Está costando alumbrar la investidura de Pedro Sánchez. En política, sobre todo hablando de acuerdos –aunque se parta con mucho tiempo por delante– es una costumbre cerrar todo sobre la bocina. Hay mucho póker. En realidad, cabría decir que lo que está costando sacar adelante es la amnistía, porque otros temas se han resuelto sin mayor dificultad... con mucha facilidad, incluso, a tenor de lo trascendido.
PSOE y Junts llevan varios días enzarzados en lo que las dos partes coinciden en llamar "cuestiones técnicas", pero que, en realidad, no lo son tanto. Lo que Junts llama "no dejar a nadie atrás" se contempla por parte de los negociadores socialistas como un asunto de muy difícil digestión, ya que se trataría de extender la amnistía a temas que poco, o directamente nada, tienen que ver con el referéndum ilegal y los hechos anteriores y posteriores.
Pase lo que pase, como mucho puede que esta semana salgan fechas para la investidura, si la ley de amnistía se cierra y se registra ya en la mesa del congreso, lo que facilitaría que la semana que viene pudiera plantearse la ceremonia de investidura como tal. De hecho, el PSOE, consciente de que en el tema de la amnistía tiene que hacer auténticos equilibrios para atender dos sensibilidades distintas, como son la de Junts y la de ERC, se ha planteado registrar en solitario –al menos ha amenazado con hacerlo– el proyecto de ley. El PSOE teme que, igual que su acuerdo que ya alcanzó con ERC no le ha parecido suficiente a Junts, el acuerdo que está negociando con Junts no sea del agrado de ERC... y vuelta a empezar, además con un rechazo creciente del tema entre la opinión pública.
En este sentido, hay que hablar del inicio de la campaña de protesta ante las sedes del PSOE, campaña de la que no se responsabiliza el PP y que el lunes por la noche se cerró con incidentes en Ferraz. Con todo, este tipo de protestas podrían entrar dentro de lo previsible por parte de los socialistas, pero seguro que, en absoluto, estaba en sus cálculos la convocatoria de cinco días de huelga en Renfe y Adif en protesta por el traspaso parcial de Rodalies (Cercanías) a la Generalitat catalana. A los sindicatos, incluidos CCOO y UGT, no les ha gustado nada el posible desmembramiento de la empresa, la plantilla y su patrimonio en Cataluña.
Es cierto que, en política, los acuerdos se dejan para el final, pero no es menos cierto que el tiempo también lleva a que crezcan los problemas y aparezcan algunos nuevos.
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