Antonio Bernal. Miembro de Attac en Jerez
“Los derechos humanos no son en España una política de Estado”. Con esta dura sentencia ha resumido Pablo de Greiff, relator de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de las dictaduras, sus impresiones acerca del trato que se le está confiriendo en nuestro país a la investigación de los crímenes del franquismo, tras una visita de diez días en la que ha mantenido contactos con autoridades del gobierno, de la magistratura y del parlamento, y con representantes de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica.
Antes de desempeñar su actual cargo, Pablo de Greiff ha sido profesor de la Universidad de Nueva York, investigador y consultor de diversos gobiernos (Guatemala, Colombia, Perú, Filipinas, Marruecos, Palestina…) para la realización de la “justicia transicional”, un concepto político y jurídico desarrollado a partir de los juicios de Nüremberg contra oficiales nazis, ligado a las Comisiones de la Verdad instituidas en casi todos los países que han superado periodos dictatoriales.
Habrá quien diga que este señor no puede tener una visión imparcial de lo que acontece en nuestro país. No deja de ser un visitante, un extraño, que ni entiende ni comparte las peculiaridades de nuestra transición. Pero es precisamente el hecho de no ser una persona impregnada del ardor de la política nacional lo que confiere a su dictamen un plus de autoridad.
Una democracia se puede definir de muchas formas, más categóricas o más gradualistas, aunque entre los expertos existe un consenso prácticamente universal en torno a la idea de que toda democracia se sustenta en dos pilares normativos imprescindibles, en forma de garantías plenas a la participación política y a la protección de los derechos humanos. Esa dimensión normativa implica que un régimen democrático no lo es porque se aproxime o supere límites o umbrales ideales, difícilmente discernibles en ambos aspectos. Pero sí autoriza a poner bajo sospecha a aquellos otros regímenes que no asuman esos pilares normativos como valores fundacionales, como “política de Estado”.
Tal como ha sentenciado el relator de la ONU, la investigación sobre los crímenes del franquismo no ha sido nunca en España una política de Estado. Sigue siendo una causa más, una expresión militante de una ideología entre tantas. No obedece a la lógica de la justicia transicional, que a su vez recibe aliento de uno de los dos grandes principios normativos de la democracia, el de protección sin regateos de los derechos humanos, porque no ha sido asumido como tal por parte de un poderoso segmento de nuestras élites políticas, hoy en el poder.
La posición que exhibe la derecha ante este asunto, su insensibilidad y hasta el desprecio que han mostrado en público algunos de sus dirigentes por quienes se empeñan en recobrar la memoria y la dignidad de las víctimas, ponen de manifiesto hasta qué punto no hicieron suya la transición. La toleraron o la aceptaron a regañadientes, ante la evidencia de lo insostenible de su posición, condenada por la presión democratizadora interna de una parte del país (subráyese lo de una parte), y por la externa procedente de nuestro entorno geopolítico. Pero no han interiorizado la significación profunda de la democracia, aquello de lo que en la práctica totalidad de los regímenes democráticos ni siquiera se discute, porque constituye un horizonte común indiscutible.
Y lo demuestran no sólo en este asunto. También en su complacencia a la hora de plegarse al dictado de la Iglesia en cuestiones como el aborto, la enseñanza pública de la religión o su excepcionalidad fiscal, o en su insoportable cinismo a la hora de afrontar cuestiones de corrupción, o al vender a todo trapo sus logros económicos, mientras ciudades como la nuestra conviven con tasas estratosféricas de desempleo.
Así, en su obstinada permanencia en la caverna, no logran ni quieren vislumbrar las luces de cuanto significa una democracia sin sombras. Y condenan a una gran parte del país a su misma ceguera.
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