En los dos últimos años, las agresiones a sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han ido en aumento hasta recuperar los niveles previos a la pandemia. En 2022, último año cerrado, claro, se produjeron un total de 1.500 agresiones de todo tipo (de las que 159 fueron físicas), lo que significa un incremento del 22% respecto al año anterior.
Con estos datos en la mano, desde distintos ámbitos, tanto de los propios afectados como sindicales e incluso políticos, se comenzó a pedir al SAS una respuesta para frenar este alarmante repunte. Mayor seguridad en los centros de salud y hospitales, implementación de medidas preventivas... Pero la propuesta de querer imponer multas desde el propio SAS a quienes agredan a sanitarios ha cogido a todo el mundo con el pie cambiado, en primer lugar por la sorpresa y, en segundo, por la evidente dificultad que supone la medida que se quiere poner en vigor y que, por descontado, estaría al margen de las acciones judiciales pertinentes en el caso de que se produzca una agresión, acciones a las que, desde luego, no se renuncia.
Esta medida estaría íntimamente ligada a la entrada en vigor de la nueva Ley de Función Pública de Andalucía, que recuperara para los sanitarios y el personal de gestión y servicios el concepto de autoridad pública, un refuerzo muy importante desde cualquier punto de vista para posibles agredidos, un concepto reforzado al que también aspiran los profesores. Ahora bien, la introducción, de posibles sanciones desde el SAS, por mucho que se advierta de entrada que el método sería 'garantista', no parece fácil. ¿Cuál sería el ente sancionador? ¿Cómo y quién fija la tabla sancionadora? ¿Se atendería a unos criterios pormenorizados al detalle? ¿Cómo se llevaría a cabo el cobro de las multas? ¿Qué consecuencias acarrearía el impago? ¿Qué ocurre si la 'paralela' vía judicial no da la razón al SAS, cabría la posibilidad contraria, es decir, que el presunto infractor no condenado por la justicia pudiera solicitar algún tipo de indemnización por daños y perjuicios al mismo SAS?
Es toda una batería de preguntas que surge siquiera sin ahondar en el concepto, su alcance y sus consecuencias. Es evidente que el SAS tiene que hacer más de lo que ha venido haciendo para atajar las agresiones a los sanitarios y resto de personal y es cierto que la introducción del concepto de autoridad vendría a reforzar a dicho personal en caso de una agresión y su consecuente judicialización, pero pensar en las respuestas de algunas de las preguntas esbozadas más arriba se hace muy cuesta arriba...
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