Durante décadas, una idea ha dominado buena parte del debate económico: bajar impuestos a las rentas más altas impulsa el crecimiento, crea empleo y acaba beneficiando a toda la sociedad. Sin embargo, la evidencia empírica acumulada en los últimos años dibuja un panorama muy distinto.
Los datos son claros. Las rebajas fiscales dirigidas a los más ricos aumentan su renta alrededor de un 0,8%, pero ese incremento no se traduce en un mayor crecimiento del PIB ni en una reducción del desempleo. Lo que sí aumenta, de forma consistente, es la desigualdad.
Más renta privada, menos efecto colectivo
Cuando se reducen los impuestos a las grandes fortunas y a las rentas más altas, el principal efecto es inmediato y previsible: quienes ya tienen más ingresos disponen de aún más recursos. Sin embargo, la teoría del “goteo” —según la cual esa riqueza acabaría filtrándose al resto de la economía— no se confirma en la práctica.
El consumo apenas se incrementa, la inversión productiva no despega y el empleo no mejora. Buena parte de ese aumento de renta se destina al ahorro, a activos financieros o se traslada fuera del país, sin generar un impacto significativo en la economía real.
Crecimiento plano, desigualdad al alza
Mientras el PIB permanece prácticamente inalterado y el paro no baja, la brecha entre ricos y pobres se amplía. La reducción de impuestos a los más acomodados debilita la capacidad recaudatoria del Estado y limita el margen para invertir en educación, sanidad, infraestructuras o políticas activas de empleo: precisamente los factores que sí tienen un efecto probado sobre el crecimiento a medio y largo plazo.
En otras palabras, la economía no crece más, pero la sociedad se vuelve más desigual.
El coste de una política ineficaz
Persistir en este tipo de políticas fiscales tiene un doble coste. Por un lado, no logra los objetivos económicos que promete. Por otro, agrava tensiones sociales y reduce la cohesión, alimentando la percepción —cada vez más extendida— de que el sistema favorece sistemáticamente a una minoría.
Frente a este modelo, la evidencia sugiere que una fiscalidad progresiva, combinada con inversión pública eficiente, genera mejores resultados económicos y sociales: crecimiento más sólido, empleo de mayor calidad y una distribución de la renta más equilibrada.
Repensar el debate fiscal
El debate ya no debería girar en torno a si bajar impuestos a los ricos “funciona”, sino por qué se sigue defendiendo una política que no aumenta el PIB, no reduce el paro y sí incrementa la desigualdad.
La pregunta clave es sencilla: si los beneficios se concentran en unos pocos y los costes los asume el conjunto de la sociedad, ¿a quién sirve realmente esta estrategia? La estrategia de bajar impuestos, especialmente para los más ricos, en la práctica suele beneficiar principalmente a quienes ya tienen mayores recursos, sin garantizar un efecto real en la economía general.
Reducir la recaudación, compromete los servicios públicos
Al reducir la recaudación del Estado, se comprometen fondos esenciales para los servicios públicos: sanidad, educación, dependencia o universidades. Esto significa que quienes dependen de estos servicios —la mayoría de la población— pueden verse directamente perjudicados, mientras que los beneficios de la rebaja fiscal se concentran en un grupo reducido.
En consecuencia, quienes más necesitan de los servicios del Estado terminan pagando indirectamente la política fiscal: hospitales con menos recursos, educación pública debilitada y servicios sociales limitados. Bajar impuestos a los ricos debilita los servicios públicos y perjudica a quienes más dependen de ellos.