El Sr. Feijóo, se ha autoerigido en guardián de la democracia. Sí, el mismo que a pecho descubierto y pelo al viento hace de conductor del yate del contrabandista Dorado. Sí, el mismo que obtuvo suculentos contratos públicos de la Xunta de Galicia gobernada por el Sr. Fraga Iribarne. Sí, el mismo que estuvo vinculado a los gobiernos ilegítimos y fascistas del dictador Franco. Estos son los orígenes.
De los actos propios nadie se puede desdecir. Aprendemos de los errores, corrigiéndolos. Es lo que hacemos las personas honradas. Por fortuna, la mayoría. Si no fuera así, la vida sería insufrible, violenta, inhóspita, de esto sabemos algo las personas españolas, razón por la que como otros pueblos nos hemos dotado de unas normas y procedimientos que nos permiten la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos.
Es lo que llamamos democracia, un sistema cuyo poder emana y se asienta en la soberanía popular, es este el verdadero y único poder real en democracia, que se dota de una norma de normas: la Constitución, que establece las reglas democráticas y que se rigen por el principio de la separación de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que se configura como un sistema de frenos y contrapesos para que así el poder frene al poder, evitando su concentración. Es lo que conocemos como Estado de Derecho y Democrático.
A razón de lo anterior, la legitimidad de control no es de un poder sobre otro. Si esto ocurre ya no es democracia. Por eso, se viene indicando que el bloqueo de la renovación de los órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC), es una forma de control de uno de los poderes, el Judicial, sobre el Legislativo y el Ejecutivo que se ven impedidos para nombrar a las personas que legalmente le corresponden en los órganos constitucionales, cooptando así la soberanía popular.
Que ahora, el Sr. Feijóo, autoconstituido en guardián de la democracia, fiel a su origen, venga a decirnos que el bloqueo que mantiene es para “proteger al poder judicial” y porque el Gobierno quiere “controlar la justicia y politizarla”, clama al cielo. O sea, que cumplir la Ley, esto es, renovar al CGPJ y al TC según los procedimientos constitucionales es una anomalía de la que nos tienen que proteger a no ser que se haga como dice el guardián y al que acompañan una panoplia de Vocales y Magistrados en esos órganos, con el mandato cumplido y en palmaria rebeldía legal. Hoy por hoy, el Consejo no tiene legitimidad democrática alguna y de seguir así la cosa el Tribunal Constitucional se dirige al mismo abismo. El asunto es muy serio y la crisis profunda institucional y constitucional está servida por el bloqueo anticonstitucional.
El Magistrado emérito del Tribunal Supremo, Sr. Martin Pallin, cuya opinión jurídica comparto, a razón del plenario convocado por unos magistrados del Tribunal Constitucional para conocer de un recurso cuya finalidad es impedir que se tramite, que se vote, la Ley que quiere superar el bloqueo es una aberración y una irrupción anticonstitucional que altera el normal funcionamiento autónomo de la soberanía popular y eso es situarse fuera de la Constitución y del sistema democrático.
Conviene recordar que las nuevas tendencias de los tribunales, y que se recogen en la sentencia del procés, afirman que una rebelión se podría hacer de forma telemática y que una sedición no necesita de un alzamiento público y tumultuario. Esto llevado a lo que estamos analizando, en el Consejo hay ocho vocales que han cometido formalmente un delito de sedición al negarse a nombrar las dos plazas al Tribunal Constitucional que les impone la Ley, manteniendo el bloqueo. Que se sepa ni el Gobierno ni la Fiscalía por el momento no han hecho nada al respecto, si bien, en la propia Ley de la que intentan impedir su tramitación ya se les advierte que en esa conducta obstruccionista pueden concurrir responsabilidades penales.
Por otro lado, está la recusación presentada respecto de dos magistrados del TC por tener interés directo en que no se efectúe la renovación, cuya consecuencia automática es mantener el sitio. Si no se ventila antes de decidir sobre las medidas cautelarísimas ordenadas por el Partido Popular, o sea, sin escuchar a ninguna de las partes implicadas y la pasan a un momento posterior, estaríamos también ante esas responsabilidades penales. Imaginemos que un alcalde en una tramitación y adjudicación de un contrato público en el que pudiera tener interés porque participa alguien con el que tiene o ha tenido alguna relación no se abstiene de participar en el trámite, literalmente sería imputado, al menos, de un delito de prevaricación en la contratación pública.
Acusar, como hace el Sr. Feijóo, de golpismo al Gobierno por usar los mecanismos legales que la Constitución le permite para corregir la anticonstitucionalidad del bloqueo es un insulto a la inteligencia y una deslealtad de alcance imprevisible y a la que, sin duda, se ha llegado por la tibieza del PSOE que hoy no se arredra en afirmar que hay una derecha judicial y que se está dando un golpe con togas, cuando no hace más de un par de semanas se escandalizaba cuando la ministra de Igualdad, la Sra. Montero, afirmaba el hecho incontestable de la existencia de machismo en la judicatura. Lo que ha provocado ese cambio es que hoy, el PSOE, es la víctima, de lo que, por cierto, ya se le venía advirtiendo por los socios morados del Gobierno y de la mayoría parlamentaria. Conclusión, como lo dice Pedro Sánchez, es verdad. Bienvenida sea, pero el coste ha sido, es, muy alto. El PSOE para concitar el acuerdo con el autoproclamado guardián de la democracia al que le ha regalado la TVE y ha aceptado el nombramiento de la Sra. Espinel y del Sr. Arnaldo como miembros del TC. Sí, los mismos que se han apresurado en dar trámite a un recurso que pretende suspender las funciones constitucionales de la soberanía popular.
Las cartas ya están echadas. Ha quedado al descubierto la estrategia y han mostrado sus verdaderas intenciones. Subvertir el orden constitucional a través de bloquear la renovación de los órganos constitucionales para así conseguir lo que le niega la democracia, la mayoría parlamentaria. Así fieles a su origen se constituyen en guardianes de la democracia y del Estado de Derecho y si para eso hay que dinamitarlo, por España que no quede. Las puñetas no están para derribar a un Gobierno, están sujetas al imperio de la Ley. El Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional, si bien, tiene asignada la función de revisar la constitucionalidad de una Ley cuando haya sido aprobada por el Parlamento, antes no. Si actúa a priori la estructura constitucional se desmorona. Y, si en democracia existe una guardiana constitucional que la protege, no es otra que la soberanía popular y esa no reside en ningún Tribunal, sino en el pueblo español representado en el Congreso de los Diputados y el Senado.
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