De alargarse más el conflicto, es probable que el pueblo saharaui tome decisiones fuera de la diplomacia debido a su hartazgo. Sería responsable la comunidad internacional, que ha permanecido impasible ante la violación permanente de Derechos Humanos del reino alauí.
Durante los pasados 12, 13 y 14 y de abril tuve la oportunidad de participar como ponente en la I Conferencia Internacional de Jóvenes y Estudiantes en Apoyo al Pueblo Saharaui, organizada por la UESARIO (Unión de Estudiantes de Saguia el Hamra y Reio de Oro) en el campamento de refugiados de Dajla. En ella se trató, principalmente, el expolio de los recursos del territorio del Sáhara Occidental, último territorio pendiente de descolonización en África, del que España es responsable jurídicamente desde el punto de vista del Derecho Internacional como potencia colonizadora de dicho espacio.
En estos días expliqué la posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su última sentencia de 21 de diciembre de 2016 que, aunque no otorgue la razón al Frente Polisario (que pretendía anular la Decisión por la cual se aprobaba el conocido como Acuerdo de Pesca entre Marruecos y la UE), sí que da una victoria al pueblo saharaui en todos los términos.
Dicha resolución explica que la UE, en todo caso, en la firma de cualquier acuerdo internacional, ha de tener en cuenta los principios previstos en la Convención de Viena de Derecho de los Tratados. En concreto, entre otros, analiza que no se puede dejar de contar con el principio de autodeterminación de los pueblos para valorar la legalidad o ilegalidad de dicho Acuerdo euromediterráneo. El Poder Judicial europeo recuerda a los Estados y las demás instituciones comunitarias que nunca se ha reconocido ningún tipo de soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, dado que tanto la ONU como la Corte Internacional de Justicia ya declararon en su día que este era un territorio no autónomo pendiente de descolonizar y el Estado responsable para hacerlo era España.
Asimismo, explica que, según el principio de efecto relativo de los Tratados, los Tratados no deben perjudicar ni beneficiar a terceros sin su consentimiento. El único representante legítimo del pueblo saharaui, reconocido incluso por Marruecos para cualquier tipo de negociación, es el Frente Polisario (como también examina el propio Tribunal) y éste, en ningún caso, ha prestado su consentimiento con la UE para que ningún tipo de acuerdo se pueda aplicar al Sáhara Occidental, que es un territorio tercero, sobre el que Marruecos no tienen ningún tipo de poder legítimo, aunque actualmente ejerza una ocupación militar sobre el mismo.
Por estas razones, entre otras, la máxima instancia judicial comunitaria determina que dicho Acuerdo entre la UE y Marruecos en ningún caso se puede aplicar al Sáhara Occidental.
Esta determinación formulada por una de las instituciones más importantes de la UE seguro que tendrá consecuencia en el futuro, que aún son difíciles de descifrar. Para comenzar, ningún producto proveniente del Sáhara Occidental con etiqueta marroquí podría desembarcar en cualquier Estado europeo, aunque ello ya ha ocurrido en Francia. Ante estos hechos, la justicia siempre es lenta, pero al Frente Polisario le queda la opción de solicitar a la Comisión Europea que, dado el caso, interponga un recurso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para obligar a los Estados miembros a que cumplan lo dispuesto en la sentencia y los sancionen en caso de que no fuera así.
Se abre, de esta forma, una ventana de oportunidad para la solución diplomática de un conflicto que ya dura demasiado, más de cuarenta años, y que, de alargarse mucho más, es probable que el pueblo saharaui tome otras decisiones fuera de la diplomacia como consecuencia de su hartazgo, de las que sería responsable la comunidad internacional que ha permanecido impasible ante la violación permanente de Derechos Humanos del reino alauí contra la población saharaui.
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