Una alerta que va más allá de lo técnico
La retirada a España del estatus de país libre de sarampión por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no es una cuestión meramente técnica ni un matiz reservado a los informes epidemiológicos. Es una señal de alerta para los sistemas de salud pública y un recordatorio de que los avances logrados durante décadas pueden verse comprometidos cuando se debilitan la vigilancia, la equidad en el acceso a la vacunación y la confianza colectiva en las políticas preventivas.
El fin de la transmisión endémica, en cuestión
Desde 2017, España había logrado interrumpir la transmisión endémica del virus del sarampión, una de las enfermedades infecciosas más contagiosas conocidas. Ese logro se produce ahora en un contexto internacional marcado por el resurgimiento del virus, impulsado en gran medida por el descenso de las coberturas vacunales tras la pandemia de la covid-19. Aunque los sistemas de vigilancia del Instituto de Salud Carlos III no han identificado casos de origen endémico en 2024 ni en 2025, el hecho de que en el 32 % de los diagnósticos del último año no se haya podido establecer el origen de la infección constituye un indicador epidemiológico relevante y preocupante.
Cuando no se puede trazar el origen, el riesgo aumenta
Desde la perspectiva de la salud pública, la imposibilidad de determinar la fuente de infección no es un detalle menor. Sugiere la existencia de cadenas de transmisión difíciles de detectar, asociadas a contextos de alta movilidad, retrasos diagnósticos o brechas en la inmunización. En un escenario así, la certificación de eliminación se vuelve frágil, incluso cuando las cifras globales aparentan ser favorables.
Coberturas altas, pero no suficientes
España mantiene, en términos generales, coberturas vacunales elevadas. En 2024, la vacunación con triple vírica alcanzó el 97,3 % en la primera dosis y el 93,8 % en la segunda. Sin embargo, el sarampión no se controla con promedios nacionales. Requiere coberturas homogéneas, sostenidas en el tiempo y distribuidas de forma equitativa entre territorios y grupos de población. Las diferencias entre comunidades autónomas —con regiones que no alcanzan el 90 %— generan espacios de vulnerabilidad que el virus aprovecha con rapidez.
Bolsas de susceptibilidad y desigualdad en el acceso
A estas desigualdades territoriales se suman las llamadas bolsas de población susceptible. Entre ellas se encuentran personas procedentes de países con alta circulación del sarampión y sistemas de vacunación menos robustos, así como población que no ha completado el calendario vacunal por barreras de acceso, desconocimiento o interrupciones en la atención sanitaria. Abordar esta realidad no implica señalar orígenes, sino garantizar estrategias de vacunación inclusivas, accesibles y culturalmente adaptadas, que refuercen la protección colectiva sin dejar a nadie atrás.
El impacto persistente de la pandemia
La pandemia de la covid-19 dejó una huella profunda en los programas de inmunización: retrasos en las vacunaciones infantiles, ruptura de rutinas asistenciales y una fatiga social que aún persiste. En este contexto, los casos de sarampión han aumentado de forma significativa en algunas comunidades. Andalucía, por ejemplo, ha triplicado en ocho meses los casos registrados en todo el año anterior, con Málaga como la provincia más afectada.
Confianza, percepción del riesgo y debate público
Al mismo tiempo, el debate público en torno a las vacunas se ha intensificado, erosionando en algunos sectores una confianza que parecía consolidada. En España, los movimientos abiertamente antivacunas siguen siendo minoritarios, pero ha crecido una percepción de menor urgencia y una tolerancia al retraso que resulta incompatible con el control de enfermedades como el sarampión.
Una lección clara para la salud pública
Desde la salud pública, la lección es clara: la vacunación no puede darse por garantizada. Requiere inversión sostenida, sistemas de información robustos, vigilancia epidemiológica activa y una comunicación clara, basada en la evidencia y adaptada a las distintas realidades sociales. Recuperar el estatus de país libre de sarampión no dependerá únicamente de mejorar las cifras, sino de reforzar la cohesión del sistema preventivo en su conjunto.
No bajar la guardia
La retirada de este reconocimiento por parte de la OMS no debe interpretarse como un fracaso aislado, sino como una advertencia. La inmunidad colectiva es un bien común que necesita mantenimiento constante. El sarampión no es una enfermedad del pasado: es un indicador sensible de la fortaleza —o la debilidad— de nuestras políticas de prevención. Y hoy nos está diciendo que no podemos bajar la guardia.