Cada minuto ocho personas lo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el terror.
Cada minuto ocho personas lo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el terror. El actual conflicto en Siria, así como las crisis en Iraq, Ucrania, Sudán del Sur, la República Centroafricana, la zona nororiental de Nigeria y zonas de Pakistán, han llevado a un crecimiento y una aceleración sorprendentes de los desplazamientos forzosos en todo el mundo.
Una creciente oleada de personas desarraigadas busca protección frente a la persecución y la violencia. Muchos no tienen más opción que intentar conseguir su seguridad utilizando medios peligrosos, como ha demostrado el marcado aumento de los viajes en barco por el Mediterráneo, Asia sudoriental y otras zonas del mundo.
Al mismo tiempo, muchos conflictos de larga duración siguen sin resolverse. Más de la mitad de la población saharaui vive desde hace décadas en campos de refugiados, y el número de personas refugiadas que pudieron regresar a su hogar el año pasado fue el más bajo en más de tres decenios.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) asegura que al menos 218.000 inmigrantes y refugiados cruzaron el Mediterráneo en bote el año pasado. De ellos, unos 3.500 murieron en la travesía. Entre 2000 y 2013, más de 23.000 personas perdieron la vida mientras intentaban alcanzar el viejo continente, lo que supone una media de más de 1.700 fallecimientos documentados cada año. En total, alrededor de 26.000 muertos en 14 años. Las cifras reales, en cualquier caso, no se conocerán nunca, ya que muchos cuerpos se los traga el mar. Y ante todo esto encontramos las debilidades de la respuesta europea. Europa tenía que haber actuado para minimizar la cuestión de las personas refugiadas in situ, evitando el sufrimiento que para las personas supone la huida de su país.
La propuesta de que por cada persona refugiada siria que sea devuelta a Turquía desde Grecia se reasiente a otra también siria en la UE es inmoral y carece de fundamento jurídico sostenible. Lo que verdaderamente implica esta medida es que cada plaza de reasentamiento en la UE dependa de que otra persona siria arriesgue su vida embarcándose en la mortal ruta por mar a Grecia.
El acuerdo se justifica con la definición de Turquía como “tercer país seguro”. Sin embargo, dado manifiesto por las personas refugiadas que el proceso de determinación del estatuto de refugiado se basa en circunstancias individuales, ningún país de origen puede calificarse como “seguro” en términos generales. De aplicarse este concepto, se trasladaría la responsabilidad a terceros países que, a menudo, no tienen en cuenta todos los aspectos necesarios en las solicitudes de asilo y por lo tanto pueden incurrir en la discriminación de algunos grupos de personas refugiadas o, incluso, en la expulsión posterior de las personas a su país de origen, violando el principio de no devolución consagrado en la Convención de Ginebra, que indica que no pueden ser devueltas a países donde corren peligro.
Desde comienzos de 2015 hasta ahora, una cada tres personas que llegan a Europa es un menor, muchos de los cuales se encuentran sin escolarizar. El acuerdo supone la vulneración de derechos fundamentales de la infancia, como el derecho a la consideración primordial de su interés superior, además del derecho a la vida en familia, el derecho a la educación o a la salud. La Convención de los Derechos del Niño es muy clara en relación con la protección especial que deben tener los menores refugiados o que soliciten asilo.
También las mujeres sufren las consecuencias de esta crisis. Mujeres expuestas al acoso, la explotación y la violencia sexual durante el viaje hasta Europa y en suelo europeo, embarazadas, personas con discapacidad y enfermas que no reciben asistencia médica especializada, etc.
El acuerdo no hace frente a la situación de las personas más vulnerables y una vez más vuelve a dejarlas completamente desprotegidas. En tiempos como estos es esencial que los gobiernos y las sociedades de todo el mundo renueven su compromiso de brindar refugio y seguridad a aquellos que lo han perdido todo como consecuencia de un conflicto o de la persecución.
Ahora se impone tomar medidas a corto y medio y largo plazo. A corto plazo y con urgencia, preparar el flujo de estas personas y acogerlas en nuestros territorios, solo en España ya son más de 50 las ciudades que se han declarado ciudades de acogida, mientras soportan la inanición de un Gobierno que hace oídos sordos a esta solidaridad manifiesta y no realiza los trámites para la venida de estas personas. A medio y largo plazo se trata de realizar políticas de integración y de hacer políticas enfocadas a solucionar en el origen el problema que causa este desastre humanitario.
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