María José García-Pelayo va a tener que esforzarse mucho más en ofrecer explicaciones más sólidas que justifiquen las presuntas adjudicaciones que aprobó en su anterior etapa como alcaldesa de Jerez, entre 2003 y 2005, a empresas de la red Gürtel. Sus reacciones desde que se conoció el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la posterior reapertura de la pieza separada ‘Ayuntamiento de Jerez’ por parte del juez instructor de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, han atravesado esas etapas por las que pasa un paciente al que le diagnostican una dolencia mortal: negación y aislamiento; ira; pacto; depresión y aceptación. Entretanto, se ha admitido a trámite un escrito-denuncia firmado por técnicos municipales anónimos y han aparecido sorprendentes archivos del Ayuntamiento cuyos metadatos evidencian una cuando menos sospechosa confección a posteriori del expediente de adjudicación entre las partes contratantes. Casi un mes después de finalizada la feria de turismo Fitur 2004.
Si en un primer momento la reacción de la primera edil ‘popular’ fue llegar a decir que el informe de la UDEF solo hablaba de personas ajenas al Consistorio jerezano (pese a que la Policía Judicial habla en su informe directamente de la vinculación de ésta junto con la del por aquel entonces teniente de alcalde del PP, el ahora vicepresidente segundo de Diputación, Bernardo Villar), semanas después se dedicó a lo que coloquialmente se conoce como poner el ventilador. A ser posible, de la forma más chusca y colérica posible. Su 'dos' en el partido en la ciudad, Lidia Menacho, llegó a lanzar exabruptos del tipo “Susana Díaz se tiene que lavar la boca antes de hablar de García-Pelayo” para salvar el tipo de su jefa. Sin éxito.
Montó un teatrillo en forma de pleno extraordinario semimonográfico (pues también llevó al mismo, para compensar, algunas de las corruptelas que tiene pendientes el PSOE en Andalucía) y allí trató de pactar con la opinión pública su propia pantomima ante los grupos de la oposición, asegurando a viva voz que se cortaba las manos antes de haberse enriquecido gracias a la Gürtel. Incluso ofreció explicaciones tan banales como que esta trama, probablemente el mayor caso de corrupción de la historia democrática de este país, se basaba simplemente en que políticos recibían regalos y prebendas de una serie de empresarios que se beneficiaban con adjudicaciones ilícitas de las administraciones públicas. Prometió que cualquier ciudadano podría consultar el expediente completo para comprobar cómo efectivamente todo se tramitó de forma impoluta. Ocho meses después sigue sin hacer pública la documentación.
Sin entender que hace ya mucho que esto dejó de ser una ‘macrocausa’ judicial contra el PP para pasar a ser una trama del PP, pues de hecho el juez Ruz acredita en su último auto que el partido de la gaviota se benefició presuntamente de los fondos delictivos de la Gürtel, las fases de depresión y aceptación han llegado cuando la excusa que esgrime ahora Pelayo para exculparse se basa en la pura mala suerte. Quién iba a saber hace diez años que Pablo Crespo e Isidro Cuberos (mano derecha de Javier Arenas y que fuentes de toda solvencia aseguran que manejaba a su antojo en aquella época el IPDC) estaban detrás de un tinglado presuntamente delictivo de dimensiones inimaginables. ¿Cómo iba a saberlo la máxima responsable del Ayuntamiento, a la que apremiaban para que sacara adelante el expediente, a la que vendían las bondades para la ciudad de aquella campaña de promoción mastondóntica llamada Esencia, Vivencia, Venencia? Como ya publicó en su día en la prensa local el periodista Carlos Piedras, todo indica que García-Pelayo hizo una consulta en el partido sobre lo que quería y le remitieron a Cuberos en materia de comunicación y a las otras dos empresas para la organización e infraestructura. Pero claro, ella qué iba a saber.
Y eso que podría pensarse que Pelayo parece saber hacerse muy bien la ingenua. Es lo que tiene llevar tanto en política, que cada vez se disimula peor. Lo volvía a recalcar hace unos días en La Brújula de Onda Cero, en una entrevista blanca que ha costado al contribuyente jerezano 21.700 euros gracias al patrocinio del Ayuntamiento. "Tramitamos el expediente con los informes correspondientes y todo eso, y luego lo más importante de todo: La trama Gürtel, ¿qué es? Pues que tú recibes algo a cambio de firmar el contrato y yo les puedo asegurar, y además me conocen bien, que no solamente no hemos recibido nada sino que se limitó la acción a ese contrato que fue la organización de Fitur del año 2004″, subrayaba segura de sí misma frente al micrófono de la emisora radiofónica.
Incluso en esa fase depresiva, de pavor ante lo que se avecina si se confirmara su imputación (proceso que no será ágil dada su condición de aforada) a medio año de las municipales, recalca una y otra vez, no ya que todo se hizo dentro de la más absoluta legalidad -que se supone que también-, sino que no se llevó nada a su bolsillo. Olvida esta abogada jerezana, que por motivos de una carrera política que cumple dos décadas apenas ha ejercido su profesión, que supuestos delitos como la malversación, la falsedad documental o la prevaricación -está por ver qué se imputaría en este caso- no significan necesariamente que la persona que supuestamente ha colaborado para su ejecución se haya lucrado personalmente. Para entenderlo mejor, que seguro que lo entiende, no tiene que irse muy lejos: Pedro Pacheco, su socio de gobierno en aquella etapa que investiga Ruz, lleva más de un mes en Puerto III por dos contrataciones ilegales efectuadas en 2005, y Pilar Sánchez ha sido condenada en primera instancia por desviar dinero de fondos finalistas a pagar gasto corriente en la anterior legislatura. Como diría un conocido político provincial, estas cosas no son cómo empiezan...
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