En Andalucía una hacienda se diferencia de un cortijo en la tenencia de un molino de aceite, con su torre que albergaba gran viga de prensa y/o piedras de molino. Un palacio hospedaba reyes, nobles, personajes ilustres o incluso corporaciones, destacando los declarados como Bien de Interés Cultural, más conocido como BIC, por su relevancia histórica de inmuebles o muebles.
Los planes de ordenación urbana establecen las normas de obligado cumplimiento en dicho ámbito. Alegaciones durante el periodo de información pública previa a su aprobación, es fundamental para constructivamente velar por el interés social.
Las necesidades actuales no tienen que ser coincidentes con los usos históricos, si bien el saber adaptarse es motivo de éxito y pervivencia, como evolutivamente ha sucedido con la especie humana.
El conservar un corral trasero, una puerta de cochera no más ancha de tres metros en una calle de igual anchura sin posibilidad de maniobra, retraso de años en llegada de nuevas tecnologías son ejemplos cotidianos que justifican muchos carteles de se vende sin comprador o inversor dispuesto a discutir con el arquitecto municipal, que vela por el cumplimiento de la norma. Hoy no se justifica casas tan grandes, si no son de vecinos.
Da pena ver un solar, provisionalmente de bolsa de aparcamiento público, por la demolición total del inmueble, incluida fachada, declarado ruina ante la falta de fondos justificativos de su persistencia. Una casa, palacio o de tu república independiente, tiene que estar habitada, con uso, para evitar su asegurada degradación. El barrio de San Juan empieza a ser inhóspito de vida humana.
Si llegara el tren de Cercanías al igual que a la afortunada Lebrija, a 3 km más de distancia de Sevilla, se posibilitaría potenciales residencias de estudiantes, asequibles para todos los bolsillos, una mejor calidad de vida de Marchena, con el fomento de turismo y hostelería por su gran interés - aun oculto para el gran público como parte de su histórica muralla - y la conservación temporal de esos dignos inmuebles, con una nueva funcionalidad social entre sus paredes. Decisión política ante una demanda municipal, vecinal y metropolitana.