Susana Díaz está sufriendo. Un grupo de 40 taxistas ha bloqueado la entrada a un acto público en uno de los feudos del susanismo, donde hasta hace poco las obras menores se otorgaban a las asociaciones de vecinos, controladas por militantes del PSOE, que decidían quién arreglaba las aceras, las farolas o los semáforos del pueblo.
San Juan de Aznalfarache, situado en el área metropolitana de Sevilla, es el lugar donde Verónica Pérez, secretaria general del PSOE en la provincia hispalense y 'máxima autoridad' durante la guerra civil del susanismo contra Pedro Sánchez, fue concejal con 21 años y su actual alcalde cobra más que la mismísima alcaldesa de Madrid. 4.500 euros al mes por gobernar un pueblo de 21.000 habitantes, pero los violentos son los taxistas que defienden el pan de sus hijos.
En este feudo histórico del susanismo, donde los cargos se heredan de padres a hijos y para trabajar en el ayuntamiento tienes que estar afiliado al PSOE, los taxistas le han boicoteado a Susana Díaz un acto electoral del PSOE a empujones, gritos y con una maceta rota como parte de lesiones. Nada más clausurar el evento, la propaganda de los periodistas cortesanos, al servicio de un PSOE que se gasta más en propaganda institucional a medios de comunicación que en pensiones no contributivas, se han puesto a (des) informar sobre lo ocurrido y hablan de los manifestantes como si fueran peligrosos terroristas.
"Democracia", "libertad", "no violencia", "tolerancia" y palabras grandilocuentes que minimizan el daño que están sufriendo los taxistas por la decisión del PSOE andaluz, al contrario que el Gobierno de Pedro Sánchez, de privilegiar la llegada de coches negros de las multinacionales monopolísticas que tributan en paraísos fiscales, que pagan sueldos de miseria y arruinan los sectores productivos donde trabajan la gente sencilla que le paga el sueldo a Susana Díaz y a toda su cohorte de ofendidos y demócratas de pega.
Lo que no admite la democracia es la desigualdad, la precariedad y el uso de las instituciones para privilegiar a multinacionales piratas que se hacen de oro valiéndose de la no regulación y prácticas abusivas. La libertad sin igualdad es violencia. Durante el atentado de Barcelona, mientras los taxistas estaban gratuitamente llevando a heridos y familiares de éstos a los hospitales, Uber y Cabify cobraban 300 euros a los barceloneses que querían ir hasta el Aeropuerto del Prat.
Ese es el compromiso con la sociedad que tienen estas multinacionales monopolísticas en el momento más duro que puede sufrir una ciudad, de la que se enriquecen a costa de empobrecerla. Los taxistas, que están siendo vilipendiados por los medios de comunicación que reciben ayudas públicas gracias a los impuestos que paga el sector del taxi, no sólo están defendiendo el pan de sus hijos, que ya de por sí sería justo, están haciendo algo mucho más importante: plantarse ante el modelo económico neoliberal que defiende Susana Díaz y que significa arruinar la economía andaluza y española para ponérsela en bandeja a capitales extranjeros que vienen a piratear nuestra legislación laboral vigente y nuestros pactos de convivencia.
Mientras una licencia de taxi en Sevilla cuesta 70.000 euros, Uber o Cabify sólo tienen que pagar una tarifa de 36 euros para poder operar. Mientras los taxistas tienen horarios estipulados por los ayuntamientos, Uber o Cabify tienen todo el día conectados a un móvil a un trabajador pobre, incluso de madrugada. Es la esclavitud vestida de economía digital.
Mientras los taxistas tienen precios que se deciden democráticamente en un pleno municipal, Uber y Cabify te cobran 50 euros por un servicio al Aeropuerto de Sevilla un día laborable de lluvias y mucho tráfico. Un trayecto que en taxi cuesta 22 euros, menos de la mitad.
Los taxistas son la última barrera frente a la voracidad de las multinacionales monopolísticas que tienen a mujeres trabajando en la ayuda a la dependencia a 4 y 5 euros la hora mientras la Junta de Andalucía le abona a la multinacional 13 euros por hora. Este sistema económico, que Susana Díaz patrocina desde su Gobierno, quiere una sociedad de kellys explotadas, empastilladas y que hagan cola en Cáritas después de salir de trabajar.
Violencia es empobrecer a las gente sencilla y trabajadora de nuestro país para que se hagan ricos los grandes capitales extranjeros. Violencia es arruinar los sectores productivos de un país que pagan impuestos religiosamente y contribuyen al pago de la sanidad, educación y los sueldos de los políticos. Violencia es que el 60% de los andaluces cobre menos de 1.000 euros y el 4 de cada 10 andaluces no lleguen ni a ingresar 650 euros al mes.
Violencia es la campaña de publicidad de Uber y Cabify contra criaturas que echan cada día 12 horas de trabajo, que han pedido un préstamo para pagar la licencia del taxi y que, después de pagar autónomo, IVA y demás impuestos, ingresan poco más de 1.000 euros euros con los que sacan adelante a su familia.
Violencia es empobrecer a un país, no bloquear una puerta de un mitin de un partido político. Violencia es romper la vida de una familia a base de empobrecerla y no tirar una maceta. Los derechos de los trabajadores no se han defendido nunca en Change.org ni haciendo una perfomance, sino señalando y haciendo huelgas para que quienes empobrecen se den cuenta del poder que tiene la gente sencilla cuando se organiza.
Más taxistas, por favor, y ya veríamos cómo recuperaríamos los derechos que nos han arrebatado y que han situado a Andalucía como la segunda región más desigual del segundo país más desigual de la OCDE. En un país donde el 84% de la carga fiscal recae en la gente que vive de su salario mientras le abren las puertas a multinacionales con sedes en paraísos fiscales, pocas macetas se rompen, pocos actos se boicotean y pocos gritos se dan. Más taxistas, por favor.