Que la demanda de servicios sociales se ha disparado en los últimos años es una realidad en el conjunto de Andalucía y lo es también en Cádiz. Y no lo es sólo por las peticiones de prestación económica para atender necesidades básicas como alimentación, suministros o vivienda. Sino que la prolongada situación de crisis con la que nos han castigado quienes se benefician de ella, ha provocado crecientes y complejas situaciones de exclusión social. Son situaciones que pueden explicarse por el paro laboral de larga duración, trabajos en condiciones superprecarias, la falta de vivienda o el desajuste convivencial en esos contextos. Circunstancias de exclusión y complejas problemáticas que afectan muy especialmente a los sectores de la población más vulnerables: mujeres, niños, personas presas, mayores, dependientes o inmigrantes.
No hay respuestas a estas realidades. Debemos decir sin tapujo que estas cuestiones que afectan a derechos fundamentales y que son precisamente de su competencia, no encuentran respuestas, ni actuaciones, ni políticas presupuestarias suficientes y adecuadas en la Junta de Andalucía. Garantizar el Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía -como tantos otros temas que afectan a nuestra gente- es un objetivo que permanece en la nube de los deseos alejados de las políticas concretas. Exactamente igual sucede con la demanda de que se reconozca como derecho objetivo, es decir que unos Servicios Sociales suficientemente dotados y asegurada su financiación presupuestaria se reconozca como derecho fundamental de las personas
Por eso hoy en día el Sistema Público de Servicios Sociales no da respuesta a la creciente demanda de asistencia que la población le plantea: faltan recursos, los servicios están desbordados, las listas de espera -allí donde no se han camuflado como en Cádiz- se han multiplicado, y ni tan siquiera se puede garantizar la cobertura de las necesidades más básicas. La ruptura de la cohesión social es ya una realidad.
Ciertamente los ayuntamientos que tienen alguna voluntad -que lamentablemente no existe en todos ellos- de afrontar esta realidad que describimos, tienen a su vez enormes dificultades objetivas para resolverla. En el caso de Cádiz recuérdese la deuda heredada del período del PP que hipoteca muchas posibilidades, o los límites impuestos por el gobierno del mismo partido, el PP, para la contratación de nuevo personal.
Partiendo pues de la existencia de aquella voluntad referida, había pues que echarle imaginación porque la gente vulnerable no podía seguir -no puede seguir- esperando. Nadie pensaba en milagros de la noche a la mañana, porque todos éramos conscientes de esas dificultades objetivas. Si, en cambio, se podía esperar que se apuntasen caminos por los que transitar, líneas de trabajo que seguir y fórmulas para sortear o paliar las dificultades y límites existentes. Para el nuevo equipo de gobierno de la ciudad que tanta gente apoyamos, era obligación ineludible mejorar en este ámbito la situación heredada del PP.
Pero para ello, era imprescindible, en primer lugar, que las cuestiones sociales se considerasen de “máxima prioridad presupuestaria” como se afirmaba en el compromiso de gobierno. Y eso, es obvio que no ha sido así. No es muy compatible con que la prioridad se sitúe al servicio de la reducción de la deuda heredada. Además, se comprende que no es fácil porque en una ciudad son muchos los intereses legítimos que presionan exigiendo soluciones a sus problemas o aspiraciones. Pero prioridad máxima es prioridad máxima y las necesidades acuciantes de la gente, de nuestra gente, debería estar por encima de otras consideraciones, y los ejemplos podrían multiplicarse en estos dos años.
Algunos sectores muy vulnerabilizados requerían además atención preferente e inmediata y no se podían postergar ni dilatar las soluciones. Se contaba con colectivos de amplia experiencia, un buen número de personas voluntarias y con un instrumento de participación mínimamente engrasado. Hablamos de las personas sin hogar, para los que resulta imposible entender estos dos años perdidos. No se ha podido hacer peor.
Resulta difícil de comprender cómo no se ha conseguido mejorar y agilizar la atención de las personas demandantes de servicios sociales, hacerla más humana e incluso personalizada. Desde los locales físicos existentes, la organización del servicio por zonas, la ventanilla única, la simplificación de los trámites, la gestión de las citas o que la atención primera deje de estar en manos de un guardia de seguridad.
Tampoco es fácil de entender cómo no se ha podido ni siquiera esbozar el compromiso de gobierno de “elaborar un reglamento de prestaciones sociales con ampliación, agilización y revisión de las distintas prestaciones existentes y agilización en la atención de los Servicios Sociales y en el pago de ayudas”
También resulta complicado explicarse cómo es que se han terminado casi por bloquear los mecanismos de participación social. Había que revisarlos sin duda, impulsar nuevas fórmulas, empezando por aquellas que permitiera la aportación que podría ser muy enriquecedora de los propios usuarios del servicio. Pero -por el contrario- no ha habido dinamización ni ideas creativas de participación, sino inexplicablemente bloqueo de las existentes.
Para la APDHA ha sido duro tener que hacer público un análisis como este. Mas aún cundo temíamos la posibilidad de que fuera usado políticamente, como ha sucedido. En este sentido resulta una desfachatez que el PP se atreva criticar los servicios sociales, cuando buena parte de la situación que padecen se debe a su gestión. Resulta cínico que los mismos que han regalado a la banca miles de millones de euros que no se recuperarán, tengan la desfachatez ahora de señalar que en Cádiz se “está priorizando el pago a los bancos por encima del pago de las ayudas sociales”.
Pero, pese a ello, cuando se trata de las personas más desfavorecidas, no queda más que manifestar nuestro desacuerdo. Y la verdad es que hemos llegado al convencimiento de que a los problemas que sufren los servicios sociales, como dificultades presupuestarias, falta de personal, medios insuficientes o incremento de la demanda, se une desgraciadamente una gestión técnica y política sin un norte claro.
Así no se puede seguir. La dignidad y derechos de quienes necesitan de la atención de los servicios sociales, nuestra gente, no pueden continuar siendo ignorados.
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