El 'megaconcierto’ por 533 millones de euros que ha firmado el SAS con 38 clínicas privadas supone toda una declaración de intenciones a medio plazo –el acuerdo es por cuatro años (2+2)– sobre su política sanitaria, que lejos de acercarse al modelo público que le reclaman mayoritariamente los sindicatos va a seguir siendo público-privado de no haber –no se espera– un descalabro electoral del PP.
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha dado el visto bueno, por lo que el acuerdo está pendiente de los últimos pasos burocráticos para entrar en funcionamiento, probablemente ya el próximo mes de septiembre. La Junta pretende con este concierto aliviar las listas de espera, sobre todo en lo que se refiere a intervenciones quirúrgicas, pero claro, lo hace confiando dicha tarea a empresas privadas, en lugar de potenciar sus propios recursos, tal y como demandan la mayoría de los profesionales del sector, buena parte de la ciudadanía y todas las formaciones políticas de izquierda.
Más allá de lo que supone un concierto de esta envergadura, el PP lanza un mensaje muy potente: pese a que el propio presidente, Juanma Moreno, ha conocido en distintas ocasiones que la sanidad en Andalucía es mejorable y, en clave política, posiblemente estime que es –que podría ser– su talón de Aquiles electoral, no hay ninguna intención de dar un golpe de timón e ir hacia un cambio de modelo que deje fuera a la sanidad privada o, al menos, minimice su papel. Todo lo contrario, este modelo ‘mixto’ no reconocido tiene cuerda para rato.
UGT y CSIF han expresado abiertamente su oposición a este ‘megaconcierto’, sobre el que, por ahora, no se ha expresado el PSOE, que lo tiene complicado. Probablemente estén a la espera de lo que diga su candidata a las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero. Obviamente se opondrá, pero tendrá que hilar muy fino, porque su partido fue el que implantó este modelo durante su etapa en la Junta y ella misma, desde la Consejería de Hacienda libraba los ‘cheques’…