María Alonso. Attac Jerez
En España tenemos un grave problema con el gobierno del PP, no sólo por su política económica austericida, también por los recortes a los derechos democráticos. Nunca le gustaron las libertades y aún menos la libertad de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su maternidad.
En el año 2010 se aprobó lo que se llamó la ley Aído, esta ley fué sometida al Comité de Bioética que emitió un informe favorable. Los argumentos eran los siguientes :
1.- Reconocimiento de la libertad de la mujer para decidir
2.- Seguridad jurídica. Se despenaliza la interrupción voluntaria durante las 14 semanas del embarazo.
3.- Poner coto a la posibilidad de realizar abortos tardíos ya que había que ampararse en el argumento de un informe sobre la salud psíquica de las mujeres.
4.- En el caso de menores de edad el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo, les corresponde exclusivamente a ellas (después de una gran polémica sobre este asunto; sobre todo, por parte de los más ultraconservadores y la Iglesia) se añade que al menos uno de sus representantes legales, madre o padre, en su defecto tutores de las mujeres no mayores de edad, deberá ser informado de la decisión de la mujer.
Yo creo que la ley de plazos o ley Aído (como se le llamó por parte de la derecha en tono peyorativo e insultante) fue un progreso. Se homologaba con la mayoría de países occidentales y además ha funcionado bien sin que el tema suscitara ninguna inquietud en la sociedad. Aunque una parte de la derecha conservadora y la iglesia más intransigente sacaran cada dos por tres a gente que se oponían a esta ley de plazos.
Despenalizar el aborto es aceptar una realidad y regularla tanto sanitaria como jurídicamente. Aunque intelectualmente sea un debate en el que muchos no quieren entrar, por eso el derecho a decidir debe ser una decisión de la mujer: tanto para ser madre o para no serlo. Una decisión no es una imposición, también está regulado el derecho al divorcio y no por eso están obligados a divorciarse los que no lo deseen.
Bueno, como en nuestro país no hay problemas, viene ahora el ministro de Justicia y crea uno más y además de forma aberrante. Nada de derecho a decidir, según Gallardón y los sectores eclésiasticos que le apoyaron, ¡eso se acabó! Se hace una contrarreforma y aquí tienen que parir todas las mujeres. Con sus restricciones, su moral y su retroceso a las cavernas. A todo esto envenenando un discurso que estaba más que superado. Ahora nos dicen que no hay feto, sino un embrión recién concebido. Esta contrarreforma que defienden atenta contra la salud de las mujeres e imponen su "moral", que además tiene precio. Quién tenga medios irá a Londres y las mujeres sin trabajo (quizás porque la despidieron cuando se quedó embrazada) tendrán que poner en riesgo su salud. Incluso va más allá, tendrán que parir hijos incluso con malformaciones.
Sabemos que España no es una iglesia sino un Estado y un Estado debe crear leyes para el bienestar de sus ciudadanos/as y preservar la salud... pero este gobierno hace lo contrario y donde no había problema ellos lo crean. Y esta vez contra las mujeres volviendo a tiempos de ciudadanas de primera o de segunda. A esto le llamo la vuelta al fascismo, al menos todo apunta hacia ese lugar.
Se ha equivocado señor Gallardón: las mujeres vamos a pelear por esos derechos que tanto nos costaron conquistar y por supuesto que, ni usted ni nadie manda sobre nuestro cuerpo. Nosotras decidimos.
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