¿Dónde está el Estado? Es la pregunta que, sin duda, se ha hecho buena parte de la ciudadanía al ver más de diez narcolanchas 'estacionadas' (no se puede utilizar otra palabra) frente a las playas de Manilva, que tuvo que ser el propio alcalde de la localidad malagueña el que avisara a la Guardia Civil de la imagen –en todos los sentidos– que se estaba produciendo y de la que estaban siendo testigos también los miles de turistas que en Semana Santa llenan la Costa del Sol.
Pero es que esa es también la pregunta que cualquiera se puede hacer leyendo la información de Vozpópuli en la que se recoge que el 60% de las embarcaciones comprometidas en la lucha contra el narcotráfico sigue fuera de servicio, casi 50 días después del asesinato de los dos agentes de la Guardia Civil que plantaron cara a las narcolanchas en una simple zodiac (y dos semanas del accidente de tráfico en un control antidrogas en la autopista que costó la vida a otros dos).
¿Y la exhibición amenazadora de narcos blandiendo machetes en las redes sociales, una advertencia directa a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado?
Barbate, La Línea... incluso Sanlúcar, la gran mayoría de sus habitantes, son, sin duda, también víctimas de una situación que se ha dejado pudrir y que, claro está, necesita soluciones de política integral (sociales, económicas) y no solo policiales. Y corresponde al Estado implementarlas. No es cosa solo del Ministerio de Interior o de la Guardia Civil. La sensación de debilidad que se está dando es palmaria, no se trata solo de las acusaciones –por otro lado, legítimas– de los familiares de los guardias civiles fallecidos y heridos en el cumplimiento de su deber. Lo cierto es que entre la falta de medios y decisiones internas cuestionables (la disolución de la OCON-Sur), el Estado ha perdido por completo la iniciativa y va siempre por detrás de los acontecimientos en todo lo que ocurre en el Estrecho. Y todo el mundo lo está viendo.
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