Durante los últimos días hemos visto declaraciones confrontadas entre los máximos dirigentes de los partidos políticos españoles en cuanto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La semana pasada conocíamos el acuerdo al que llegaban PSOE y PP para subir su cuantía en un 8% para el próximo año. El Gobierno, apoyado por el PP y Ciudadanos, busca el apoyo del otro gran partido que sostiene el régimen del 78, un PSOE sin cabeza que ha hecho suyo este logro, pero que deja entrever, una vez más, la falta de adaptación de un partido antiguo a una realidad que ha cambiado en muy pocos años.
El 22 de noviembre, el Congreso de los Diputados tomó en consideración una proposición de ley del grupo parlamentario Unidos Podemos que pretende elevar el SMI hasta, como mínimo, 800 euros el 1 de enero de 2018 y 950 euros el 1 de enero de 2020. Actualmente la proposición de ley está en fase de enmiendas y, viendo el acuerdo alcanzado por PSOE y PP, no es descartable que quieran introducir una modificación para que la cuantía se reduzca de 800 a 705 euros, que es la propuesta de los socialistas.
El artículo 7 de la Constitución reconoce a los sindicatos el papel de la defensa y la promoción de los intereses de los trabajadores. Éstos se han mostrado especialmente críticos con el pacto alcanzado por PP y PSOE, ya que se ha realizado sin contar con ellos y, además, recortando la propuesta que acababa de ser recientemente aprobada en el Congreso y que los representantes de los trabajadores apoyan.
Es cierto que esta subida es la más alta en los últimos 30 años. Pero también es cierto que PP y PSOE parecen no haber entendido aún cuál es la dinámica del parlamentarismo. Efectivamente, el Gobierno es quién dirige la política interior y exterior de nuestro país (así lo dice el artículo 97 constitucional), pero son las Cortes Generales —Congreso y Senado— quien hace las leyes.
Antes de este escenario parlamentario sumamente fragmentado, el Gobierno apenas contaba con el Parlamento para elaborar sus políticas, pero en una lógica parlamentaria como la actual, es imprescindible que cobre el protagonismo que requiere la Cámara de los diputados y la Cámara de los senadores. Con este acuerdo, PP y PSOE han ido en contra de la decisión adoptada por el órgano que representa la soberanía popular y se han intentado colocar un peldaño por encima de ésta.
Esta no es una victoria. Es la resistencia del PP a entender que una nueva época ha llegado y que ya no tiene el rodillo de la mayoría absoluta. Es la resistencia del PSOE a comprender que ya no tienen la legitimidad suficiente para considerarse oposición y que con quien deben aliarse no es, precisamente, con la derecha, a no ser que se consideren uno más de ellos. Es la resistencia a la voz del pueblo que reclama salarios dignos y empleos justos para la gente. Es la resistencia de concebir que los acuerdos se han de dar con diálogo y debates en el seno de las Cortes Generales y no en los despachos de los partidos políticos.
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