Una relación "patente" y "grosera"

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Paco Sánchez Múgica

Periodista, licenciado en Comunicación por la Universidad de Sevilla, máster de Urbanismo en el IPE. Antes en Grupo Joly (2004-2012), Desde 2014 soy socio fundador y director de lavozdelsur.es. Miembro de número de la Cátedra de Flamencología; colaboro en Guía Repsol; y coordino la comunicación de la Asociación de Festivales Flamencos. Socio de la Federación Española de Periodistas (FAPE).

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El 30 de mayo de 2011, unos días después de vencer con amplia mayoría absoluta en las elecciones municipales, María José García-Pelayo proclamaba: “Venimos diciendo en todo este tiempo que estábamos seguros de que no había ilegalidad alguna y que todo se había hecho con transparencia”. “No ha sido ninguna sorpresa”, agregaba al conocerse que el difunto juez Pedreira archivaba una denuncia presentada a principios de 2009 por su antecesora entonces en el cargo, Pilar Sánchez, por presuntas contrataciones ilegales del Ayuntamiento con empresas de la trama Gürtel con motivo de Fitur 2004, cuando la líder del PP era alcaldesa en virtud de un pacto con Pedro Pacheco.

Cuatro años después de aquello, días después de perder esa mayoría absoluta, el juez titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, José de la Mata, era determinante: Pelayo no solo está implicada en el amaño de contratos con la red de Correa, sino que su participación fue “patente” y “grosera”. Asumía las tesis de la Policía Judicial (UDEF), de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), y del juez Ruz, que se encargó algo más de un año antes de reabrir la causa que Pedreira archivó fundamentalmente por escapar de su jurisdicción. El juez de la Audiencia citó a declarar como imputados a las siete personas a las que podía hacerlo, incluidos los cabecillas de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo, y al intermediario, Isidro Cuberos, ex jefe de prensa de Javier Arenas –que junto a Antonio Sanz propició el pacto en 2003 con Pacheco- y que ha reconocido ante el juez sentirse orgulloso del trabajo que desempeñó para el Ayuntamiento y las sociedades de la trama corrupta.

Pelayo y su partido en la ciudad, que desde el minuto 1 calificaron este tema de “montaje” del PSOE, han intentando desde hace seis años y medio restar importancia a este asunto. Primero, celebrando que había quedado en nada; luego, restándole trascendencia a la reapertura del mismo –“es una investigación que no implica a nadie del Ayuntamiento de Jerez”-; más tarde, culpando a la “mala suerte”; hace unos meses, aludiendo a la supuesta prescripción de los delitos -que hoy ha vuelto a ser desestimada por el Supremo-; y por último, ansiosos por aclarar todo lo aclarable. Es evidente que si realmente Pelayo hubiese querido aclarar todo cuanto antes habría renunciado a ser senadora, y por ende a su aforamiento.

El PP local se emperra en restar gravedad al asunto, ahora con la causa abierta por el Supremo, cuando lo que tiene que cuestionarse es la idoneidad de que Pelayo siga en sus cargos.

De haber sido así, De la Mata la habría interrogado como imputada como al resto de encausados en la instrucción. Una declaración que se había producido semanas antes de la reválida electoral que afrontó en mayo pasado. En aquel momento, Pelayo no solo no quería aclarar nada sino que culpó sistemáticamente a los técnicos municipales mientras se negaba a hacer público el expediente completo de las contrataciones para Fitur 2004, pese a que se comprometió a ello en un pleno extraordinario celebrado un año antes. Por cierto, Mamen Sánchez, actual alcaldesa, anunció que lo colgaría íntegro en la web municipal pero tampoco lo ha hecho hasta el momento. Lejos de esa voluntariedad por “aclararlo todo cuanto antes”, en los minutos finales de la legislatura en las Cortes, ha conseguido que su partido la incluya como miembro de la sesión permanente del Senado para seguir preservando ese estatus privilegiado ante la Justicia.

El Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que aprobó en marzo pasado el Consejo de Ministros, introdujo una modificación del término judicial 'imputado' para pasar a denominarse 'investigado' en una primera fase y 'encausado' si se mantiene la acusación a medida que avanza la instrucción. Más allá de la terminología jurídica, lo cierto es que De la Mata habla en su exposición razonada al Supremo de implicación “grosera” y “patente” de Pelayo en la pieza jerezana de la Gürtel, y la Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal entiende que "la trascendencia de los indicios" que existen sirven para implicarla directamente en la pieza separada 'Ayuntamiento de Jerez' de la trama Gürtel. El PP local, una vez el Tribunal Supremo ha abierto mediante un auto causa contra la senadora por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental, se emperra ahora en negar la imputación de su líder, cuando lo que debería es anunciar, siguiendo con el código ético del partido, la renuncia de Pelayo a seguir en sus cargos –senadora y concejal-.

Pelayo aspira a repetir como candidata al Senado en las próximas generales. La cúpula popular decidirá ahora en juicio sumarísimo si finiquita su carrera política.

“Cualquier persona del PP que quiera ser candidato en las próximas elecciones municipales y autonómicas, que pueda estar incurso en algún asunto de corrupción, no va a ser candidato del PP”, dijo Carlos Floriano en noviembre de 2014. Para Rajoy, en marzo de este año, "el gran problema que tiene la imputación y hacer que una persona no pueda presentarse a las elecciones, es que se está haciendo un juicio antes de que proceda". "Todos los casos son distintos, en cada caso concreto habrá que tomar una decisión concreta", matizó.

Pelayo, que aspiraba a repetir como candidata al Senado en la lista provincial de su partido, tiene ante sí un negro nubarrón para prolongar su actividad política tras el fracaso de tener que abandonar la Alcaldía en mayo pasado. Será la cúpula del partido la que deba finalmente hacer juicio sumarísimo a su senadora y concejal en el Ayuntamiento de Jerez. Por cierto, nadie ha dicho en ningún caso que la exalcaldesa se lucrara con las contrataciones -otra excusa que siguen esgrimiendo los populares-, sino que lo que se pone en cuestión es que su actuación como máxima responsable municipal fue supuestamente irregular a sabiendas para beneficiar a terceros. Terceros que forman parte de la mayor trama de corrupción político-empresarial de la historia española.

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