El pasado enero, de manera sigilosa y sin apenas difusión mediática, el Boletín Oficial del Estado publicó una modificación normativa que incluye de forma oficial como actividad económica la “prestación o concertación de servicios sexuales en la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), permitiendo que las mujeres en prostitución se registren como autónomas y paguen impuestos por una actividad que, paradójicamente, el mismo Ejecutivo dice querer abolir. Esta medida, que pasó inadvertida para la mayoría de la ciudadanía, representa una nueva contradicción política del Gobierno que, pese a que se autoidentifica como el más feminista de la historia, ha sido el que ha aprobado algunas de las leyes más lesivas de los derechos de las mujeres y niñas, entre ellas la ley de autodeterminación del sexo.
La inclusión de los "servicios sexuales" en el IAE contradice la agenda feminista
La medida del Gobierno, derivada de una Directiva Europea que obliga a gravar todas actividades económicas, ha contemplado en el epígrafe 96.99 de “Otros servicios personales n.c.o.p.” la inclusión específica de "prestación de servicios sexuales". Esto significa que el Estado reconoce fiscalmente la prostitución como una actividad económica legítima, regularizando por la puerta de atrás la explotación sexual de las mujeres y niñas prostituidas y la violencia que comporta, en un país donde cuatro de cada diez hombres consumen prostitución.
Esta decisión choca frontalmente con el discurso que el PSOE ha mantenido desde 2018, donde ha incluido sistemáticamente en sus programas electorales y congresos el compromiso de "abolir la prostitución", considerándola una forma de violencia machista incompatible con la igualdad. Desde su arribo al Gobierno, el PSOE ha planteado o intentado impulsar propuestas abolicionistas de la prostitución al menos cuatro veces (2019, 2022, 2024 y 2025), sin que ninguna de estas iniciativas se haya logrado debido a la falta de consenso parlamentario, divisiones dentro del propio gobierno de coalición (especialmente con Sumar y antes con Unidas-Podemos), críticas por la ausencia de medidas integrales de apoyo a las personas en situación de prostitución y, sobre todo, a la falta de verdadera voluntad para sacar adelante una ley abolicionista de la prostitución.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha llegado a calificar la prostitución como un "elemento esencial del machismo". Después de los últimos escándalos del partido relacionados con la prostitución, el PSOE anunció que en septiembre presentaría un anteproyecto de ley abolicionista que ahora resulta abiertamente contradictorio con esta forma de regulación fiscal de la prostitución.
La falacia de la "libre elección"
Desde una perspectiva feminista abolicionista, esta contradicción no es casual. Responde a una narrativa neoliberal, adoptada tanto por la derecha como por la pretendida izquierda, que presenta la prostitución como una "elección libre" de las mujeres, ignorando las estructuras patriarcales de desigualdad, pobreza y alta vulnerabilidad migratoria que condicionan a las mujeres y que les impide actuar con libertad, como conocimos en el reportaje de Francisco Romero sobre trata y prostitución. Obviando, además, el hecho notorio de que la prostitución no es ni puede ser un trabajo, al tratarse de una actividad donde existe violencia sexual que degrada la dignidad de las mujeres y niñas prostituidas.
Según el "Macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres: una aproximación cuantitativa" elaborado por el Ministerio de Igualdad de España (2024), de las 114.576 mujeres en situación de prostitución identificadas, el 86,53% son extranjeras; cifra que Apram (2016) y otras organizaciones elevan al hasta el 92%; muchas de ellas con cargas familiares y que provienen de países con altos índices estructurales de pobreza, violencia y machismo.
De éstas, el porcentaje de mujeres en situación de prostitución que vienen de la trata o están en riesgo de ella varía según la fuente: entre el 10% y el 20% son víctimas confirmadas de trata, mientras que hasta el 80,73% podría estar en riesgo, con un 8,52% en riesgo alto, según el estudio más reciente del Ministerio de Igualdad. Se sabe que en los casos en los que se no ha aprobado la trata, la gran mayoría de las mujeres en prostitución, operan bajo estructuras de proxenetismo o tercería locativa, donde terceros controlan las condiciones de la actividad (lugares, horarios, tarifas y condiciones). Esta dependencia refuerza la coacción estructural, ya que las mujeres prostituidas no tienen control real sobre su capacidad de decisión.
