El debate sobre la elaboración de un nuevo Estatuto Marco del personal sanitario, destinado a sustituir un texto claramente obsoleto, ha terminado convirtiéndose en uno de los conflictos más relevantes para el futuro del Sistema Nacional de Salud (SNS). No se trata solo de una negociación laboral fallida, ni de un pulso entre sindicatos y Ministerio: lo que está en juego es el modelo profesional, organizativo y ético sobre el que se sostendrá la sanidad pública en las próximas décadas.
1. Una negociación rota desde hace tiempo
Tras varios días de huelga médica, la ruptura formal de la negociación entre el Ministerio de Sanidad y el sindicato médico no debería haber sorprendido a nadie. Lo verdaderamente preocupante no es el gesto final, sino que la mesa llevaba rota en la práctica desde hacía meses: reuniones sin avances reales, posiciones enquistadas y una creciente sensación de que no se estaba abordando lo esencial.
El acuerdo escenificado entre el Ministerio y la mayoría de sindicatos —aún pendiente de cierre definitivo— tampoco ha logrado rebajar la tensión. No porque carezca de valor, sino porque transmite una idea peligrosa: que el conflicto médico puede resolverse sin contar con el sindicato médico. Los incendios, cuando se ignora a quienes alertan desde dentro, no se apagan; solo se posponen.
2. Reivindicaciones razonables, respuestas insuficientes
No es necesario defender un estatuto propio para los médicos para reconocer que muchas de sus reivindicaciones son razonables. La sobrecarga asistencial, las guardias sin límites claros, la dificultad para conciliar la vida personal y profesional y el deterioro progresivo del ejercicio clínico son problemas reales y ampliamente documentados. Negarlos equivale a renunciar a resolverlos.
Ahora bien, como ha señalado Félix Lobo, tampoco resulta sensato pensar el futuro del sistema sanitario desde compartimentos estancos. La atención a la salud es hoy una tarea profundamente interprofesional, en la que la tecnología, la cronicidad y la complejidad clínica han diluido las fronteras rígidas entre categorías. La pandemia lo evidenció con claridad: sin equipos cohesionados, el sistema simplemente no funciona.
3. Un conflicto de valores, no solo laboral
Este conflicto no es únicamente normativo o salarial; es, sobre todo, un conflicto de valores. Durante décadas, el SNS se sostuvo sobre una ética del sacrificio: la vocación entendida como disponibilidad ilimitada, la normalización de jornadas extenuantes y la aceptación de condiciones que en otros sectores serían inasumibles.
Ese modelo ha dejado de ser viable, especialmente para las nuevas generaciones. Hoy, médicos y médicas —pero también enfermeras, técnicos y otros profesionales— ya no aceptan que su vida personal deba quedar permanentemente subordinada al servicio. No se trata de una pérdida de compromiso, sino de una redefinición legítima de lo que significa ejercer una profesión esencial sin renunciar a una vida digna.
El problema es que el sistema sigue funcionando como si nada hubiera cambiado. Esta disonancia tiene consecuencias directas sobre la salud de la población: cada bloqueo negociador se traduce en más demoras, más incertidumbre y más sufrimiento evitable, especialmente entre los pacientes más vulnerables.
4. Un error político de planteamiento
El principal error ha sido político. Se ha abierto un debate que el Ministerio de Sanidad no puede cerrar en solitario. Las condiciones laborales dependen en gran medida de las comunidades autónomas, que además gestionan los servicios de salud. Prometer soluciones estatales sin ese respaldo solo puede generar frustración.
Mientras tanto, los Servicios de Salud Autonómicos han convertido con frecuencia el Consejo Interterritorial en un escenario de confrontación partidaria, poco eficaz para resolver problemas reales. Se ha discutido demasiado sobre marcos jurídicos y demasiado poco sobre contenidos concretos. En este contexto, la huelga parece menos un gesto de fuerza que una señal de agotamiento colectivo.
