"Personas mayores que han hecho un gran esfuerzo andando cientos de kilómetros para llamar la atención sobre un problema capital en nuestro país: el sistema de pensiones".
El viernes pasado, los aplausos enfervorecidos de unos políticos canallas me partieron el alma. Unos, en Barcelona, a raíz de que el Parlamento Catalán aprobara, por un estrecho margen, la Declaración Unilateral de Independencia, —sí abuela, como en el treinta y cuatro cuando Companys se subió al balcón de la entonces plaza de la República para proclamar el Estado Catalán de la República Federal Española—; otros, en Madrid, tras el discurso de Rajoy en el Senado defendiendo la aplicación del artículo 155.
Y no sé por qué me afectaron tanto. Tal vez porque, aunque llevaba semanas viéndolo venir, aún creía que se impondría la sensatez, el diálogo y el interés general sobre los particulares de los partidos; o porque esa misma tarde hablé con una amiga catalana —mujer de izquierda, comprometida y luchadora— que me decía que estaba destrozada: sin compartir las tesis de los independentistas ni la de los españolistas se hallaba en tierra de nadie o porque no me terminaba de creer que hubiésemos elegido a unos políticos tan canallas e irresponsables capaces de arrojarnos al abismo y, encima, jalearse por ello.
Pero como no se puede sufrir indefinidamente sin que te dé un yuyu o te agarre la ventolera de perderte en el bosque para dedicarte a la meditación y al ayuno (que yo siempre he sido de comer…), el torbellino de emociones se va relajando. Y así, más serena, vuelvo a dirigir mi atención a algunas cuestiones que han sido sepultadas por la avalancha de noticias que, minuto a minuto, invadían los medios de comunicación estas últimas semanas.
Una de esas es la marcha por las pensiones. Una marcha que ha reunido a miles de andarines como han bautizado a las personas jubiladas y pensionistas que salieron desde distintos puntos de España para confluir en la gran manifestación organizada por CCOO y UGT en Madrid en octubre pasado. Personas mayores que han hecho un gran esfuerzo andando cientos de kilómetros para llamar la atención sobre un problema capital en nuestro país: el sistema de pensiones. Un asunto que nos debiera preocupar, y mucho, por la trascendencia que tiene para el bienestar social presente y futuro. Porque la cosa pinta fea: actualmente solo hay 1,9 cotizantes (muchos de ellos con aportaciones miserables a la Seguridad Social, acordes a unos sueldos paupérrimos) por cada pensionista; el Fondo de Reservas se ha quedado prácticamente sin reservas ya; en el 2050 los mayores de 65 años representarán el 30% de la población y los octogenarios podrían superar los cuatro millones… Pero claro, esto no es Cataluña así que los medios lo han despachado con unas pocas líneas pendientes como estaban de las bravatas del Puigdemont, por mucho que las diga en tres idiomas y desde el exilio belga (ahí no ha estado muy espabilado. ¡Mira que irse a un país monárquico cuyo rey, para más inri, se llama Felipe!) y de las españoladas de Rajoy celebradas con ese conciliador clamor de una parte de la ciudadanía de «a por ellos, oé».
Pero hay más abuela: nuevos recortes en sanidad, educación y bienestar social, mientras la deuda pública sigue creciendo… ¡Ah! y un temilla sin importancia: tras ocho años de investigación y más de un millón de folios sobre la trama Gürtel, la fiscal anticorrupción, Concepción Sabadell, expuso sus conclusiones ante la Audiencia Nacional: hay que condenar al PP y a la ex ministra Ana Mato por lucrarse con una organización corrupta porque «los acusados atentaron contra el Estado de derecho y su actuación resultará de muy costosa reparación social». Ya ves, tonterías varias. Ni comparación con el tema catalán. ¡Dónde va a parar! Nos vamos a la mierda, abuela. Lo que yo te diga…
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