La memoria histórica ante el 18 de julio en Jerez

El baño de sangre, capitaneado por el comandante de caballería Salvador Arizón Mejías, debió causar al menos unas 600 personas asesinadas

Salvador de Arizón, responsable militar del golpe en Jerez.
Salvador de Arizón, responsable militar del golpe en Jerez.

En Jerez las fuerzas conservadoras encabezadas por grandes terratenientes y empresarios, más el ejército, los falangistas y la iglesia católica de entonces, fundamentalmente, hicieron todo desde el minuto uno para ejecutar el golpe militar que los generales africanistas habían planeado contra la II República y contra los proyectos emancipadores del movimiento obrero. Porque Franco y los suyos, y esto es muy importante tenerlo presente, no solamente dispararon contra una forma de estado, el estado republicano, sino especialmente contra una forma alternativa de concebir las relaciones humanas y la cultura, es decir, contra toda filosofía de progreso, de libertad, de conciencia crítica de la realidad, de espíritu científico, de defensa de la igualdad y los derechos humanos. Por eso, no lo olvidemos, tantísimos maestros y maestras republicanos, que enseñaban esos valores, caerían en los paredones de fusilamiento. Por tanto, no fue solo un golpe militar contra una forma de estado, fue, más allá de eso, un podrido grito de viva la muerte, de Santiago y cierra España, de sentimientos genocidas ejecutados contra quienes se habían atrevido a denunciar la sociedad piramidal que mantenía, desde siempre, en la pobreza y la oscuridad al 90% de la población. Exterminar cualquier impulso de cambio social, esa era la cuestión para los fascistas, como ya estos habían demostrado en Italia y Alemania.

Rápidamente en Jerez pasaron por las armas a la mayoría de los concejales republicanos y al alcalde Antonio Miguel Oliver Villanueva, 17 personas, al tiempo que organizaban un inmenso baño de sangre en todo el término municipal, incluyendo un campo de concentración en el cortijo de Vicos y centros de detención y tortura como la cárcel de Belén y el Alcázar. Este baño de sangre, capitaneado por el comandante de caballería Salvador Arizón Mejías, debió causar al menos unas 600 personas asesinadas, gran parte de los cuales asesinatos los memorialistas hemos podido documentar.

La silenciosa guerra, una cruenta guerra de retaguardia, practicada por los despiadados militares, falangistas y milicias nacionales se desarrolló en Andalucía occidental, bajo la batuta criminal de Queipo de Llano, en forma de carnicería humana, sobrepasando ampliamente los límites de lo que cualquier persona hubiera podido imaginar. No solamente se mató selectivamente para asustar a la población o a la militancia de izquierda, se mató sin límite para exterminar de raíz cualquier idea contraria al nacionalcatolicismo parafascista que sostenía las ideas que los generales sublevados habían suscrito para reconstruir esa sociedad patriarcal, catolicista, clasista y dictatorial de siempre, la misma sociedad que coronó, por los mismos motivos, la plaza del Arenal con la estatua ecuestre del dictador Primo de Rivera.

El lamentable error de la Transición de silenciar estos acontecimientos históricos, olvidando los cuerpos de quienes yacen todavía en tantas cunetas y fosas, ha hecho que la cuestión de la memoria histórica se haya constituido desde hace unos años en un referente político ineludible para revisar a fondo nuestro devenir como sociedad y nuestros fundamentos democráticos. Pero aún algunos se atreven a llamarnos rencorosos a quienes defendemos que hay que sacar a Franco del Valle de los Caídos, que hay que sacar a Queipo de Llano de la basílica de la Macarena, o que hay que sustituir la lápida rebosante de honores militares del comandante Arizón Mejías en el cementerio municipal de Jerez por otra simplemente con su triste nombre. Aún algunos se empeñan en imponernos, aunque ya nunca lo lograrán, que hay que cerrar heridas por la vía de la “conciliación”… es decir, del silencio y de la impunidad.

