El 17 de febrero de 2026, una inspectora de la Policía Nacional ratificó ante el juez titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 8 de Madrid, David Maman Benchimol su querella por presunta agresión sexual, con penetración, contra José Ángel González, exdirector adjunto operativo (exDAO) de la Policía Nacional. Este era un momento de máxima gravedad institucional que refleja la vulnerabilidad de las mujeres: una mujer policía denuncia al entonces segundo alto cargo de la Policía Nacional por violencia sexual ante un juez conocido por sus prejuicios machistas.
Al día siguiente, el 18 de febrero, ese mismo magistrado, con más de quince años de trayectoria en violencia de género, tomó la palabra en una ponencia organizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). Lo que dijo allí fue una confesión de sus prejuicios hacia las mujeres: considera a las denunciantes no como víctimas en busca de justicia, sino como estrategas que abusan de un sistema demasiado generoso con ellas, con el fin de perjudicar a los hombres.
Palabras que cuestionan el sistema y difaman a las víctimas
La Sexta accedió a la grabación de la ponencia y la difundió. En ella, Maman Benchimol afirmó que las "ventajas" otorgadas a las mujeres al interponer una denuncia de violencia de género son tan amplias que muchas la presentan con escaso riesgo personal. Señaló ejemplos como la asistencia jurídica gratuita inmediata, independientemente del patrimonio, y el abogado de oficio automático, planteando retóricamente "¿qué pierde?". Argumentó que estas facilidades incentivan la vía penal. Criticó que algunas denuncias carecen de fundamento y son forzadas por letrados buscando la vía rápida. Argumentó que si una orden de protección se obtiene en 24 horas, se convierte en un atajo frente a otros procedimientos civiles que duran meses. Calificó esta práctica de "caza de la orden" motivada por la inmediatez. Afirmó que, a menudo, las madres se oponen drásticamente a la custodia compartida y se sirven de la dilación de los procedimientos (recursos, apelaciones) para alejar progresivamente al menor del padre, a través del "lavado de coco", dificultando su recuperación y logrando, de facto, la exclusión de la custodia compartida, del que, en su opinión las mujeres son “enemigas acérrimas”.
El lenguaje elegido no es neutral. "Caza" evoca una trampa, una maniobra, una intención predatoria. Aplicada a mujeres que buscan protección urgente frente a la violencia que han recibido por parte de sus parejas o exparejas esa metáfora invierte la lógica del sistema: convierte a la víctima en depredadora, al denunciado en víctima, al procedimiento de protección en un botín para dañarlo y a las autoridades judiciales en instrumentos para perpetrarlo. En suma, el juez insinuó que el sistema se presta para que muchas mujeres abusen de las supuestas ventajas que les da a ley de Violencia de Género para perjudicar al marido o exmarido denunciado y obtener beneficios injustos.
No es libertad de expresión, es incumplimiento de sus deberes y revictimización
En España, la libertad de expresión, reconocida en el artículo 20 de la Constitución, ampara también a los jueces y juezas. Pero ese derecho tiene límites, y quienes imparten justicia están sometidos a deberes específicos de imparcialidad, neutralidad y respeto que restringen su margen de expresión pública, especialmente cuando hablan en su calidad de titulares de un órgano judicial especializado. Una cosa es opinar en privado, otra muy distinta es hacerlo en una ponencia profesional, ante colegas y juristas de la Abogacía de Madrid, con la autoridad que otorga el cargo.
Sus palabras exceden los límites de la libertad de expresión y revelan un patrón de ideología machista que contradice los principios básicos intrínsecos a su autoridad y choca frontalmente con la leyes de Igualdad, de Violencia de Género y del Estatuto de la Víctima del Delito: la imparcialidad, neutralidad, la aplicación de la perspectiva de género y, entre otros, el respeto a las víctimas. La justicia no sólo debe ser justa, también debe parecerlo. Y cuando un magistrado expresa públicamente que muchas denuncias "no tienen demasiado sentido", que las mujeres "cazan" órdenes de protección, y afirma le lavan el coco a sus hijos e hijas, validando el Síndrome de Alienación Parental prohibido por la ley, cualquier resolución suya que perjudique a una denunciante quedará envuelta en una sombra de sospecha legítima. Esa sombra no la ha proyectado la víctima, sino él con sus propios actos que ponen en cuestión su solvencia y autoridad.
