Pacto de la vergüenza
Pacto de la vergüenza

Por sorprendente que parezca, doce diputados ultraderechistas están determinando la línea ideológica del nuevo gobierno tripartito en Andalucía. Doce diputados de los cuales ocho han solicitado compatibilizar su empleo como parlamentarios con la actividad privada. Debe entenderse entonces que el lanzamiento de exabruptos será la única tarea que realicen por Andalucía en estos cuatro largos años que nos esperan. Doce diputados ultraderechistas liderados por un juez con posicionamientos insólitos a la vez que indignos en un estado social y democrático de derecho.

Lo que no es tan sorprendente es el seguidismo de los medios de comunicación reaccionarios, tal y como pudimos comprobar tras escuchar las palabras vertidas por la periodista de ABC María Jesús Pereira en la tertulia ‘Buenos Días Andalucía’ de Canal Sur TV sobre la profesión de Trabajo Social. Unas declaraciones que venían a decir que la profesión del trabajo social no está homologada, que casi ni es una profesión. Todo esto al hilo de la petición por parte de VOX de los datos de colegiación a las compañeras que trabajan con mujeres víctimas de violencia machista.

Afortunadamente la ciudadanía (a la que la señora Pereira parece tomar por ignorante) sabe muy bien que el trabajo social es una profesión reconocida, reglada y referente en el sistema público de servicios sociales, tal y como explicita el artículo 31 de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. También lo sabe el actual presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, pues fue secretario de Estado de Servicios Sociales durante el primer mandato de Mariano Rajoy y además votó a favor de la ley de servicios sociales anteriormente mencionada, por lo tanto no merece la pena perder un solo minuto en defender la profesionalidad del trabajo social.

Lo preocupante de todo esto es que el ataque por parte de sectores neoliberales y reaccionarios a determinadas profesiones no es nuevo y tiene una clara intencionalidad: disciplinar a las personas profesionales que no se doblegan al mandato del aparato político o cuya misión confronta con sus valores heteropatriarcales, clasistas, racistas y ultracatólicos. Entre otros, sucedió con los bomberos que se negaban a colaborar para ejecutar desahucios, está pasando con Salvamento Marítimo y como era de esperar también nos ha tocado a nosotras. La diferencia es el modo: a las profesiones masculinizadas como los bomberos se les criminaliza, a profesiones feminizadas como la del trabajo social basta con ningunearlas (a fin de cuentas es lo que el patriarcado hace con las mujeres). En cambio, las profesiones que tienen el encargo de suprimir desórdenes y ejercer la violencia del estado son idealizadas en el ejercicio de sus funciones y homenajeadas hasta la náusea. Me refiero a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la firme creencia de que en sus filas habrá profesionales de todo tipo y condición.

La periodista de ABC, en un ejercicio propagandístico sonrojante, ha tratado de legitimar las consignas de la ultraderecha con evidente torpeza, pero en realidad ha hecho un favor a la profesión del trabajo social: Darnos un toque de atención y recordarnos que, tal y como reza nuestra definición internacional, los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Las mujeres víctimas de violencia machista siempre tendrán en nosotras el apoyo que necesitan. Es una cuestión de justicia, la misma justicia, por cierto, que promulga el artículo 1 de la Constitución Española.

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