Las subvenciones son instrumentos de política pública, no políticas públicas en sí mismas. Para entender esta afirmación, considérese la siguiente cuestión: ¿qué fines persiguen las instituciones cuando conceden subvenciones, locales públicos u otros recursos a unas u otras asociaciones? La respuesta oficial de dichas instituciones suele hacer referencia directa o indirecta a su obligación de contribuir al fomento de la vida asociativa en general.
Argumentan, no sin razón, que una sociedad en cuyo seno existe un rico tejido asociativo es siempre una sociedad más dinámica, más creativa, más apta para generar oportunidades de desarrollo individual y colectivo, que los poderes públicos no siempre se hallan en condiciones de brindar. Sin embargo, podemos imaginar una ciudad con un denso y saludable tejido asociativo formado por múltiples grupos de aficionados al dominó, al macramé o a la repostería tradicional andalusí, cuya actividad no justifica abrir líneas específicas de subvención (aunque de hecho se abran).
Ello es así porque las asociaciones no son, por el mero hecho de existir, proyectos de utilidad pública. Lo son cuando actúan conforme a este criterio. Y sólo tienen no el derecho sino la posibilidad de aspirar a obtener recursos públicos, cuando ofrecen a cambio un proyecto al servicio de fines colectivos. Son esos fines colectivos los que hay que acreditar en la concesión de subvenciones. El régimen de concurrencia competitiva está justificado porque incorpora una definición expresa de objetivos de política pública, que sólo son legítimos en términos de servicio al interés general, y un mecanismo de valoración del grado en que se ajustan a dichos objetivos los proyectos concurrentes.
Y el régimen de concesión directa está justificado cuando, siendo proyectos congruentes con esos objetivos, resulta manifiestamente inconveniente o inútil establecer un procedimiento competitivo, debido a su indiscutible singularidad y relevancia. En ambos casos debe quedar igualmente acreditado que, además de ser proyectos animados por objetivos legítimos de política pública, la institución no puede cumplirlos de forma más eficiente.
Las subvenciones que ha anunciado el gobierno local del PP no han cumplido con ese requisito político, legal y moral. Por eso han sido censuradas con argumentos tan gruesos. Se ha dicho, no sin razón, que son un atropello a la legalidad. Se las ha calificado también como un gigantesco “dedazo” a favor de asociaciones políticamente cercanas o, cuando menos, neutrales. Sin embargo, es un hecho que muchas de las asociaciones beneficiarias no guardan la menor afinidad política con el PP. En mi opinión, lo que realmente subyace a estas subvenciones es lo que Fernando Pindado, una de las personas más sabias y experimentadas que conozco en cuestiones de participación ciudadana, denomina la estrategia de las dos ‘Cs’: “contener” y “contentar”.
Contener a los no cercanos, con objeto de prevenir y evitar el conflicto. Y contentar a los afines, para mantener la buena relación y para garantizar la repercusión favorable en la opinión pública de esa buena relación. La visión de muchos gobiernos locales acerca del modo de gestionar sus relaciones con el mundo asociativo y con la ciudadanía en general se resume en esos dos verbos. Creen, además, que esa es la clave de las políticas de participación ciudadana. Siendo el modelo de participación dominante un conjunto de órganos participados casi exclusivamente por asociaciones, la comparecencia de los gobernantes en tales órganos se produce casi invariablemente con esa única doble finalidad de “contener” y “contentar”.
Más aún, cuando un gobierno no tiene nada sustantivo que ofrecer (y eso es algo que cada vez se pone más ostentosamente de manifiesto en los Ayuntamientos), “contener” y “contentar” termina siendo casi lo único que puede hacer. No hallan de qué otro modo pueden seguir aspirando razonablemente a conservar el poder político local. Aquí reside la clave para explicar la triple andanada de noticias que el gobierno del PP ha producido en los dos últimos años, y especialmente en los últimos meses, con respecto a su política de subvenciones. Pergeñaron ese infumable convenio con la Unión de Hermandades, porque las habían cabreado con la decisión de endosarle el montaje de los palcos, y había que “contener” y “contentar” este singular patio asociativo, en el que además creen que se aloja un importante filón electoral. Han anunciado que bajo ningún concepto van a dejar en la estacada a las ONGs de corte asistencial porque, con el último curso político empezado, no podían dejar escapar la oportunidad de mostrar sensibilidad social.
Tenían que asegurar la repercusión en la opinión pública de su estrategia de “contener” y “contentar” a este tipo de organizaciones. Por eso hicieron del acto de concesión de ayudas un insólito evento, digno de ser cacareado a los cuatro vientos, sin antecedentes en la historia democrática del Ayuntamiento. Y por último se han sacado otro conejo de la chistera: esa macro-convocatoria destinada a “contener” y “contentar” al resto de sectores asociativos, con el grifo de las subvenciones cerrado desde 2009, asegurando de antemano que todas serán subvencionadas casi por el mero hecho de existir y acreditar un mínimo de actividad. Pero “contener” y “contentar” no dejan de ser términos que denotan pasividad.
De hecho, lo que está siempre y clamorosamente ausente en las estrategias basadas en la conjugación de esos dos verbos es la visión proactiva de la política: la política con objetivos definidos, en la que se hace patente la iniciativa y la creatividad de nuestros gobernantes, que toma cuerpo cuando se anuncian y se defienden dichos objetivos, y que sólo se hace legitima cuando se aplica al servicio de fines de indiscutible utilidad pública. Por el contrario, las políticas de subvenciones de este, de anteriores y de cientos de gobiernos locales en toda España, simplemente se abstienen de empezar por el principio, por la definición de los fines de utilidad pública que persiguen y en los que supuestamente tratan de confluir con la iniciativa y la creatividad del mundo asociativo.
Son políticas mediocres de gobernantes mediocres, sin más ambición que la de mantenerse como puedan en la cuerda floja del cada vez más disminuido poder local, que han renunciado a lo único que los faculta para ejercer como gobernantes legítimos: su irrevocable compromiso al servicio de Lo Público.