La reciente negligencia en torno al cribado de cáncer de mama en Andalucía ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión sobre la que tenemos que hablar: la defensa de los derechos de las mujeres no puede ser un arma arrojadiza contra el adversario político.
Las declaraciones de Mercedes Colombo, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, sobre la protesta programada por los fallos en el protocolo de mamografías, resultan especialmente reveladoras. En declaraciones a los medios, Colombo señaló que "todo el mundo tiene derecho a manifestar su opinión, pero me hubiera gustado que también se hubieran manifestado por las muchachitas de Ábalos, por las pulseras o por la mujer del presidente".
Esta afirmación, lejos de ser un comentario aislado, condensa una práctica demasiado extendida en nuestra clase política: la defensa selectiva de los derechos fundamentales en función del color del partido que gobierna.
El patrón de la indignación selectiva
Cuando repasamos los últimos años de gestión institucional en materia de igualdad y protección de las mujeres y menores, emerge un patrón preocupante. Los fallos no son patrimonio de una sigla política concreta, pero la indignación pública sí parece serlo.
Recordemos: el desastre de la Ley del "solo sí es sí" provocó la excarcelación y rebaja de penas de cientos de condenados por violencia sexual. Un error legislativo de magnitud histórica que puso en jaque la protección de las víctimas. La crisis de las pulseras telemáticas dejó en situación de vulnerabilidad a cerca de dos mil mujeres, fallando en uno de los instrumentos básicos de prevención de la violencia machista. El escándalo de prostitución vinculado a altos cargos del Gobierno —el caso Ábalos, Cerdán y Koldo— reveló la mercantilización del cuerpo de las mujeres en las altas esferas del poder. Los graves fallos detectados en los programas de cribado de cáncer de mama en Andalucía han comprometido la detección precoz en miles de mujeres.
Los casos de acoso sexual o violencia machista denunciados dentro de formaciones políticas por parte de sus propios líderes han mostrado que el machismo no entiende de carnets. El incremento exponencial —un 792%— de registros de violaciones de mujeres cometidas por nacidos varones que se autoidentifican como mujeres trans ha evidenciado el desequilibrio de derechos y la seguridad de las mujeres. Igualmente, la invocación del inexistente "síndrome postaborto", como argumento para restringir el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, representa un nuevo intento de socavar este derecho, del que se valen los partidos para instrumentalizar el feminismo.
Cada uno de estos casos ha generado respuestas dispares según quién estuviera en el poder y quién en la oposición. La indignación, el análisis crítico y la exigencia de responsabilidades parecen activarse o desactivarse según conveniencia política.
Un mandato constitucional, no una estrategia política electoralista
Lo que esta realidad pone de manifiesto es una confusión fundamental sobre la naturaleza de los derechos de las mujeres y menores. No se trata de una opción política discrecional, de un tema más en el programa electoral o de un recurso retórico para desgastar al adversario, ni de un favor que nos hacen. Se trata de un mandato jurídico vinculante para todos los partidos.
La Constitución Española establece en su artículo 14 la igualdad ante la ley sin discriminación por razón de sexo, y su artículo 9.2 obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Este mandato se ve reforzado por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), ratificada por España, que obliga al Estado —en su conjunto, no a un gobierno particular— a adoptar medidas concretas para eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres. La normativa europea, especialmente tras el Convenio de Estambul, impone estándares mínimos de protección y prevención que no admiten matices partidistas. Igualmente, la Convención sobre los Derechos del Niño establece protecciones específicas que tampoco pueden quedar al albur del signo político del ejecutivo de turno, ya sea en el Estado en las Comunidades Autónomas.
El coste de la instrumentalización
Cuando los derechos de las mujeres se convierten en arma arrojadiza, todos perdemos. Las víctimas, porque ven cómo su sufrimiento se utiliza cuando conviene y se silencia cuando no. La ciudadanía, porque asiste al espectáculo de una clase política que antepone el rédito electoral, a la protección efectiva y el cumplimiento de la ley. Y la propia democracia, porque la banalización de los derechos fundamentales socava la confianza en las instituciones y sus autoridades. No basta con manifestarse por unas víctimas y no por otras. No es suficiente exigir responsabilidades solo cuando el error lo comete el adversario. La coherencia no es una opción en política: es una exigencia ética y jurídica.
El feminismo no es una ideología, ni patrimonio de ningún partido político
Antes de hablar de responsabilidades institucionales, es necesario aclarar que el feminismo no es una corriente ideológica ni una seña de identidad partidista. El feminismo es un instrumento jurídico y político para la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
Esta confusión semántica tiene consecuencias prácticas devastadoras. Cuando se presenta el feminismo como una "ideología", equiparable a cualquier otra opción política, se está vaciando de contenido un mandato constitucional vinculante de igualdad entre mujeres y hombres. Cuando se pretende convertir en patrimonio exclusivo de determinadas formaciones políticas, se excluye a más de la mitad de la población del ejercicio pleno de sus derechos.
El feminismo, entendido en su dimensión jurídica y política, es la teoría, movimiento y prácticas orientados a eliminar la opresión estructural por razón de sexo. No es una cuestión de convicciones privadas: es una cuestión de justicia, de dignidad humana y de derechos humanos fundamentales reconocidos nacional e internacionalmente.
La Constitución Española no establece un mandato ideológico cuando consagra la igualdad en su artículo 14 y cuando obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que sea real y efectiva en su artículo 9.2. Establece una obligación jurídica. Del mismo modo, cuando España ratifica la CEDAW, el Convenio de Estambul o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas —particularmente el ODS 5 sobre igualdad—, no está suscribiendo una opción política partidista: está asumiendo compromisos internacionales vinculantes en materia de derechos humanos, pensadas para proteger al grupo humano tradicionalmente oprimido: las mujeres.
Reducir el feminismo a una etiqueta electoral o a un eslogan de campaña no solo es un error conceptual: es una forma de incumplimiento institucional. Porque cuando los derechos de las mujeres se perciben como "cosa de un partido", se legitima implícitamente que otros partidos puedan desentenderse de ellos, o puedan atacarlos, convirtiendo los derechos fundamentales en rehenes del oportunismo político.
El feminismo, como herramienta de transformación jurídica y social, ha permitido la conquista de los derechos de las mujeres y de sus hijas e hijos. Cada uno de estos avances no responde a una "ideología" determinada, sino al cumplimiento progresivo de los principios de dignidad e igualdad consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, que son de obligado cumplimiento, gobierne quien gobierne.