Al crear un epígrafe fiscal específico, el Estado está legitimando implícitamente la compraventa de mujeres, enviando el mensaje de que la prostitución es una actividad económica más, equiparable a cualquier otro trabajo. Esta regularización fiscal es especialmente perversa porque transfiere a las mujeres la responsabilidad que tiene el Estado para protegerlas: si las mujeres pueden registrarse como autónomas y pagar impuestos, ¿quién puede cuestionar su "libre decisión" para prostituirse? Con la inclusión de este epígrafe se oculta el hecho de que la inmensa mayoría de mujeres en prostitución no están allí por elección, sino empujadas por la pobreza, coacción o las redes de trata.
Los partidos que convierten al Estado en proxeneta
Un Gobierno que dice defender la abolición de la prostitución mientras las convierte en contribuyentes de su propia explotación, es un Gobierno que convierte al Estado en proxeneta. En su momento, el Gobierno del PP incluyó la prostitución en el cálculo del PIB español, añadiendo aproximadamente 4.100 millones de euros en 2014, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), es decir, cerca del 0,4% del PIB total, elevando artificialmente el indicador económico y mejorando la percepción de la economía española en un contexto de recuperación de la crisis de 2008, y normalizando la violencia y explotación sexual que supone la prostitución.
Estas medidas de los gobiernos del PP y PSOE son avances hacia el modelo alemán de la industria de la prostitución, donde se despenalizó el proxenetismo, considerándolo una actividad empresarial legítima, y se reconoció implícitamente el derecho de los hombres a comprar mujeres para su uso y disfrute lascivo, convirtiendo al Estado en el principal proxeneta y beneficiario de la explotación sexual de las mujeres, en una industria que recauda impuestos que explota a unas 400.000 mujeres, de las cuales el 63% son migrantes, pobres, vulnerables y muchas en situación irregular, es decir, mujeres expuestas a proxenetas y redes de trata sin amparo estatal.
La única regulación viable es la abolición global del sistema prostitucional
España debe implementar una ley abolicioniosta similar a la aprobada por el Parlamento francés, que se articula en torno a tres ejes fundamentales: garantizar la protección real y efectiva para las mujeres en situación de prostitución; promover la educación y la concienciación social para erradicar esta forma de violencia machista; y, como medida clave para enfrentarla, penalizar la compra de servicios sexuales. Esta última acción busca reducir la demanda de prostitución mediante sanciones económicas a los hombres prostituidores y castigos severos para quienes se lucran explotando a las mujeres y niñas.
En línea con este enfoque, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra mujeres y niñas, Reem Alsalem, presentó un informe ante la ONU en el que insta a los Estados y a las Naciones Unidas a reconocer la prostitución como una estructura de violencia, explotación y abuso. Según sus palabras, este sistema convierte a mujeres y niñas en objetos de consumo, perpetuando dinámicas de discriminación y agresión que impiden avanzar hacia una igualdad real entre mujeres y hombres. La Relatora también advierte de que los modelos regulacionistas no ofrecen una solución efectiva: en los países donde se han implementado, se ha observado un incremento en la demanda, un aumento de la violencia contra mujeres y niñas, y una persistencia de las redes criminales dedicadas a la trata y, en muchos casos, el Estado termina asumiendo un rol que lo vincula indirectamente con la explotación de las mujeres.
En un Estado democrático de derecho como lo es España, la única solución viable sobre la prostitución es su abolición. El feminismo es abolicionista y seguiremos denunciando la violencia institucional que supone que el Gobierno avance en convertir al Estado en proxeneta, al recaudar impuestos de la violencia sexual contra las mujeres y niñas que supone la prostitución.