Al igual que hace poco rogaba el ultracatólico ministro del PP Jorge Fernández Díaz para que Santa Teresa interceda en estos "tiempos recios para nuestra patria" (¿a qué les suena ese tonillo?), anda el gobierno local popular encomendándose al Apóstol Santiago para encarar con más probabilidades esos procelosos caminos hasta los procesos electorales de mayo de este año y del que viene. Pero como los caminos son inescrutables, más vale besar al Santo y confiar en que cambie su suerte, hundidos por el alarmante paro, la emergencia social de miles de familias, los recortes en servicios esenciales y sus propias reformas puramente ideológicas, amén de sus propias torpezas y carencias.
Y por aquello de que a ver si cambia la suerte, allá que representantes del gobierno del PP se fueron ayer hasta la segunda Catedral jerezana, según coinciden los expertos en considerarla, para cortar la simbólica cinta de la reanudación de las obras de consolidación del emblemático templo de Santiago nueve años después de su clausura. Un empujoncito final que a priori piensa dar el Obispado a tocateja después de invertir la Junta de Andalucía en los últimos años casi 2,5 millones en la rehabilitación. De acuerdo que el patrimonio histórico debe ser considerado patrimonio de todos y que, por tanto, la inversión pública está sobradamente justificada. ¿Pero no tendría que haber hecho el titular del inmueble, la Iglesia, mayores esfuerzos por conservar y preservar de su bolsillo el continente y el contenido de la finca como haría todo hijo de vecino, más si cabe teniendo en cuenta que este vecino ni siquiera paga IBI?
El PP en Jerez, como la Santa, prácticamente vive sin vivir en él. Lo mismo si se le pregunta cómo ha logrado liarla tanto con el Decreto contra la Exclusión Social que puso en marcha el gobierno autonómico hasta dejar en franca indefensión a 433 supuestos beneficiarios del programa; lo mismo si se le pregunta por qué una empresa murciana se beneficiará de una inversión que bien podría dar trabajo a algunos de los miles de parados jerezanos (hay casi 36.000). El quid de la cuestión, centrándonos en este segundo asunto, no está en que venga una empresa foránea a hacerse con la adjudicación (que entre otras cosas ha licitado Tragsa), pues eso sería como sostener esa frase de ciertos sectores radicales y de la ultraderecha de que los "inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo". Es totalmente lícito, faltaría más, que todas las empresas puedan competir entre ellas sin fronteras ni localismos (y menos dentro del territorio europeo) por hacerse con los concursos públicos.
El problema reside cuando la máxima autoridad municipal, en este caso la alcaldesa, aseguraba que estos 5,3 millones de inversión que hay que devolver a la empresa ligada al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente generarán empleo y riqueza para las empresas de la zona. En esa creación de falsas expectativas, justo ahí, ahí es cuando hay que volver a insistir en la inconsciencia en muchas ocasiones del lenguaje político y en la necesidad de que Santa Teresa, para el creyente, ponga orden y cordura. Y si no, sentido común. Más si cabe, parafraseando al ministro, "en estos tiempos recios".
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