Lápida de Salvador Arizón en el cementerio de Jerez.

Yo no tuve ningún familiar directo a quien fusilaran o golpearan o depuraran o envenenaran o robaran o maltrataran o amenazaran o desterraran, aunque conozco relativamente bien los apuros que debió pasar mi abuelo Miguel, que fue presidente de un sindicato en los años 30, para que no lo mataran; así como sé que en su casa, bien a escondidas, se sintonizaba radio La Pirenaica. Como también mi padre me contó el daño psicológico que una prima suya, hija de 'un rojo' al que mataron, sufrió en el colegio. En mi familia directa no hubo muertos, pero me acuerdo que mi padre soñaba alguna vez con los camiones que, chorreando sangre, iban de aquí para allá por el Jerez de 1936, cuando él contaba con 5 años.

Entonces, la carnicería genocida del 18 de julio en Jerez, y por eso he contado algunos de mis recuerdos familiares sobre el tema, no es un asunto que afecte solamente a las personas que son víctimas directas del franquismo, y que por ejemplo han pasado por las cárceles de 'los grises' en los años 60 ó 70 o principios de los 80, o solamente asunto de los familiares descendientes de las víctimas mortales cuyos cuerpos aún podrían quizás estar enterrados, quien sabe, en el ahora llamado Parque Scout. No. Aquella carnicería es asunto de todos los jerezanos y jerezanas que sabemos que no podemos seguir viviendo con dignidad política en una ciudad que aún mantiene, con el inaceptable silencio del gobierno municipal, en el pedestal del monumento ecuestre de Primo de Rivera a varios generales golpistas, entre ellos por ejemplo al que fue presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, cuya temible necrológica puede leerse en ABC de 20 de diciembre de 1941, el teniente general Emilio Fernández Pérez.

La memoria histórica ante el 18 de julio en Jerez exige, además de sorprenderse por que el obispo Mazuelos no haya recriminado públicamente las recientes palabras pro franquistas del que fue abad de la colegial sr. Repetto, que entre todos podamos encontrar y exhumar los restos de quienes fueron vilmente asesinados, así como darles digna sepultura. Y también la memoria histórica ante el 18 de julio en Jerez exige que el Ayuntamiento, como hizo en su momento el Parlamento de Andalucía y la Diputación de Cádiz, se adhiera a la querella argentina, elimine inmediatamente del viario público los símbolos fascistas que aún existen, etc.

Algunos querrían convertir la memoria histórica en un acto familiar, íntimo, privado, propio solamente de los afectados directamente por aquellos inhumanos asesinatos. Querrían no hacer mucho ruido y reducir las consecuencias de aquel genocidio colectivo a acontecimientos emocionales de índole familiar basados en la mera exhumación de unos cuerpos lamentablemente olvidados. Pero la memoria histórica no es eso, no es un movimiento social concebido para poder llorar, recordar efímeramente y pasar página. No es un movimiento, que surgió al margen de las olvidadizas instancias institucionales, que tenga por objetivo único la necesaria dignificación individual de aquellas personas que mataron. No. La memoria histórica es un movimiento político colectivo, aunque no partidista, que tiene que ver, sobre todo, con la convivencia democrática de todos. Porque todos fuimos brutalmente agredidos por el fascismo. Todos estamos concernidos a mantener los mecanismos políticos democráticos que impidan que aquello se repita. Todos y todas, a día de hoy, estamos llamados a cambiar la imagen de nuestra ciudad, presidida hasta ahora por un dictador en la plaza del Arenal y por un alcalde franquista en la avenida Domecq, por una imagen de libertad y de respeto a la convivencia democrática. No hay otro camino.

Erigir en Jerez un memorial a las víctimas en un lugar céntrico es necesario y es urgente, pero no para recordar asépticamente los nombres de aquellas personas que fueron asesinadas, sino para frenar el fascismo de hoy con las ideas de emancipación social y de libertad por las que aquellas vivieron, lucharon y murieron.

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