No hay duda de la legitimidad y justicia de las reivindicaciones del campo andaluz. Las medidas aprobadas por el Gobierno de coalición, entre otras, la reforma de ley de cadena alimentaria para garantizar la rentabilidad de las explotaciones agroalimentarias van en la dirección correcta, lo mismo que la reducción de número de peonadas para acceder al subsidio agrario, pero solo esto no resuelve la situación socio laboral real que existe y que requiere una actuación inmediata que no admite más dilación. Me refiero a los campamentos de personas trabajadoras agrícolas en Andalucía, a las que se les imponen unas condiciones de vida y trabajo miserables, absolutamente incompatibles con un Estado de Derecho, los Derechos Humanos y la dignidad humana. Es del todo intolerable y las empresas agrícolas andaluzas no pueden obviar tal circunstancia.
No solo hay que pedir justicia y solución para una parte del problema. Si por un lado se está reclamando, con razón, que no se puede vender a pérdida, por otro no se puede admitir que solo manteniendo unas condiciones de explotación humana es posible obtener beneficio empresarial, hecho este que los poderes públicos no pueden obviar y mirar para otro lado, especialmente la Junta de Andalucía, cuyo Parlamento y Gobierno deben actuar de forma decidida para regularizar tan vergonzosa realidad. La Andalucía campesina y rural no es eso que no se ve, pero que está y no se dice. Andalucía está vinculada a su campo, a su agricultura, no se puede entender la una sin la otra pero, también, en términos de justicia social y económica.
El campo andaluz no es un mar de plástico y hormigón recubierto de humus que se riega con agua fertilizada, como acertadamente se viene argumentando, todo con la finalidad de asegurar un consumo masivo de productos agrícolas con varias cosechas al año que controlan las grandes corporaciones y multinacionales que, dicho sea de paso, para nada les importa el campo andaluz y les es irrelevante la Política Agraria Común. La agricultura andaluza, tal y como lo interpretamos las personas de aquí, es una de nuestras mejores reservas de vida de Andalucía, es parte de nuestra riqueza pasada, presente y, por supuesto, de nuestro futuro y una de las herramientas más útiles para impedir el vaciamiento de nuestros pueblos y la aglomeración artificial en las urbes, que en ningún caso es la solución.
Por tanto, no solo hay que romper con las prácticas nocivas de la cadena alimentaria, también con la dictadura de esas multinacionales que, por un lado, venden nuestros productos a toda Europa con altos precios de mercado y por otro importan masivamente productos de otros países, sometiendo a unos y otros a la precariedad, también a las personas agricultoras y trabajadoras del campo andaluz y de aquellos países. Lo que afecta muy negativamente al resto de comunidades agrarias de todo el Estado español, por eso es tan importante la unidad que se ha conseguido para ir sentando las bases de una política agraria justa y redistributiva en contraposición a la cadena de capitalización que devora la economía agraria real, que para Andalucía es algo esencial, de orden público.
A razón de lo anterior, y en la línea que se ha expresado por el colectivo Andalucía y Democracia, es indispensable acabar con “el destrozo de los indicadores de igualdad, desempleo, precariedad, pobreza y emigración con pérdida de población” en el campo andaluz, donde Granada juega un papel muy relevante y que se expresará masivamente en breve. Nuestra economía, la de Andalucía, no puede sustentarse solo en el turismo, ya vivimos, la seguimos padeciendo, la experiencia destructiva de la burbuja inmobiliaria, aprendamos de ello. Tenemos que caminar hacia un modelo agrario con valor añadido económico y social, sumarlo al respeto y conservación de la naturaleza y al medio ambiente, lo que para Andalucía no solo es una cuestión de supervivencia, así mismo, de articulación y cohesión territorial y eso no se consigue vaciando nuestros pueblos y llenando nuestras ciudades y hundiendo la economía agraria andaluza.
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