A Susana Díaz le deben ir muy mal las cosas en las encuestas. Eso o es que le ha terminado de perder el respeto por completo a los andaluces. Hay algo peor que perderle el respeto a los ciudadanos y tratarlos como si fueran imbéciles, ofertando sus derechos en un mercadillo del todo a cien de las campañas electorales, y es insultarlos, reírse en su cara y salir a lo Robin Hood sólo unos meses después de haber aumentado el impuesto a la banca que los bancos, gracias a los cataplines supremos de los jueces, no devolverán los 5.000 millones de euros a la gente estafada.
Hay algo mucho peor que todo esto y es no tener proyecto para Andalucía, una tierra de 8,5 millones de habitantes que no necesita ocurrencias dependiendo de cómo vayan los trackings electorales del PSOE o la agenda informativa. El gran problema de Susana Díaz es que piensa que puede hablar de gratuidad mientras su pacto con Ciudadanos ha vaciado la Hacienda Pública o no le exige a Pedro Sánchez los 4.000 millones de euros anuales que necesitamos los andaluces para pagar nuestra sanidad, educación o servicios sociales.
Susana Díaz lleva años comportándose como si fuera una vendedora una hora antes de cerrar el puesto. “Venga, niñas, que vendo la pila y regalo el reloj”, viene a decirle la presidenta andaluza a la ciudadanía para pedirle el voto. El gran pecado mortal de la vieja socialdemocracia, y de ahí su absoluto fracaso, es que sigue obsesionada con que la redistribución de la riqueza debe hacerse vía consumo, aunque se ha probado fallida a todas luces.
Hay que redistribuir en origen, desde la producción de los bienes y servicios, a través de la fiscalidad y no asumiendo el Estado el coste de la desigualdad que crean quienes más tienen o más ganan.
Hay que modificar las leyes laborales, crear un modelo productivo que no compita por los bajos salarios sino por la investigación y el desarrollo y meterle mano al fraude fiscal y a los bancos, que es donde está el dinero y los 60.000 millones de euros del rescate que no han devuelto ni tienen pensado devolver a las víctimas de la crisis a las que les han robados de sus bolsillos el dinero para dárselo directamente a los bancos.
Una candidata a presidir la Junta que tuviera un proyecto socialdemócrata, y no una amalgama de ocurrencias, prometería la creación de una banca pública para que las pequeñas y medianas empresas andaluzas tuvieran crédito con el que financiar un modelo productivo que nos permita algo más que ser las kellys y los camareros de los ricos alemanes e ingleses.
Una candidata con un modelo socialdemócrata diría en campaña que no le dará ni un solo euro de ayudas públicas a aquellas empresas que exploten laboralmente a sus trabajadores, como ocurre clamorosamente con las camareras de piso en la industria turística andaluza.
Una candidata socialdemócrata diría que abriría un proceso para desprivatizar servicios como la limpieza de colegios, institutos, hospitales y centros de salud; la ayuda a domicilio de la ley de la dependencia o a las monitoras de comedores escolares o personal de apoyo a la diversidad en las aulas de la escuela pública.
Mujeres todas, por cierto, con salarios de miseria que cobran la mitad del dinero que la Junta le da a las empresas privadas para la gestión del servicio público. La otra mitad se va a parar al cajón de los beneficios de las empresas que se hacen de oro mientras las trabajadoras tienen salarios de 500, 600 y 700 euros al mes.
Susana Díaz amenaza con una campaña electoral populista de anuncios de mercadillo en una tierra donde el 60% de la ciudadanía cobra menos de 1.000 euros y un 40% duerme cada noche en el umbral de la pobreza. No le vendría mal un poco de rigor y más respeto por unos ciudadanos que están hartos de que sus derechos se conviertan en una tómbola en campaña electoral.
A los escolares de 3 a 6 años les vendría mejor que sus madres tuvieran trabajos dignos y salarios decentes antes que anuncios de caridad que no cambiarán nada la estructura de la desigualdad que asola a esta bendita tierra, que la presidenta pusiera en marcha una renta de inserción que aprobó pero que tiene administrativamente bloqueada o que deje de abrirle las puertas de los servicios públicos a multimillonarios como Florentino Pérez que gestionan la mitad de la administración andaluza mientras sus trabajadoras son pobres de solemnidad.