En enero del 1996, hace treinta ahora años en este mes, cuando el cambio climático todavía no ocupaba portadas diarias y la palabra “transición energética” no había colonizado el discurso político, el Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad un dictamen sobre energías renovables, ahorro y eficiencia energética. No fue un gesto retórico ni una declaración simbólica, fue un documento sorprendentemente ambicioso, técnicamente informado y políticamente lúcido, que anticipó con décadas de adelanto los debates que hoy atraviesan a Europa y al mundo.
Releer hoy aquel dictamen no es un ejercicio de arqueología institucional, sino una invitación a pensar el presente. Porque el mundo de 2026 vive inmerso en una crisis energética estructural, marcada por la combinación explosiva de tres factores, el agotamiento relativo del petróleo barato, la inestabilidad geopolítica de los combustibles fósiles y la urgencia climática. En ese contexto, el texto andaluz de los años noventa aparece como un esbozo temprano de un cambio de régimen energético, el tránsito desde un sistema fósil, centralizado y extractivo, un régimen literalmente “carnívoro”, hacia otro renovable, electrificado y distribuido.
El régimen fósil, energía carnívora y orden geopolítico
Durante más de un siglo, el desarrollo económico global ha descansado sobre un régimen energético muy preciso, petróleo, carbón y gas natural. No se trata solo de fuentes de energía, sino de una forma de organización del poder. El petróleo es una energía “carnívora” en un doble sentido, se alimenta de la extracción intensiva de recursos finitos y devora territorios, ecosistemas y equilibrios sociales. Además, concentra el control energético en pocas manos, Estados productores, grandes compañías, infraestructuras gigantescas y rutas estratégicas militarizadas.
Este régimen ha definido la geopolítica contemporánea, Oriente Medio, Rusia, el Golfo de Guinea, Venezuela. Las guerras, las sanciones, los golpes de Estado y las dependencias energéticas no son anomalías del sistema fósil, sino su funcionamiento normal. La reciente crisis energética europea tras la guerra de Ucrania lo ha demostrado con crudeza, basta interrumpir un gasoducto para poner en jaque economías enteras.
El dictamen andaluz entendió algo esencial, la cuestión energética no es solo técnica, sino política y social. Por eso insiste en reconocer los “costes externos” de la energía fósil, ambientales, sanitarios y climáticos, que durante décadas fueron invisibilizados en los precios de mercado. Hoy, cuando hablamos de inflación energética, pobreza energética o justicia climática, estamos usando un lenguaje que aquel texto ya intuía.
Energías renovables, de alternativa marginal a eje del sistema
En los años noventa, las energías renovables eran consideradas complementarias, casi experimentales. El dictamen rompe con esa lógica y las presenta como pilar estratégico del futuro energético andaluz. Solar, eólica, biomasa e hidráulica no aparecen como nichos tecnológicos, sino como la base de un nuevo modelo de desarrollo. Esa intuición se ha confirmado plenamente. En la actualidad, la energía solar y eólica son ya las fuentes más baratas de nueva generación eléctrica en buena parte del mundo. China, Estados Unidos y la Unión Europea compiten por dominar las cadenas de valor del nuevo sistema energético, paneles, baterías, redes inteligentes y electrificación del transporte y de la industria.
Sin embargo, el cambio no es automático ni neutro. El dictamen lo deja claro al insistir en la planificación pública, la coordinación administrativa y la participación social. Hoy sabemos que una transición energética sin planificación puede reproducir desigualdades, generar nuevos extractivismos, litio, tierras raras, y provocar conflictos territoriales. El texto andaluz propone, sin usar el término, una transición justa, en la que la energía renovable no sea solo limpia, sino socialmente inclusiva.
Ahorro y eficiencia, la energía que no se consume
Uno de los aspectos más modernos del dictamen es su énfasis en el ahorro y la eficiencia energética. Frente a la obsesión productivista por generar más energía, el documento introduce una idea clave, la energía más limpia es la que no se necesita producir.
Esta lógica es hoy central en las políticas climáticas. La electrificación masiva, vehículos eléctricos, bombas de calor, industria electrificada, solo es viable si se reduce el consumo total mediante eficiencia, aislamiento térmico, gestión de la demanda y cambios culturales. De lo contrario, la transición corre el riesgo de convertirse en una simple sustitución tecnológica sin reducción real de impactos.
El dictamen habla de auditorías energéticas, gestión de la demanda y criterios bioclimáticos en urbanismo y edificación. En 1995, esto era casi ciencia ficción institucional. Hoy es el núcleo de las directivas europeas y de los planes nacionales de energía y clima. La diferencia es que entonces se planteaba como una política de largo plazo, no como una respuesta de emergencia.
Electrificación y descentralización, el nuevo paradigma
El paso de un sistema fósil a uno renovable implica un cambio profundo, del combustible al electrón. El petróleo no se electrifica, se quema. Las renovables, en cambio, producen electricidad directamente. Esto transforma todo, redes, mercados, hábitos y escalas.
El dictamen andaluz apunta ya hacia un sistema más descentralizado, con participación de corporaciones locales, edificios públicos, viviendas y ciudadanía. Hoy hablamos de autoconsumo, comunidades energéticas, prosumidores y redes inteligentes. Todas estas ideas estaban, en germen, en aquel texto.
Este cambio tiene una dimensión política fundamental, democratiza el acceso a la energía. Mientras el petróleo exige grandes infraestructuras y capital concentrado, la energía solar puede instalarse en un tejado. Esto no elimina el conflicto, las grandes empresas siguen jugando un papel central, pero abre espacios nuevos de soberanía energética local.
Andalucía en el mundo, periferia fósil o vanguardia renovable
El dictamen también sitúa a Andalucía en un marco internacional. La presenta como puente entre Europa, Iberoamérica y el Mediterráneo, capaz de exportar conocimiento, tecnología y modelos energéticos sostenibles. Esta visión cobra hoy una relevancia estratégica enorme. En un mundo que avanza, no sin resistencias, hacia la descarbonización, los territorios con alto potencial renovable pueden quedar atrapados en dos destinos opuestos, convertirse en nuevas periferias extractivas, productoras de energía barata para otros, o en polos de desarrollo tecnológico y social. La diferencia la marca la política.
El texto de 1995 apuesta claramente por la segunda opción, investigación, industria propia, empleo local y formación profesional y universitaria. Frente al petróleo carnívoro, que extrae valor y lo exporta, la energía renovable puede enraizar el desarrollo si se gestiona con inteligencia pública.
Un mensaje para el presente
Treinta años después, el dictamen del Parlamento andaluz sigue interpelándonos. No porque todo lo que propuso se haya cumplido, claramente no, aunque con el actual gobierno de Pedro Sánchez se ha dado un salto de escala impórtate, sino porque plantea las preguntas correctas. ¿Quién controla la energía?, ¿para qué se produce?, ¿a qué coste social y ambiental?, ¿qué modelo de vida sostiene?
La transición energética no es solo una sustitución de fuentes. Es un cambio de régimen histórico, comparable al paso del carbón al petróleo o de la tracción animal a la industrial. Implica redefinir relaciones de poder, patrones de consumo y horizontes de bienestar. El dictamen lo entendió cuando todavía no era evidente.
Hoy, frente a la tentación de soluciones rápidas, tecnocráticas o puramente de mercado, conviene recuperar esa mirada larga. Pasar del petróleo carnívoro a un sistema renovable electrificado no es solo una necesidad climática, es una oportunidad política para construir sociedades más justas, resilientes y democráticas. Andalucía, como ya intuía su Parlamento en 1995, tiene mucho que decir en ese camino.