Las subvenciones a asociaciones sin fines de lucro constituyen una porción muy pequeña del gasto que realizan las administraciones públicas, pero muy ilustrativa de sus estilos de gobierno: dicen mucho de la forma que nuestros representantes políticos consideran que deben conferirle a sus relaciones con la ciudadanía.
A lo largo de los últimos meses el gobierno local del PP ha producido un reguero de noticias relacionadas con las tres grandes decisiones que ha adoptado en materia de subvenciones: el insólito convenio con la Unión de Hermandades, suscrito en 2013, y su necesaria reformulación motivada por reparos de forma interpuestos por la Intervención municipal; el paquete de convenios de más de seiscientos mil euros distribuidos entre 51 ONGs locales de acción social y asistencial, ostentosamente escenificado en un acto de reparto de cheques sin precedentes; y la no menos insólita convocatoria abierta al resto de sectores asociativos, de la que sabemos que se van a beneficiar más de 350 entidades, agrupadas en seis líneas, con subvenciones por importe preasignado en cada una de dichas líneas, es decir, sin tomar en consideración la naturaleza de las actividades con que concurren las diferentes asociaciones. Han sido decisiones controvertidas por la inconsistente justificación dada a su tramitación conforme a uno de los procedimientos que establece la legislación vigente: el extraordinario de concesión directa (la última convocatoria se traduce en la práctica también en subvenciones por esta vía), frente al ordinario en forma de convocatorias públicas basadas en el principio de concurrencia competitiva, en las que la concesión e importe de la posible subvención se hallan condicionados a una estricta valoración del correspondiente proyecto. La alcaldesa, en su defensa de unos modos de hacer general lo que la ley dice que solo puede ser excepcional, ha descalificado las convocatorias públicas que efectuó el gobierno local anterior, asegurando que fueron una simple pantalla para justificar reprobables prácticas clientelares.
La última de esas convocatorias tuvo lugar en 2009. En aquella ocasión, segunda en la que se reunieron en un solo acto las convocatorias que venían realizando por separado diferentes áreas municipales, se abrieron once líneas de ayudas a proyectos asociativos. En realidad eran dieciséis, dado que en dos áreas, Servicios Sociales y Deportes, se abrían varias sublíneas distintas.
En al menos nueve de esas dieciséis líneas, las áreas municipales responsables consensuaron previamente las bases de la convocatoria con asociaciones del sector, que realizaron e incorporaron propuestas principalmente referidas al sistema de evaluación de proyectos. Dicha evaluación se efectuaba con arreglo a un baremo público común formado por catorce ítems, ocho referidos al proyecto y seis a la entidad concurrente, de cuya aplicación resultaba una determinada puntuación, que a su vez determinaba el importe de la subvención. En al menos cinco líneas, existía además un baremo secundario, a modo de guía orientativa para otorgar puntaciones altas, medias y bajas, dentro de los márgenes establecidos en cada uno de los ítems integrantes del baremo principal.
En siete líneas el importe final de la subvención quedaba matemáticamente vinculado a la puntuación final obtenida por cada proyecto, mediante una regla de tres que establecía una relación proporcional directa entre la puntuación otorgada y el importe de la subvención. En otras cuatro líneas la fórmula quedaba abierta a lo que determinaran, de mutuo acuerdo, los técnicos municipales y los representantes asociativos que participaron en la valoración de proyectos. Porque, y aquí reside lo más importante, en nueve de las dieciséis líneas se introdujo un mecanismo adicional y absolutamente excepcional para garantizar de forma incontestable la transparencia del proceso: siguiendo el ejemplo de la convocatoria que venía haciendo el área de Participación Ciudadana desde 2005, la valoración de proyectos se hacía en el seno de comisiones mixtas, formadas paritariamente por técnicos municipales y representantes de asociaciones, teniendo todos sus miembros idéntico peso a la hora de establecer la puntuación final. La tarea de esas asociaciones no consistía sólo en evaluar proyectos, sino en fiscalizar desde dentro la tramitación íntegra del procedimiento.
Todo esto consumía mucho tiempo y esfuerzo, no sólo a los técnicos municipales sino a las asociaciones que se implicaban voluntariamente en el proceso. Todo esto es lo que, de forma sorprendente, la alcaldesa ha descalificado públicamente diciendo que constituía un ejercicio de clientelismo, frente a la supuesta transparencia de sus subvenciones por concesión directa. La política municipal de subvenciones del anterior gobierno, no obstante, tampoco fue absolutamente modélica.
Como he dicho, no todas las áreas municipales fueron igualmente valientes a la hora de incorporar mecanismos de transparencia basados en la fiscalización interna del proceso a cargo de representantes asociativos. Las bases de la convocatoria fallaban en un sentido: permitían que toda asociación concurrente tuviese virtualmente garantizada una subvención, aunque fuese por un importe muy pequeño, con la sola condición de no incurrir en supuestos evidentes de incompatibilidad, y aunque sus proyectos fuesen de ínfima calidad y escaso interés público.
Y sobre todo seguían existiendo, al margen de la convocatoria pública, puertas abiertas a subvenciones por concesión directa que no merecían tal consideración. Pero no puede ponerse en duda que se dieron pasos importantes, con una orientación clara hacia la transparencia y hacia el riguroso ajuste de las subvenciones a criterios que se hacían públicos, y que se hallaban estrictamente ligados al interés social de las actuaciones que se subvencionaban. La alcaldesa y el gobierno local del PP parecen creer que actuar con transparencia consiste en anunciar sin complejos la tramitación de convenios de subvenciones por concesión directa, aunque después regatee o ignore exigencias para que se hagan igualmente públicos y accesibles los expedientes completos de dichos convenios, tal como igualmente prescribe la ley. Así dejan ocultas las razones que supuestamente motivan el recurso a este procedimiento excepcional, razones que han debido invocarse en cada caso y que han debido ser respaldadas expresamente por técnicos municipales.
Si de verdad querían actuar con transparencia, espejos tenían donde mirarse. Con su comportamiento, en cambio, han hecho una ostentosa exhibición de esa conciencia de impunidad que preside la actuación de tantos gobernantes, sin tomar en consideración una realidad social y política que ya es un hecho irreversible: la repugnancia y la indignación que cada vez en mayor medida sentimos los ciudadanos ante la opacidad en la gestión de nuestros asuntos.
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