"No hay que olvidar un hecho transcendental en los despachos acaecido a lo largo de la liga 91-92 que cambiaría no sólo al conjunto amarillo, sino a todos los clubes en general".
Si bien en el anterior artículo se hablada de la campaña deportiva del Cádiz en la liga 91-92, no hay que olvidar un hecho transcendental en los despachos acaecido a lo largo de la misma que cambiaría no sólo al conjunto amarillo, sino a todos los clubes en general. Fue la conversión de los mismos a Sociedades Anónimas Deportivas, o SAD.
Con el recuerdo del auténtico fiasco que resultó ser la Ley de Saneamiento de 1985, donde ya se pretendía luchar contra las deudas contraídas de los clubes y que acabaron empeorándolas, la Ley de la SAD se aprobaría el 15 de octubre de 1990. Se concibió con la idea de sanear a los clubes, controlar sus gastos, y ser más transparentes en las cuentas, pues el panorama financiero de éstos era desolador; la gestión de los diferentes clubes de fútbol, donde el oscurantismo de las cuentas, los vacíos legales y el compadreo entre ciertos presidentes, directivos y socios había dejado una deuda conjunta de casi cien millones de euros (sí, euros) en los clubes que formaban la LFP (1º y 2º División), y tan sólo cuatro equipos, Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna, presentaban cifras positivas en los tres últimos años, requisito para quedar exento de la nueva legislación y continuar siendo “clubes” de toda la vida, donde mandaban sus socios. El resto, tenían que convertirse a SAD antes del 30 de Junio de 1992 por tener las cuentas en rojo. Pero, ¿en qué consistía convertirse a SAD? ¿qué tenían que hacer los clubes?
En el tema orgánico, una SAD es, tal y como dice, una sociedad anónima. Una sociedad mercantil cuyo dueño o dueños tienen una participación en el capital a través de títulos (acciones), aportando un determinado capital sin tener que recurrir a su patrimonio personal. El socio tradicional, si quería seguir ligado al club, se debía reconvertirse en uno de esos accionistas o en abonado, un estatus más inferior donde fundamentalmente sólo alquila en cada temporada su butaca fija para ver a su equipo. Una SAD se diferenciaba de una SA normal en que aquélla debía cumplimiento y sometimiento a las instituciones y organigramas deportivos. Por supuesto, hoy sabemos que en una SAD cuantas más acciones, más peso se tiene en las decisiones del club, y si éstas superan el 50% puedes mandarlo con mayoría absoluta. Precisamente para evitar que las acciones cayeran en pocas manos, o en una sola, la Administración ideó una serie de normativas para facilitar un numeroso reparto; las acciones serían nominativas (a nombre de su comprador, sólo él respondía ante ellas), valdrían “sólo” diez mil pesetas como máximo (60 €), y las acciones de un club quedaban limitadas al número de socios en el momento de ser emitidas, o bien a un múltiplo entero de tal número. Y lo más importante, ningún accionista podía tener más del 1% del capital establecido. En lo que a saneamiento se refiere, no habría reparto de beneficios hasta que no se recuperara al menos el 50% del dinero perdido de los tres últimos años y cada modificación de presupuestos debía ser aprobada por la mayoría del accionariado.
Cada SAD pasaba a ser controlada por un consejo de administración. Ésta debía tener siete miembros comprometidos a actuar de buena fe; éstos también serían los que reunirían ante la LFP una fianza, un aval, una hipoteca o cualquier otra garantía en caso de tener que recurrir a ella en caso extremo.
El tema económico era más peliagudo. Se debían a la Administración 97,35 millones de euros (más de 16 mil millones de pesetas) entre los equipos de Primera y Segunda División, quitando a los cuatro equipos antes mencionados y a los filiales del Madrid, Barça y Athletic que estaban en ese momento en Segunda. La Administración propuso como forma de pago derivar en un 7,5% las recaudaciones que Loterías y Apuestas del Estado, con las quinielas, repartía entre los clubes, que se uniría al 1% que ya percibían. En papel parecía fácil, pero puesta en práctica resultó ser un rompecerebros de lo más entretenido. Eso, por un lado. Por otro, en septiembre del 91 se anunciaba lo que debía cada club para aportar en el Capital mínimo en la conversión a SAD, con fecha límite para el consabido 30 de junio del 92. En el aspecto de gestión, la liga 91-92 se convirtió en cada uno de los despachos de los clubes en una frenética carrera por conseguir el capital antes del término de la misma. Algunos equipos, como la Real Sociedad, Español o Valencia solucionaron su conversión más pronto que tarde sin mayores problemas. Otros equipos no lo tuvieron tan fácil. El Atlético de Madrid de Gil y Gil y de Cerezo, con 2.060 millones de pesetas, era el que más tenía que poner, y por poco no llegan a tiempo. El siguiente en la lista era el Real Betis, de Segunda, con 1.175 millones, que por poco desaparece de no ser por un tal Manuel Ruiz de Lopera. Otros equipos como Sporting, Real Burgos o el propio Cádiz recurrieron a sus Ayuntamientos. En definitiva, casi todos los equipos pudieron cubrir sus capitales mínimos con más o menos dificultades, recurriendo unos a sus propios socios, otros a instituciones públicas y otros a privadas. Tan sólo dos equipos no pudieron hacerlo; el Real Murcia no pudo reunir sus 934 millones de pesetas antes de la fecha, circunstancia que le hizo descender a Segunda B. Y el CD Málaga, inmenso en una grave crisis en la que acabó descendiendo deportivamente a Segunda B, una división sin apenas ingresos significativos, se encontraba que encima tenía que buscar 635 millones para su conversión. Simplemente, era insoportable, y el club abandonó la conversión para acabar desapareciendo, no sin antes desvincular a su filial, el Atlético Malagueño, futuro Málaga CF actual.