5. Reformar sin romper: una vía posible
Desde ámbitos como OSALDE, Asociación por el Derecho a la Salud, se ha advertido con razón que invocar “la salud del paciente” como eslogan puede quedarse en retórica si no se acompaña de mecanismos reales de evaluación del desempeño y de la calidad asistencial. Sin cambios estructurales, las mejoras laborales corren el riesgo de encarecer el sistema sin transformarlo.
Vicente Ortún ha señalado que uno de los mayores obstáculos a la reforma sanitaria no es técnico, sino político e institucional: intentar cambiar reglas de juego consolidadas sin ofrecer seguridad a quienes ya están dentro. En este contexto cobra sentido el concepto de grandfathering: las nuevas reglas se aplican hacia adelante, no hacia atrás. Los profesionales en activo mantienen íntegramente sus derechos, mientras que los cambios estructurales se introducen para nuevas incorporaciones o para quienes opten voluntariamente por el nuevo marco.
Aplicado al conflicto del Estatuto Marco, este enfoque permitiría salir del actual callejón sin salida. No se trataría de privilegios ni excepciones, sino de una técnica de transición para hacer viables reformas profundas en sistemas rígidos y altamente profesionalizados.
Ortún articula esta propuesta en tres niveles:
•Los profesionales actualmente en activo mantienen su estatus estatutario si así lo desean.
•Quienes opten voluntariamente pueden transitar hacia un régimen más flexible, con igual retribución pero mayor autonomía y responsabilidad clínica.
•Las nuevas incorporaciones acceden directamente a un marco profesionalizado, con evaluación, carrera real e incentivos alineados con resultados en salud.
Por otra parte, José Ramón Repullo, apuesta por la creación de un seminario de implementación de reformas en el SNS, convocado desde el Parlamento, como fórmula para desbloquear la puesta en marcha de medidas necesarias que no se implantan.
6. Qué debería abordar una reforma real
Si la reforma del Estatuto Marco aspira a algo más que a un parche, debe incorporar —como plantea OSALDE— una mirada de Salud Pública y Comunitaria. Esto implica:
•Planificar en función de necesidades reales y carga de trabajo efectiva, no solo de ratios formales.
•Reequilibrar los equipos para fomentar cohesión, corresponsabilidad y trabajo interprofesional.
•Proteger de verdad a quienes cuidan, eliminando jornadas de 24 horas que dañan al profesional y ponen en riesgo al paciente.
Exige también una apuesta decidida por la Atención Primaria y por la exclusividad en el sistema público, no como imposición sino como opción atractiva: salarios dignos, tiempo para la investigación, estabilidad y condiciones que hagan de la dedicación al SNS un proyecto profesional y vital sostenible. Y, sobre todo, una rendición de cuentas clara que vincule las mejoras laborales a resultados en salud.
7. Recuperar la brújula del sistema
El conflicto del Estatuto Marco es, en última instancia, el síntoma de un sistema que ha perdido su brújula moral. El Ministerio puede ganar una batalla administrativa, pero si pierde el compromiso de sus profesionales, la victoria será pírrica.
Los sindicatos médicos corporativos han utilizado un malestar real para defender posiciones que buscan blindar un estatuto propio y la dedicación público-privada, con el apoyo del sector privado, determinados medios y partidos conservadores, y recurriendo en ocasiones a información falsa. Sin embargo, estas movilizaciones no han alcanzado la magnitud suficiente para desestabilizar el sistema.
Por su parte, los sindicatos de clase tienen el reto de mejorar las condiciones laborales de todo el personal sin caer en una lógica meramente defensiva. La fortaleza del SNS no reside en una profesión aislada, sino en la solidez del equipo y del sistema público en su conjunto.
La salida no pasa por estatutos identitarios ni por acuerdos de escaparate. Pasa por asumir que el sistema sanitario debe adaptarse a una nueva realidad profesional, volver a lo concreto y sentarse a resolver problemas reales con quienes tienen capacidad real para hacerlo: Ministerio y comunidades autónomas. Todo lo demás es prolongar un conflicto que el país no puede permitirse cronificar.