Nuestra, ondeada a los cuatro vientos, sólida cultura democrática ofrece, visibles, sus grietas. Es en los momentos de mayor tensión en los que debemos defender nuestros derechos y asumir nuestras obligaciones y deberes cívicos.
Y estamos en unas semanas de fuertes fricciones en el modelo de funcionamiento que hemos acordado tener, esto es, un Estado cohesionado pero descentralizado, repartido entre un gobierno estatal y diecisiete autonómicos. Con la crisis del coronavirus, la emergencia sanitaria y la declaración del estado de alarma han aflorado, como las flores en primavera, algunas cuestiones que son dignas de analizar y valorar.
Lo primero el cortoplacismo con que la dinámica política se mueve y que todos hemos consentido. Unos gobiernos que no miran más allá de una legislatura que en la práctica no alcanza más de tres años. Un fugaz plazo cuando de implementar soluciones estratégicas hablamos. Eso tiene una implicación económica crucial: el uso de los presupuestos públicos se dedica al servicio del partido en el gobierno y el impulso de su siguiente campaña electoral. Las inversiones, los proyectos que requieran un alcance mayor llevan demasiados años encajonados. Véase, como botón, la reforma de la ley electoral o la revisión del papel de la corona.
Lo segundo, la maldita costumbre de tirar la piedra y esconder la mano o, en otros términos, alzarse al poder sin asumir la responsabilidad. Hay que traer aquí, y recordar, por ejemplo, a los hombres de negro que supuestamente enviaba Bruselas durante los negros años en los que se ha pedido a la clase obrera que se tragase como propia la crisis de una especulación financiera en la que en nada habían participado. Hoy el escudo son los científicos. No podemos permitirles que se atrincheren en la cómoda posición de las recomendaciones científicas. Se puede asumir la necesidad de tomar decisiones en momentos de incertidumbre, pero los científicos dan el diagnóstico, son los políticos los que diseñan las medidas.
Tercero, tener claro quién debe rendir cuentas, en mi opinión, todos. No es de recibo las horas de comunicación gubernamental dedicadas a justificar el autoritarismo democrático que algunos se han arrogado, ni la mínima capacidad de diálogo y empatía que otros se escudan, o peor aún, utilizan con burdos y locales fines partidistas. Un mínimo examen de conciencia tendría que ser exigible, a modo de moción de censura popular automática.
La primavera de 2020 tiene que servir en España para repensar un federalismo que cuelga hoy en la percha de dieciocho armarios y a cuyo fondo lo teníamos condenado. Para superar estas decisivas carencias que lastran el sistema, que van a ser la gran rémora para salir adelante en los próximos meses. En los próximos años.
La sociedad civil, los ciudadanos nos merecemos un modelo de Estado que construya con agilidad y rapidez un puente hacia un mejor futuro en el que estemos todos, con dignidad, con justicia social. Hemos demostrado en estas semanas una capacidad de disciplina, de ser capaces de dilucidar y elegir entre lo superfluo y lo importante. Estamos demostrando que estamos a la altura, es hora de exigirle al modelo jurídico y político que se esfuercen para alcanzar nuestro nivel.
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