán ser suspendidos mientras dure la crisis.
Y para finalizar, debo añadir que el Ministerio, a través de la Orden TMA/336/2020 ha dispuesto ayudas de hasta 900 euros para hacer frente al pago de las rentas de los arrendamientos a las personas que hayan entrado en situación de vulnerabilidad. Dichas ayudas podrán prolongarse durante 6 meses hasta alcanzar la cifra de 5.400 euros.
Y como colofón de esta legislación en favor de los colectivos más castigados por la actual crisis, el Gobierno ha dispuesto que las personas con un desahucio en curso, las víctimas de violencia de género, y las personas sin hogar también tendrán su línea de ayudas específicas: hasta 900 euros para pagar la renta mensual del alquiler y 200 euros añadidos para costear los suministros básicos. Estas ayudas podrán prorrogarse durante 5 años y se entregarán directamente a los beneficiarios, o a las administraciones que busquen una solución habitacional para estos colectivos.
Lo que acabo de relatarles es un resumen no exhaustivo del despliegue legislativo más ambicioso que en materia de vivienda se ha dispuesto jamás. Así que cuando toda esta crisis pase, me gustaría que no olvidaran el dato que les indicaba anteriormente: mientras que, con el PP, y durante la Gran Recesión, la oleadas de desahucios se sucedían y alternaban con las ventas de viviendas sociales a fondos buitres, con el actual Gobierno de coalición se legisla en esta crisis para ayudar, de forma inequívoca, a proteger un derecho que —no lo olviden— es un derecho recogido en nuestra Constitución: el derecho a una vivienda digna. Y como ustedes saben, a la hora de defender la Constitución, a los socialistas no nos gana nadie.
Eva Bravo Barco es diputada del PSOE en el Congreso y portavoz en la Comisión de Vivienda del Congreso.
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