Cada vez que se plantea limitar el acceso de los menores a las redes sociales, el debate se enciende con rapidez. Aparecen palabras como censura, control o coerción, y se apela a la libertad individual como argumento casi definitivo. Sin embargo, rara vez se formula la pregunta clave: ¿Estamos protegiendo a la infancia al mismo nivel que en otros ámbitos de riesgo o seguimos actuando como si el entorno digital fuera inocuo por definición?
Las redes sociales no son simples herramientas de comunicación. Son entornos diseñados para captar atención, prolongar el tiempo de uso y generar dependencia mediante mecanismos psicológicos bien conocidos. Cuando estos sistemas se ponen en manos de niños y adolescentes, cuyos cerebros aún están en desarrollo, el desequilibrio es evidente. No se trata de demonizar la tecnología, sino de reconocer que no todos los productos tecnológicos son neutros ni adecuados para todas las edades.
Durante años se apostó casi exclusivamente por la educación y la sensibilización. Se confió en que enseñar a usar bien las redes sería suficiente. Hoy sabemos que no lo ha sido. El ritmo de aparición de nuevas aplicaciones, la sofisticación de sus diseños y la presión social asociada a estar conectado han desbordado la capacidad de supervisión del mundo adulto. Mientras tanto, los efectos comienzan a hacerse visibles: menos actividad física, menos relaciones presenciales, más comparación constante, más insatisfacción personal y un malestar emocional que, aunque no siempre derive en un trastorno clínico, deja huella.
Uno de los argumentos más repetidos contra cualquier limitación es el miedo a provocar el efecto contrario: que lo prohibido resulte aún más atractivo. Ese riesgo existe, pero no puede convertirse en excusa para la inacción. También ocurre con el alcohol, el tabaco o la conducción, y aun así nadie cuestiona la necesidad de establecer edades mínimas y normas claras. La diferencia es que, en el caso de las redes sociales, el daño no es biológico, sino psicológico, y por eso cuesta más reconocerlo.
El debate no debería centrarse en si los menores deben o no tener móvil, sino en qué tipo de acceso se considera razonable y en qué momento evolutivo. Limitar el uso de redes sociales no equivale a aislar a los jóvenes del mundo digital ni a impedirles aprender, comunicarse o desarrollar competencias tecnológicas. Significa, simplemente, aceptar que hay espacios que requieren madurez emocional, capacidad crítica y autocontrol, habilidades que no se adquieren de forma automática al cumplir años.
La experiencia internacional demuestra que estas medidas no son mágicas ni inmediatas. Las prohibiciones por sí solas no garantizan una mejora automática de la salud mental, ni evitan que algunos adolescentes busquen formas de esquivar los controles. Pero también muestran algo relevante: cuando se establecen límites claros, muchas familias sienten alivio y muchos jóvenes reconocen que la presión por estar siempre conectados disminuye.
En el fondo, la discusión revela una contradicción social profunda. Aceptamos sin debate que no es adecuado exponer a un niño a determinados productos o conductas, pero dudamos cuando el riesgo viene envuelto en pantallas brillantes y promesas de conexión. Quizá porque también los adultos estamos atrapados en ese mismo ecosistema.
Proteger a los menores en el entorno digital no es un gesto autoritario, sino una responsabilidad colectiva. Implica regulación, sí, pero también acompañamiento familiar, educación emocional y exigencia a las plataformas. No todo vale en nombre de la libertad cuando quienes están en juego aún no tienen las herramientas necesarias para ejercerla plenamente.
Tal vez el verdadero acto de valentía política y social no sea prohibir sin más, ni mirar hacia otro lado, sino asumir que poner límites también es una forma de cuidado.