En 2020 se ha invertido la tendencia descendente del consumo de carne de porcino en España y ha habido un significativo ascenso respecto a las cifras de 2019, tanto de carne fresca (+14%) como de la transformada (+8,8%). La industria cárnica porcina es el 86,1% de la producción total de carne. España se ha convertido en el cuarto productor del mundo de carne de porcino y es el segundo de la Unión Europea. Nuestro país produce 5,02 millones de toneladas (Mt), muy cerca de Alemania. La suma de las dos empresas que mayor volumen de carne de cerdo comercializaron en 2020 se elevó a 1,17 Mt: Grupo Jorge (608.855 toneladas) más Grupo Vall Companys (563.492 toneladas), que es prácticamente la misma producción que Italia (1,27 Mt). Los indicadores nos muestran que los datos de sacrificio relativos a 2020 llegaron a una cifra record: 56,4 millones de animales sacrificados. Entre las grandes productoras, durante 2020 el sector porcino ha crecido principalmente en Aragón (+7,1%), Castilla y León (+3,7%) y Murcia (+7,3%).
Por otra parte, en 2020 se exportaron 2,13 Mt de carne de cerdo por valor de 5.651 M€, principalmente a China. Este fenómeno se debe a la continuada expansión de la peste porcina africana en el territorio chino, lo que ha supuesto un incremento de las importaciones de carne de porcino para poder abastecer su mercado interno en tanto se recupera su cabaña nacional. La variación porcentual 2019/2020 de exportaciones al gigante asiático supuso un aumento del 111%. España exportó a China 1,34 Mt (más de lo que produce Italia) por un valor de 3.030 M€.
La industria cárnica está integrada por mataderos, salas de despiece e industrias de elaborados. En el sector hay 3.641 empresas que generan más de 110.000 empleos. El 94% de las empresas son pymes. En concreto, en la industria cárnica española hay 2.444 empresas con menos de 10 trabajadores y 59 empresas con 500 o más trabajadores. Los grupos de empresas y las grandes corporaciones, que incorporan a miles de trabajadores, son quienes determinan el modelo productivo y controlan las cadenas de producción desde la cría del ganado en las macrogranjas hasta que llega a nuestra mesa. Así, ha habido un notable descenso en las explotaciones de menor tamaño, que se han reducido drásticamente en la última década cerca de un 30%; en paralelo, las de mayor tamaño, que producen carne de peor calidad, se han incrementado más de un 3%. Por otra parte, en 2020 el número de explotaciones de ganado porcino con un sistema productivo extensivo fue de 14.598 y el intensivo de 68.836 explotaciones. En algunas Comunidades Autónomas como la Comunidad Valenciana, Aragón o Murcia no hay ganadería extensiva porcina.
Todos los datos descritos hasta aquí están tomados del Informe Anual de la Industria Alimentaria Española (período 2020-2021), ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En 2020 la Comisión Europea puso en marcha una nueva iniciativa sobre la gobernanza empresarial sostenible: "De la granja a la mesa", que aborda de forma integral los retos de los sistemas alimentarios sostenibles, donde se incluye la necesidad de evitar la competencia desleal entre las empresas y de frenar los abusos y mejorar las condiciones de trabajo en el sector cárnico. El modus operandi de las grandes empresas del sector porcino ha sido otro, y se han venido ayudando del fraude de ley para burlar la aplicación de la norma laboral. Esto ha sido posible gracias a la subcontratación de falsos trabajadores autónomos que para trabajar en la empresa cárnica debían ser socios de falsas cooperativas de trabajo, lo que encubría numerosas cesiones ilegales de trabajadores. ¿Cuál era el objetivo? Pura y simplemente la minoración de costes salariales, no incrementar sus plantillas y la inaplicación de los convenios colectivos estatales de la industria cárnica.
En el sector cárnico se ha producido una intensa conflictividad sindical. La actuación de los sindicatos ha impedido la consolidación organizativa de la cooperativa como un mero envoltorio que falsea las relaciones laborales y los sindicatos han tratado de prohibir o limitar la externalización de la actividad cárnica. En 2018 había 22 falsas cooperativas que trabajaban en 150 empresas del sector de la industria cárnica española. Gracias a la actuación sindical, entre los años 2018-2020 se regularizaron más de 23.000 falsos autónomos y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social impuso sanciones de más de 200 millones de euros a las empresas del sector cárnico. Posteriormente, el ahorro de costes salariales de las grandes empresas del sector se ha hecho a través de la subcontratación con empresas multiservicios, lo que ha provocado una desorganización de todo el sistema de relaciones laborales y ha contribuido a la precarización de las condiciones de trabajo, al quedar los trabajadores subcontratados fuera del ámbito de aplicación de los convenios colectivos estatales del sector cárnico. Además, la rebaja de costes de producción creaba distorsiones en la competencia del sector y castigaba a las empresas que se hacían cargo de la actividad con su propia plantilla, muy al contrario de lo defendido por la iniciativa europea de gobernanza empresarial sostenible.
Todo esto cambiará con la aplicación de la nueva Reforma Laboral en España, aprobada por el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, que se propone la modernización de la subcontratación de las empresas y concede prioridad al convenio sectorial, de forma que se impide la utilización de la externalización como fórmula para devaluar los salarios. La aplicación de esta reforma conseguirá que los salarios de los trabajadores contratados en régimen de contratas y subcontratas sean los fijados en el convenio sectorial aplicable a la actividad efectivamente desarrollada, lo que garantizará la igualdad de todos los trabajadores que presten servicios en las empresas clientes, con independencia de que formen parte de su plantilla.
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