Los datos objetivos matan el relato machista
Los datos oficiales son elocuentes: según cifras oficiales, solo hay un 0,02% de denuncias investigadas por Fiscalía como posiblemente falsas y las condenas por denuncia falsa rondan el 0,008%. Además, la narrativa del supuesto fraude masivo por parte de las mujeres en materia de violencia machista que insinúa este juez no tiene correlato estadístico. Lo que sí existe, documentado por el Instituto Nacional de Estadística, por los informes del Sistema VioGen y del Consejo General del Poder Judicial, es una bolsa enorme de violencia oculta: mujeres que no denuncian porque temen no ser creídas, porque anticipan procesos largos y dolorosos, porque han escuchado o vivido experiencias de revictimización institucional y porque muchas, por ello, no confían en el sistema.
Y, lo más doloroso, hoy en día, las cifras oficiales de víctimas mortales por violencia de género en España son de 16 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo corrido de este año; 1.359 mujeres asesinadas desde que se llevan registros; la última fue asesinada precisamente ayer. De ellas, el 35,7% de las víctimas contaba con una o más denuncias previas contra su agresor. Estos asesinatos han dejado a 11 menores huérfanos en lo que va de año, para un total de 480 menores de edad han perdido a sus madres a causa de asesinatos machistas. Igualmente, en 2026, 3 menores han sido asesinados por violencia vicaria, para un total de 68 menores desde 2013.
Cada vez que un juez describe públicamente las denuncias como un instrumento de caza de órdenes de protección y acusa a las madres de lavarle el coco a sus hijas e hijas, para perjudicar a sus padres, aumentan las posibilidades de que las mujeres no denuncien y se expongan a la violencia, disparándose el desprestigio de las instituciones, incluida la justicia. Estas declaraciones adquieren máxima gravedad y deben ser sancionadas con rigor; máxime cuando hablamos de un país donde un 60% de la población desconfía de la justicia, porque considera que se instrumentaliza con fines políticos.
Las voces que exigen responsabilidad
La reacción institucional ha sido inmediata. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género presentó un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial solicitando la apertura de una investigación y, en su caso, un expediente disciplinario, al considerar las declaraciones manifiestamente incompatibles con los deberes de imparcialidad, respeto y sujeción al ordenamiento jurídico. La ministra de Sanidad, Mónica García, habló de "machismo impresionante".
Jueces y Juezas para la Democracia, la Asociación de Juezas de España, el Partido Feminista de España y Feministas al Congreso y numerosas organizaciones feministas nos sumamos a las críticas y denuncia pública. Se ha pedido formalmente la recusación del magistrado en el caso del exDAO, argumentando que la apariencia de imparcialidad ha quedado comprometida.
El precio de la impunidad discursiva
Este caso no trata solo de lo que dijo un juez en una ponencia. Trata de la coherencia del Estado con sus propios deberes legales. España dispone de un marco legal pionero en materia de violencia de género, construido durante más de dos décadas sobre la premisa de que las instituciones deben proteger a las víctimas, no someterlas a un escrutinio adicional que las acuse de fraude, las revictimice y las disuada de buscar el amparo del Estado, poniéndolas en situación de peligro e indefensión.
Un magistrado que ocupa un juzgado especializado en violencia contra la mujer no puede compartimentar sus convicciones: las que expresa en un foro profesional son, necesariamente, las que guían su mirada cuando valora un testimonio, cuando decide si hay riesgo, cuando pondera la credibilidad de quien tiene enfrente, cuando resuelve el caso condenando o absolviendo y decidiendo sobre patria potestad, custodia y visitas de padres denunciados por violencia de género. Las palabras de este juez no son solo palabras, son actos jurídicos que comprometen su solvencia como juez y representante del Poder Judicial.
Exigir que el CGPJ investigue, sancione al magistrado y, en todo caso, lo aparte de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer no es un ataque a la independencia judicial. Más bien es todo lo contrario: es defender que la independencia judicial debe ejercerse con responsabilidad, imparcialidad, estricto cumplimiento de la ley y libre de prejuicios machistas: estas son las garantías constitucionales y legales mínimas que se deben asegurar para quienes acuden al Estado buscando justicia y protección. Por ser justicia, los jueces machistas no tienen cabida en el sistema judicial democrático español.