En el caso del Cádiz tenía que tener dispuestos 395,5 millones de pesetas (2,37 millones de euros). Viendo las cifras que se movían en Primera, la del Cádiz era de las más bajas; tan sólo el recién ascendido Deportivo de la Coruña con 378 millones (todavía no había explotado como aquél Superdépor) y el Tenerife, con 370, debían menos que el conjunto amarillo. Pero hablamos de un equipo modesto con un presupuesto bajo que había conseguido encadenar unas cuantas temporadas en Primera gracias a logros puntuales, decisiones arriesgadas y a veces a la ayuda de equipos terceros, con un bloque compuesto mayormente por jugadores canteranos o de bajo coste.
Reunir casi 400 millones se convertiría en un martirio. Irigoyen no los tenía. Los socios tampoco. De repente, pronto se advertiría que no iba a resultar tan sencillo. La afición y grupos sociales de la ciudad tampoco podían aportar el capital necesario. Y en la ciudad, tampoco había suficientes empresarios que reunieran tal cantidad, no al menos interesados. Entonces todo el mundo se acordó que Cádiz era una ciudad de escasa iniciativa empresarial donde no se podían conceder el lujo de embarcarse en “locuras” más allá que en sus propias y discretas empresas . No iba a ver un Lopera cadista que aportara el dinero requerido. A todo esto, el tiempo pasaba demasiado deprisa para Irigoyen, que además sufriría una angina de pecho en Burgos, presenciando el encuentro del Cádiz contra el equipo local, por el que tuvo que ser ingresado de inmediato en un hospital de la ciudad. Su salud ya le estaba avisando, pero se negaba a abandonar al club de sus amores a su suerte.
La temporada pasa, la promoción contra el Figueras se juega, y el domingo 21 de junio, a la conclusión del partido de vuelta, el Cádiz certificaría su permanencia en Primera División… pero sólo en lo concerniente a lo deportivo. En lo administrativo, todavía estaba la posibilidad, cada vez más cercana, de descender no a Segunda, sino a Segunda B, por no cubrir el capital.
Entrada ya en la última semana de plazo, Irigoyen recurriría a la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz. Planteó a los distintos alcaldes a que compraran 361 millones de pesetas en acciones y recolocar esos títulos antes de que acabara febrero de 1993. Parecía un acuerdo encarrilado, pero el 29 de junio, cuando sólo quedaba un día para la fecha límite, se da a conocer que la Mancomunidad no tenía poder jurídico para avalar la operación. Sin apenas margen de tiempo, Irigoyen acudió a Carlos Díaz, entonces alcalde de Cádiz.
Sobre la bocina, el 30 de junio el Ayuntamiento se hace con los títulos aun por suscribir para la conversión del club en SAD. Compró acciones por valor de 310 millones de pesetas con la garantía de recolocarlas antes del 1 de marzo de 1993, fecha impuesta por el consistorio, y recuperar así la inversión. Por lo tanto, el Ayuntamiento se convertía en el primer máximo accionista de la entidad. Las recolocaciones de las acciones se iban sucediendo poco a poco; así para finales del 92 ya se habían recolocado unos 40 millones de pesetas en acciones por parte de accionistas minoritarios, y que serían representados en el Consejo por Antonio Muñoz. No obstante, el flujo de recolocaciones era claramente lento; apenas era el 13% de las acciones que el Ayuntamiento quería recolocar, y sólo faltaban dos meses para el 1 de marzo, algo ya muy difícil. Decepcionado con no poder cumplir con la fecha impuesta, el Ayuntamiento se pone nervioso por un lado. Por otro, la nefasta trayectoria liguera del equipo en esta campaña 92-93, donde parece que, ahora sí, el equipo se va a Segunda, con las negativas consecuencias que conllevaría; la pérdida de valor de las acciones. Así pues, en mitad de esa temporada, se sustituye a Irigoyen, quien el Ayuntamiento, como máximo accionista, había permitido que siguiera siendo presidente, para colocar en su lugar al concejal Rafael Garófano. Su principal cometido, buscar a un comprador o compradores para las acciones que quedaban por recolocar. Parece ser que el cometido deportivo quedó en segundo plano, si es que hubo un segundo plano en la cabeza del concejal. Pero sobre el devenir deportivo del Cádiz en la 92-93 hablaremos en el siguiente capítulo...