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España es el país que menos solicitudes de asilo ha concedido hasta ahora, junto con Hungría y Polonia: sólo 19. Prometió acoger a 15.000.

Después de una espera de muchos meses y mirando hacia otro lado ante el drama humanitario más terrible después de la segunda guerra mundial, los 28 acaban de llegar en Bruselas a un principio de acuerdo con la Turquía de Erdogan. Un acuerdo sin cláusulas relativas a los derechos humanos con un país que no se caracteriza precisamente por respetarlos, aunque se establece un compromiso vago para fijar “zonas humanitarias seguras” en Siria. Pero ¿por qué no se va a la fuente del problema, que es la resolución del conflicto en la zona de donde parten esos miles de refugiados?

Se trata de que todos los migrantes -sean económicos o víctimas de guerra- llegados a Europa, estén obligados a regresar a Turquía y de que las fronteras europeas permanezcan cerradas al menos durante seis meses. A cambio, se conceden a Estambul 3000 millones de dólares, aumentables hasta 6000, se exime a los ciudadanos turcos de la necesidad de visado para viajar a la UE a partir de junio y se promete avanzar en el proceso de adhesión de Turquía al club comunitario. La UE traerá además desde Turquía a un número de refugiados equivalente al de expulsiones. No se ha aclarado qué ocurrirá con los miles de migrantes que ya están en Grecia, adonde continúan llegando cada día más de 2000 personas, sirios, iraquíes y afganos. No sabemos tampoco qué hará Turquía con los 50.000 desplazados que se agolpan en su frontera con Siria huyendo de las bombas y de la barbarie, y donde ya hay más de dos millones y medio de refugiados. Pero se evita de un plumazo que cada país europeo tome medidas por su cuenta para impedir la entrada de estos desheredados, como estaba ocurriendo, y se restablece así la amenazada “unidad” europea.

Efectivamente, se han cerrado fronteras en Francia, Dinamarca y Austria. En el país galo se ha desmantelado el campamento de Calais, con lo que Bélgica cerró sus fronteras, a pesar de que se agolpaban allí 10.000 personas. A consecuencia del preacuerdo, el 9 de este mes se han cerrado también las fronteras de Serbia, Croacia y Eslovenia. En Suecia se anunciaron 80.000 repatriaciones. En Dinamarca y Alemania se ha propuesto la confiscación de bienes (¿qué bienes?) a los inmigrantes, a cambio de la comida y el alojamiento. En algunos lugares se han pintado de rojo sus viviendas. En Sajonia un grupo xenófobo ha celebrado a finales de Febrero el incendio de un hotel que iba a convertirse en  centro de acogida de inmigrantes. Se cree que fue provocado e incluso se impidió a los bomberos apagarlo. En Dresde hubo recientemente una manifestación masiva contra la política de acogida a los refugiados. Se les han puesto pulseras para recibir comida: sólo falta coserles la estrella amarilla en la ropa. No olvidemos las denuncias de violaciones masivas por inmigrantes en Alemania la pasada Nochevieja, que en su mayor parte se demostraron falsas. Tampoco que la CDU, el partido de Angela Merkel, en un giro radical de su política inicial respecto a este tema, ha aprobado que no es necesario pagar el salario mínimo a los refugiados.

Se han colocado vallas en Hungría con concertinas españolas y se ha aprobado en el Parlamento húngaro el uso de material antidisturbios contra los que intentan entrar. España es el país que menos solicitudes de asilo ha concedido hasta ahora, junto con Hungría y Polonia: sólo 19, cuando se había comprometido a acoger a 15.000. Por eso, el que muchos Ayuntamientos hayan declarado su municipio como ciudad-refugio, -caso de Cádiz y Jerez-, no sirve para nada, y ahora menos que nunca.

En el Reino Unido Cameron ha reducido las prestaciones sociales a los trabajadores extranjeros, incluidos los comunitarios, a cambio de hacernos el gran favor de seguir en la UE. La OTAN ha colocado tres barcos de guerra en el Mar Egeo para “disuadir a los traficantes” y Médicos sin Fronteras ha denunciado el bombardeo de 100 hospitales en Siria. Por otro lado ha tenido que proveerse de barcos de rescate dado que nunca había tenido que actuar en el mar y que el sistema europeo de rescate es insuficiente o directamente inexistente. Los bomberos sevillanos han sido criminalizados por su desinteresada colaboración en el salvamento de personas en la costa griega, donde además, al igual que en Italia, las condiciones de acogida son deplorables. Ahora mismo hay 13.000 personas varadas en las fronteras entre Grecia y Macedonia, también cerradas. Se culpabiliza a los “traficantes”, pero éstos sólo se aprovechan de la desesperación de miles de seres humanos. En concreto, en 2015 consiguieron llegar a Europa por mar un millón de refugiados; otros 3600 se ahogaron en el intento; 10.000 niños se perdieron por el camino, huérfanos, quizás prostituidos o explotados.

España no se queda atrás en su papel de policía de la frontera sur de Europa y no hay más que recordar a las 15 víctimas del Tarajal en Ceuta–según algunos supervivientes, muchas más-, el caso de Mamadou Diara, que se fracturó el cráneo el pasado noviembre al intentar saltar la valla de Melilla y es ahora una persona completamente dependiente, los centros de internamiento de extranjeros totalmente masificados, los cientos de víctimas de las concertinas con aplastamientos, fracturas, mutilaciones y heridas,  o la suspensión el 24 de febrero pasado  de empleo y sueldo a un trabajador del CETI de Melilla acusado por al menos dos inmigrantes de maltrato y acaso sexual a cambio de facilitarles los trámites para salir.

Nuestro país “protege” la frontera Sur de Europa, pero, al igual que ahora Turquía va a “proteger” la frontera oriental, ello no debe hacerse a base de impunidad, brutalidad y desprecio por los Derechos Humanos. El próximo 17 de marzo tendrá lugar una cumbre europea donde se votará el acuerdo definitivo, por lo que aún hay margen para un cambio. Es importante la presión de los gobiernos nacionales y de las ONGs – AI ha calificado el pacto de “inhumano” y MSF habla de “cinismo”-y también es esperanzador que el alto comisionado de las Naciones Unidas haya cuestionado la legalidad del preacuerdo, que el Presidente del Consejo de Europa no lo tenga claro y que la Presidenta del Parlamento Europeo, así como muchos eurodiputados, hayan sido muy críticos con este pacto. Y es que, en efecto, vulnera la Convención de Ginebra, que impide las deportaciones masivas, el Convenio Europeo de Derechos Humanos en sus artículos 3,13 y el protocolo IV, y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que en su artículo 9 habla de la “obligatoriedad de registrar todas las solicitudes de protección internacional que se presenten”. Por no hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 14, 1, afirma:

“En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país”; en el artículo 13, 1: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado”; y en el 13, 2: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país”.

Leonor De Bock Cano, activista del grupo de AI-Jerez.

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