La transformación del entorno digital vuelve a situarse en el centro del debate regulatorio europeo. Siguiendo los pasos de Francia y Australia, España se dispone a aprobar uno de los paquetes legislativos más ambiciosos de los últimos años: prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años y tipificar como delito la manipulación de algoritmos. Así lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái.
Una reforma que tensa el marco de protección de datos
Esta decisión supone un cambio profundo en el marco jurídico español, pues implica reformar la legislación vigente en materia de protección de datos, que actualmente reconoce la mayoría de edad digital a los 14 años para prestar consentimiento en el tratamiento de datos personales.
La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (Lopdgdd) fija en 14 años la edad mínima de consentimiento digital. Pero el proyecto legislativo en curso ya prevé elevarla a los 16. Ampliación que también afectará al tratamiento de los datos personales: para cualquier menor de 16 años será obligatorio contar con el consentimiento paterno o del titular de la tutela.
Un intento por frenar el “salvaje oeste digital”
El Gobierno justifica la medida en la necesidad de recuperar el control sobre un ecosistema que, según Sánchez, se ha convertido en un lugar donde “se ignoran las leyes y se toleran los delitos”. La prohibición expresa del acceso a redes a menores de 16 años se integrará en el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de menores en entornos digitales, ya en tramitación parlamentaria.
La plataforma que no implemente sistemas de verificación de edad robustos incurrirá en responsabilidad, conforme a la exigencia de barreras efectivas anunciada por el Ejecutivo. Con esta reforma, España se aproxima al modelo francés, que ya ha aprobado la prohibición de redes sociales a menores de 15 años.
La protección frente a la pornografía, ciberacoso y riesgo sexual
Uno de los argumentos más contundentes esgrimidos por el Gobierno para justificar el endurecimiento legislativo es la exposición temprana de los menores a la pornografía, cuyo primer contacto se produce, de media, a los 11 años, según datos presentados por el Ministerio de la Presidencia. Sánchez insistió en la necesidad de proteger a los menores frente a contenidos “de adicción, abusos, violencia y pornografía” que proliferan sin filtros en el entorno digital actual.
Este acceso prematuro no solo afecta a su desarrollo afectivo y sexual, sino que alimenta dinámicas de hipersexualización y riesgo, que funcionan como puerta de entrada a situaciones de acoso, chantaje sexual (sextorsión) y vulnerabilidad emocional. El Ejecutivo pretende que la verificación obligatoria de edad, amparada en el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), frene esta exposición antes de que se produzca.
Acoso digital, violencia simbólica y la presión estética en la adolescencia
El paquete legislativo también aspira a reducir la incidencia del ciberacoso, que afecta especialmente a adolescentes expuestos a dinámicas de juicio constante, humillación pública y violencia simbólica a través de imágenes, comentarios o imitaciones virales.
Las redes fomentan, además, fenómenos de comparación permanente, presión estética, especialmente entre niñas y adolescentes, y consumo compulsivo de contenido que refuerza los roles y estereotipos irreales de belleza, feminidad, éxito y aceptación social. Aunque no se menciona expresamente la presión estética, sí reconoce el impacto nocivo de entornos “potencialmente perjudiciales para el desarrollo físico, moral o mental del menor” y obliga a plataformas e influencers a aplicar mecanismos de verificación y responsabilidad respecto a estos contenidos.
Manipulación algorítmica: la nueva frontera penal
El Gobierno incorporará al Código Penal el delito de manipulación algorítmica, particularmente cuando facilite la amplificación deliberada de contenidos ilícitos. Esta iniciativa sigue el ejemplo francés, donde la Fiscalía de París mantiene investigaciones abiertas por la alteración del algoritmo de la red social X en posibles operaciones de injerencia extranjera.
Para España, este nuevo tipo penal pretende abordar una realidad innegable: los algoritmos pueden amplificar mensajes de odio, desinformación o vulneración de derechos fundamentales, y cuando su manipulación responde a intencionalidad delictiva, debe existir una responsabilidad claramente tipificada.
Los menores están hiperexpuestos a los peligros de Internet
El anuncio del Gobierno coincide con la publicación del pasado mes de noviembre del informe “Infancia, adolescencia y bienestar digital (Unicef 2025)”, elaborado junto a Red.es, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Ingeniería Informática. Según sus conclusiones, los menores españoles viven hoy una hiperconexión sin precedentes:
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El 41% de los niños de 10 años tiene móvil propio.
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En la ESO, la cifra asciende al 92,8%.
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El 92,5% de adolescentes está en al menos una red social, y el 75,8% en tres o más.
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Incluso en los últimos cursos de Primaria, el 78,3% ya tiene presencia en redes.
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El mismo estudio también revela un uso intensivo del entorno digital:
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9% de los jóvenes dedica más de cinco horas al día a redes entre semana, cifra que sube a casi el 20% los fines de semana.
El informe advierte de que esta exposición temprana y sin acompañamiento debe abordarse como un problema de salud pública, por su impacto en la concentración, la regulación emocional, el sueño y los hábitos saludables.
El informe revela que la edad media de exposición a pornografía se sitúa en los 11 años. La mitad de los menores que la consumen lo hacen de forma no buscada, generalmente a través de recomendaciones automáticas, ventanas emergentes o enlaces compartidos. El 25,1% ha recibido mensajes sexuales y el 9% ha sido presionado para enviar material íntimo. Este acceso precoz a la pornoviolencia tiene implicaciones profundas en la construcción de la autoestima, la afectividad, la percepción del cuerpo y las conductas de riesgo. UNICEF subraya que la falta de educación afectivo-sexual y de acompañamiento familiar incrementa la vulnerabilidad de los menores frente a dinámicas de chantaje, explotación o violencia.
Un nuevo pacto social digital
España se dirige hacia una regulación más estricta y proactiva que, por un lado, busca proteger a los menores frente a un entorno que amplifica riesgos estructurales que, por inmadurez por razón de edad, no están en condiciones de afrontar: pornografía, ciberacoso, violencia, presión estética y adicción algorítmica; y, por otro, busca responsabilizar a las plataformas en la creación de espacios digitales seguros.
En un momento en que la tecnología avanza mucho más rápido que el Derecho, España se suma a la corriente internacional que exige redefinir las reglas del juego para priorizar la salud, la seguridad y la dignidad de los menores, garantizando el bienestar que merece la infancia, nuestra única patria.